La semana pasada, el ecosistema de los activos digitales en Estados Unidos dio señales que se encuentra en una encrucijada histórica, porque mientras la adopción institucional avanza a paso firme y el panorama político muestra una inclinación más favorable hacia la innovación, una sombra financiera sigue amenazando la legitimidad del sector, que no es otra que “el robo de criptomonedas”.
Con pérdidas globales cuantificadas que ascendieron a los 11.000 millones de dólares tan solo el año pasado, de acuerdo al Informe de Delitos en Internet de 2025 del Buró Federal de Investigaciones (FBI, «por sus siglas en inglés»), la vulnerabilidad de los usuarios comunes ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en un asunto de seguridad pública nacional.
Ante este escenario, en un comunicado los representantes Lance Gooden (republicano por Texas) y Josh Gottheimer (demócrata por Nueva Jersey) informaron que habían presentado un proyecto de ley bipartidista que busca crear una nueva estructura de la persecución penal en Washington, enfocada solo en crímenes relacionados con activos digitales.
La propuesta exige la creación del Grupo de Trabajo Federal (Federal Task Group) contra el Robo de Criptomonedas, como una entidad interinstitucional más, que estará bajo el mando directo del Fiscal General de los Estados Unidos.
Sin embargo, en el complejo entramado del Gobierno federal, la iniciativa plantea una pregunta crítica: ¿Podrá este nuevo organismo superar la burocracia institucional o se convertirá en un cuello de botella más para las víctimas?
Para entender el alcance de este proyecto de ley, primero es necesario comprender el caos operativo al que se enfrenta un usuario cuando es víctima de un hackeo o de estafas complejas como el pig butchering (redes de ingeniería social que vacían billeteras digitales tras ganar la confianza del usuario).
Actualmente, la respuesta pública es un rompecabezas fragmentado porque una denuncia que puede comenzar en la policía local, las cuales a menudo carecen de las herramientas técnicas para rastrear transacciones en la blockchain.
Si los fondos cruzaron las fronteras estatales, el caso puede saltar al FBI o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, «por sus siglas en inglés»). Pero, si existen nexos con el crimen organizado internacional o el financiamiento ilícito, entonces el caso será atendido por el Departamento del Tesoro, que es el que interviene a través de sus agencias especializadas.
Este desfile de siglas (PD, FBI, DHS, Tesoro o DOJ) genera una fricción burocrática tremenda, al momento de atender un crimen de robo de activos digitales, haciendo que a veces la respuesta se diluya en buscar cual es la agencia correcta de acuerdo al marco de su competencia para atender un robo de criptomonedas.
Es por ello, que mientras las agencias discuten de quién es la competencia horizontal o vertical de un caso, los criminales mueven los activos a través de mezcladores (mixers) o casas de cambio sin verificación de identidad (No-KYC), haciendo que la recuperación de los fondos sea prácticamente imposible.
Y como es razonable pensar, la velocidad es el factor más crítico en la seguridad cripto y es lo que brinda posibilidad real de una recuperación efectiva. Por el contrario, la burocracia actual es, por definición, “lenta”.
El proyecto de ley de Gooden y Gottheimer ataca este problema mediante la centralización, en una única agencia y al colocar al Fiscal General al frente del grupo de trabajo, se busca crear un “teléfono único” de emergencia y coordinación federal.
La meta no es crear nuevas leyes punitivas, sino optimizar el uso de los recursos existentes de forma voluntaria, respetando la autonomía de los cuerpos policiales locales pero dotándolos de un faro estratégico en Washington.
A diferencia de las estrategias previas de administraciones pasadas, que utilizaban agencias como la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés») para regular el sector mediante sanciones y demandas comerciales, este grupo de trabajo tiene un enfoque estrictamente criminal.
Esto explica por qué organizaciones pro-cripto como The Digital Chamber y el Satoshi Action Fund han respaldado la iniciativa, porque para la industria, perseguir al delincuente no es un ataque al mercado; al contrario, es la única forma de otorgar la certeza jurídica que los usuarios minoristas necesitan para confiar en los activos digitales.
Para que este grupo de trabajo sea realmente efectivo y no se quede en una declaración de buenas intenciones políticas, el Congreso deberá otorgarle “dientes” operativos y accesos directos, ya que si la estructura superior en el Departamento de Justicia no diseña canales de comunicación ágiles hacia las bases de investigación, la iniciativa nacerá estancada.
Para evitar el colapso burocrático, el grupo federal debe asegurar tres niveles de integración, buscando en primer término, crear un Flujo Inmediato de Información, con agencias como el FBI y el Tesoro, que deben compartir bases de datos de direcciones de billeteras sancionadas o sospechosas en tiempo real, sin requerir órdenes judiciales cruzadas que tarden semanas.
Asimismo, deben crear una Ventanilla Única para el Usuario, permitiendo que el ciudadano pueda contar con un portal centralizado de denuncias que asigne automáticamente el caso a la célula de investigación idónea según la cuantía y el modus operandi.
Y por supuesto, debe involucrar una Cooperación Público-Privada, para que el nuevo Grupo de Trabajo Federal, tenga acceso directo a canales de comunicación con empresas de analítica blockchain (como Chainalysis o TRM Labs) y con los principales criptointercambios para congelar fondos de manera preventiva antes de que se dispersen.
Si el proyecto de ley no dota al grupo de trabajo de la capacidad de saltarse los memorandos de entendimiento tradicionales entre agencias, la iniciativa encallará en la misma burocracia que denuncia.
De cara al usuario cripto estadounidense, si el proyecto logra superar los comités de la Cámara de Representantes y se convierte en ley, los alcances serán profundos porque en primer lugar, cambiará la percepción del riesgo, porque saber que existe un organismo federal dedicado exclusivamente a rastrear y recuperar criptoactivos robados reduce la sensación de desamparo institucional que hoy impera en el sector.
En segundo lugar, una respuesta unificada elevará el costo operativo para los criminales. Al centralizar la inteligencia sobre amenazas como los hackeos de contratos inteligentes en protocolos DeFi o las campañas de phishing, el gobierno federal podrá emitir alertas tempranas y coordinar bloqueos de activos a nivel global con mayor velocidad.
Esto se traduce en un ecosistema más limpio, menos propenso a las narrativas que tachan a las criptomonedas de ser todavía un mundo que vive en el “salvaje oeste” financiero, por lo que el proyecto de ley bipartidista es un paso en la dirección correcta, alineado con una visión moderna donde el Estado resguarda al consumidor protegiendo también la innovación.
Sin embargo, el éxito del Grupo de Trabajo Federal contra el Robo de Criptomonedas no se medirá por el peso de las firmas en el decreto de su creación, sino por la agilidad de sus conexiones internas.
Si Washington logra que el flujo de información ruede más rápido que el lavado de activos en la cadena de bloques, las víctimas finalmente tendrán un lugar al cual acudir. Si no, será simplemente otra oficina en el DOJ contemplando cómo los fondos de los ciudadanos desaparecen en la red.