El presidente argentino, Javier Milei, decidió eliminar el capítulo fiscal del proyecto de “Ley Ómnibus”, –su controvertido paquete de reforma del estado-, incluido el impuesto sobre criptomonedas, a fin de agilizar su aprobación evitando debates prolongados en el Congreso de la Nación, sobre asuntos que considera menos críticos.
El conocido proyecto titulado formalmente como «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», tenía inicialmente unos 664 artículos con una variedad de reformas radicales al estado. Sin embargo, tras varias negociaciones políticas con sus opositores para favorecer su aprobación, la ley quedó en 523 artículos.
Este proyecto de ley desde el principio generó un importante rechazo, que posteriormente se convirtió en un gran debate nacional por las ideas de cambio que proponen la eliminación de una serie de controles e injerencias del estado argentino en todos los sectores de la sociedad de ese país.
Estas amplias reformas, abarcan sectores como amnistía de capitales, defensa, formalización laboral, gravamen a las exportaciones, gravamen de activos personales, moratorias fiscales, privatización de empresas estatales, obras públicas, sector energético, sistemas de pensiones, salud mental, educación, leyes ambientales, código civil, código de comercio, justicia, entre otros, y por supuesto la reconfiguración de la administración pública para reducir su tamaño y carga.
Pero, los críticos del presidente argentino justifican su rechazo a la Ley Ómnibus, bajo el argumento que debido a los cambios radicales y el amplio alcance del proyecto de ley, se podría comprometer el marco democrático que ese país ha defendido desde hace cuatro décadas, algo que el gobierno del presidente Milei, ha rechazado categóricamente.
De allí que, este miércoles el oficialismo inició una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la Ley Ómnibus, asegurándose el apoyo de los bloques de Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y de parte de Hacemos Coalición Federal, tras largas e intensas negociaciones y dos reprogramaciones del debate en el Congreso de la Nación.
Tras la última sesión del miércoles por la noche, la misma se reanudó este jueves al mediodía, con la eliminación de las disposiciones que requerían que los contribuyentes declararan la propiedad de los activos no declarados previamente, lo que incluía las criptomonedas.
Guillermo Francos, Ministro del Interior, dijo que se eliminaban esas cláusulas por la necesidad de desarrollo económico rápido y eficiencia legislativa. No obstante, el ministro Francos hizo énfasis en el que el enfoque del gobierno, es lograr consenso en aspectos más aceptables del proyecto de ley para que se aprobara rápido.
De hecho, hace unos días atrás, Luis Caputo, ministro de Economía, había anunciado que se retiraba por completo el capítulo fiscal del proyecto, donde se encontraban los polémicos puntos de las retenciones, las jubilaciones, el blanqueo de capitales, la reversión del Impuesto a las Ganancias y también los impuestos a las criptomonedas, entre otros.
Caputo señaló: “Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que necesitamos urgente. En función de esta situación, decidimos retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases”.
“Como ustedes saben, estas semanas se ha estado debatiendo con los gobernadores, legisladores y fuerzas productivas la Ley de Bases, que cuenta con dos capítulos bien diferenciados: un capítulo de más de 500 artículos que implica un cambio estructural y regulatorio en el país, que va a sentar las bases para que el país realmente pueda desarrollarse y crecer durante los próximos 10 o 20 años”.
En ese aspecto, el ministro señaló que “Hay un capítulo fiscal que habíamos incluido en la ley con el objetivo de llegar a nuestro compromiso que tomamos con la sociedad de equilibrar nuestras cuentas fiscales y llegar al déficit cero”.
Y añadió que “hemos tenido un claro consenso de lo que nosotros creemos que es la parte más importante de la ley que son estos más de 500 artículos que vienen a sentar las bases para el crecimiento y ha habido un cierto disenso, como todos saben, en lo que es el capítulo económico”.
En todo caso, Caputo aclaró que de acuerdo a cálculos del Ministerio de Economía, al quedar retirado el articulado relativo a las retenciones, jubilaciones y ganancias, esto supone un agujero fiscal de 1,3 puntos del PIB. A pesar de ello, aseguró enfáticamente en una conferencia de prensa que “El déficit cero no se negocia”.
Por su parte, Manuel Adorni, portavoz presidencial, reforzó el compromiso del gobierno para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y advirtió que ello implicaría un mayor ajuste en otras partidas.
No obstante, luego del cambio en la Ley Ómnibus, las implicaciones para los poseedores de criptomonedas en Argentina siguen siendo un tema de preocupación y confusión, ya que hasta ahora se sabe que tener criptomonedas o pagar con ellas no está ni estará gravado, pero venderlas para obtener ganancias sí lo estará.
Y es que, los analistas argentinos, señalan que la compra de criptoactivos no generará impuestos, pero en el caso de una venta, el impuesto se aplicará sobre las ganancias obtenidas por dicha venta, aunque hasta la aprobación y promulgación de la Ley Ómnibus no se puede asegurar nada.
Si bien es cierto, que de algún modo los inversores se sienten aliviados por la decisión del gobierno de retirar el capítulo fiscal del proyecto de Ley, que implicaba un aumento de las obligaciones fiscales, todavía no se sabe cómo pudiera compensarse para que el gobierno llegue al prometido “déficit cero” y cómo eso puede afectar en el largo plazo la regulación de las criptomonedas en Argentina.
Dado que el partido oficialista es minoría en el Congreso de la Nación, seguramente el proyecto de Ley Ómnibus, enfrentará resistencia en los parlamentarios de la oposición, más allá que el ejecutivo haya estado tratando de hacer concesiones en algunos temas particulares. La fecha límite del Congreso para aprobar o no la polémica ley del presidente Milei, es el 15 de febrero.
Todo este debate, llega en momentos en que algunos analistas sostienen que el dólar A3500 (mayorista) en Argentina, clave para el comercio exterior, que este 01 de febrero se cotizó sobre los 826,90 pesos, según cifras del Banco Central (BCRA), está destinado a sufrir un aumento del 30% en dos meses.
Básicamente, la depreciación diaria del peso se multiplicaría por 4, lo que ha venido generando incertidumbre entre los inversores y poniendo mayor énfasis en los minoristas en el uso de las stablecoins para resguardarse de la pérdida de valor frente a la continua devaluación del peso argentino.