Artículo cortesía de Sergio Nañez, Profesor Contratado Doctor en Universidad Católica de Ávila. Coordinador Ávila Business School
El pasado 7 de septiembre de 2023 se cumplían dos años de la entrada en vigor en El Salvador de la denominada “Ley Bitcoin”. Previamente tramitada y aprobada el 9 de junio de 2021 por 62 votos a favor y 19 en contra, suponía un hito y un posible punto de inflexión para las finanzas descentralizadas. Un país adoptaba de forma oficial como moneda de curso legal una divisa virtual descentralizada: Bitcoin.
Durante ese tiempo, El Salvador estuvo en boca de buena parte del mundo. Tanto de entusiastas y defensores de las DEFI como de los detractores. Sin duda, el gobierno de El Salvador apostó fuerte con esta decisión.
Se llevó a cabo el desarrollo de Chivo Wallet, una billetera electrónica creada por el Gobierno de El Salvador para realizar pagos en dólares o en Bitcoin y facilitar la operativa con esta moneda virtual.
De hecho, para incentivar su uso, se regaló 30 dólares a cada usuario. Se implantaron además puntos físicos donde poder realizar recargas. A raíz de todo ello, se llevaron a cabo iniciativas relacionadas con Bitcoin como el desarrollo de Bitcoin Beach (El Zonte) para atraer turismo gracias al concepto criptofriendly.
En el lado de las finanzas públicas, el gobierno planteó la emisión de los llamados Bonos Volcán, un bono especial respaldado por Bitcoin que será utilizado para pagar la deuda soberana y financiar la construcción de la llamada de «Ciudad Bitcoin«.
Estos bonos fueron aprobados tras la aprobación del proyecto de ley de Emisión de Activos Digitales el 11 de enero de 2023. También, el gobierno ha realizado compras de Bitcoin a través del tesoro de El Salvador entre el 6 de septiembre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022 por un valor total de 123.292.987,91 dólares a fecha de 6 de octubre de 2023.
Llegados a este punto, y dado que las políticas públicas se evalúan por sus efectos y no por sus intenciones se puede intentar hacer un balance de los efectos que estas decisiones han tenido sobre la ciudadanía y sobre el estado.
En lo que respecta a la ciudadanía, el efecto de la introducción de Bitcoin como moneda de curso legal (y siendo generosos) se podría calificar de marginal. El pasado 26 de junio de 2023 LUDOP divulgó una encuesta donde recogía que aproximadamente 8 de cada 10 salvadoreños tienen poca o ninguna confianza en el Bitcoin, lo que repercute en que el 89,4% de la población considere que el Bitcoin ha ayudado entre poco y nada a mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas.
En 2021 y años sucesivos, también indicaban que el 78,3% de los salvadoreños no estuviera interesado en descargar la billetera del gobierno (Chivo) o que el 71,2% estén interesados en usar sólo dólares aun pudiendo usar bitcoin.
Otro de los efectos que se pretendía alcanzar con el uso de Bitcoin era mejorar el flujo de remesas, especialmente en lo que a costes se refiere. Tras estos dos años, y con datos de Julio de 2023 sólo el 0,9% de las remesas de El Salvador se realizaban a través de Wallets.
Este es el dato más bajo, desde que en septiembre de 2021 del banco central de El Salvador empezara a registrar la estadísticas de este tipo de transacciones. Por tanto, el pretendido efecto de incluir en el sistema bancario al 70% de la población a través del abaratamiento del envío de remesas no parece haber dado sus frutos tampoco.
Algo probablemente esperable cuando los usuarios de criptomonedas suelen ser personas de entre 18 y 35 años, con nivel de renta media-alta y estudios y que viven en ciudades. Precisamente el perfil que ya estaba “bancarizado” e incluido financieramente hablando. Y, por otro lado, estas personas usan mayoritariamente bitcoin no porque desconfíen del dinero FIAT, sino por pura especulación como bien muestra este estudio de Raphael Auer y David Tercero.
En lo que respecta a las finanzas públicas la decisión de comprar Bitcoin (con dinero público) como inversión a través del tesoro de El Salvador tampoco parece estar dando sus frutos. Si bien las pérdidas no están materializadas (no se ha producido su venta), el total de Bitcoin comprados entre el 6 de septiembre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022 ascienden a 123.292.987,91 dólares; Y su valor (en caso de venta a 6 de octubre de 2023) sería de 83.823.846, 33 dólares lo que representa una pérdida del 32% aproximadamente, o lo que es lo mismo 39.469.141,58 dólares propiedad del contribuyente salvadoreño se han esfumado.
El Informe sobre el clima de inversión en el Salvador publicado por el departamento de Estado de los EE.UU., recoge que la adopción de Bitcoin ha atraído publicidad y posiblemente turismo a El Salvador, pero ha tenido un impacto mínimo en la economía.
Veremos lo que acontece en años venideros con iniciativas como Bitcoin City o los Bonos Volcán. También habrá que estar atentos a la evolución del precio de Bitcoin y las posibles nuevas compras o ventas que realice el gobierno de El Salvador, materializando así las pérdidas actuales (o generando ganancias).
De utilidad para seguir esto último es la herramienta llamada NayibTracker, que permite ver en tiempo real la valoración de los Bitcoin adquiridos y su situación de pérdida o ganancia. Su impacto en la inclusión financiera, así como en las remesas ha sido casi nulo. Por lo que a fecha de hoy, se puede concluir que a nivel microeconómico y del día a día, el impacto de Bitcoin en los ciudadanos Salvadoreños ha sido más bien escaso.