La UE prepara el nuevo organismo regulador de la industria cripto

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Para nadie es un secreto que la UE tiene la mirada puesta en las criptomonedas desde hace años y debido a ello, han estado dando pasos lentos pero firmes en la dirección de una mayor regulación del ámbito cripto. Incluso se ha hablado de aprobar la prohibición total de las criptomonedas basadas en los algoritmos Proof of Work (PoW).

Desde 2018, el Parlamento Europeo ha estado avanzando en una fuerte regulación de este sector. Primero presentó los pasos a seguir para fortalecer los mecanismos legales y financieros de la UE, en el combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de una serie de medidas, que incluían a los ciberdelitos.

Después de varios borradores, se creó la 6.ª Directiva AML (AMLD6), más amplia en sus alcances que sus predecesoras. Su objetivo base, fue armonizar la definición de delitos determinantes contra el blanqueo de capitales por parte de todos los Estados miembros.

De esa manera se homogeneizó la definición de estos delitos determinantes para la directiva (hasta ese momento, dispares en todos los países del bloque), en búsqueda de un reforzamiento en la cooperación transfronteriza, de manera que la lucha contra estos delitos sea más eficaz y rápida en la UE.

De hecho, esta nueva directiva AMLD6, creó una estructura para armonizar desde el punto de vista legislativo, unos 22 delitos determinantes del blanqueo de capitales en los Estados miembros, de manera que se puedan adaptar a la evolución de la delincuencia y la ciberdelincuencia.

Con esto, ahora se introdujo un paquete más amplio en la normativa de antilavado de dinero (AML) de la UE, con implicaciones de “grandes consecuencias” para todas las instituciones financieras.

Se añadieron, definiciones que antes no contemplaban otras regulaciones anteriores, como los cómplices, los iniciadores, facilitadores e incluso los incitadores de delitos. También se especificaron otra serie de definiciones, sobre los bienes, la posesión y uso relacionados con bienes provenientes de delitos, mucho más amplia.

Tras varias discusiones, esta normativa se fue reforzando e incluso se incluyeron las criptomonedas dentro de ese ámbito contra la lucha del lavado de dinero y activos provenientes del delito y para ello se comenzó a irrumpir contra el anonimato de los criptoactivos.

En ese sentido, los comités del Parlamento Europeo, votaron en el primer trimestre de este año, a favor de nuevas y estrictas regulaciones en torno a las billeteras criptográficas no alojadas, que no identifican a los usuarios, bajo el amparo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la transferencia de criptomonedas, que ahora tendrán una autoridad reguladora.

Y es que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, a finales de junio, elaboraron un borrador que se hizo público el mes pasado, para diseñar un nuevo organismo que se encargará de regular y supervisar de forma directa la industria detrás del ecosistema criptográfico, basados en su propuesta para la Sexta Directiva ALD/CFT o AMLD6.

El objetivo no es otro que la mitigación del lavado de dinero dentro de la UE. De esta manera se encuentra en etapa de diseño, la Anti-Money Laundering Authority (AMLA), con competencia directa sobre la industria de las criptomonedas, cuyo alcance y dominio podría tener consecuencias para las empresas y usuarios de la eurozona.

Hasta ahora, todas las directivas contra el lavado de dinero sólo establecían un contexto jurídico para que los miembros de la UE hagan efectiva la recopilación de datos de sus habitantes y se comparta información entre países, sin mayor alcance.

En cambio, la autoridad tendrá funciones que sobrepasarán las regulaciones establecidas en los Reglamentos de Mercados en Criptoactivos (MiCa) y de Transferencia de Fondos (ToFR), cuyos ámbitos se circunscriben, en mayor medida a la regulación de todas las instituciones financieras dentro del bloque y su conexión con los criptoactivos.

Las facultades de la nueva autoridad en creación, darán a esta un rol decisivo en las decisiones judiciales, pues se espera que reduzca las oportunidades de arbitraje jurisdiccional dentro de la zona de UE.

La autoridad deberá supervisar directamente a ciertas instituciones financieras y asumir funciones de coordinación para la supervisión del sector no financiero, además de monitorear directamente a los proveedores de servicios criptográficos, especialmente aquellos considerados de “alto riesgo”.

No obstante, la creación de la AMLA, todavía dependerá de las negociaciones trilaterales entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, pues hasta el momento, sólo existe en borradores.

Aunque se espera, que el Parlamento comience su trabajo sobre la creación de la nueva autoridad reguladora, al finalizar las vacaciones del verano en curso. En todo caso, es un secreto a voces que todas las instancias de la UE han expresado la necesidad de regulaciones más estrictas en la industria criptográfica.

Por lo pronto, algunos analistas, estiman que es probable, que todavía falten años para la implementación como tal de la autoridad, aunque todos coinciden en que pudiera llegar tan pronto como en el 2025, una fecha clave para muchas decisiones en la UE con respecto a Bitcoin (BTC).

Como se recordará, las elevadas preocupaciones medioambientales y climáticas, han puesto sobre la mesa constantemente el uso de la energía y tanto Bitcoin como el resto de las criptomonedas basadas en PoW, están siendo analizadas por parte del Banco Central Europeo (BCE) y otras instancias de la UE.

En ese sentido, el Reglamento MiCA, que se está considerando actualmente en el Parlamento Europeo, establecería como fecha límite para imponer medidas punitivas dirigidas a los criptoactivos de PoW, como máximo en 2025, coincidiendo con la llegada de la autoridad AMLD6.

Como se recordará, hace unas semanas atrás, fue divulgado un nuevo informe de investigación del BCE, donde se comparan los algoritmos PoW (de gran consumo de energía), la huella de los automóviles que utilizan combustibles fósiles, el algoritmo de la prueba de participación o Proof of Stake (PoS) (que consume un 99 % menos de energía) versus el impacto de los vehículos eléctricos.

Esta comparación, se hizo para evaluar los riesgos climáticos asociados de los criptoactivos con otros sectores que tienen gran impacto climático. Bitcoin, está en el tope de la lista, debido a las críticas que ha recibido desde hace años, utilizar el algoritmo PoW.

Finalmente, el informe concluyó que es probable que las autoridades de la UE no sigan adelante con los planes para restringir el uso de automóviles de combustibles fósiles para la fecha prevista de 2035, sin antes tomar medidas contra las criptomonedas de PoW.

Al parecer, el BCE, podría tomar acciones políticas y regulatorias contundentes, iniciando con la imposición de la divulgación de huella de carbono de la actividad, pasando por la creación de un impuesto al carbono sobre las transacciones o tenencias de criptomonedas, para al final llegar a la prohibición total de la minería PoW en la región de la UE.

De ser así, esto constituiría una nueva amenaza contra Bitcoin, pues pareciera que las regulaciones van dirigidas a restringir aún más la actividad del uso de las criptomonedas en los próximos años, por lo que quedaría por conocer el impacto de estas restricciones en los precios del BTC.

Advertencia "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido"

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