Este jueves, legisladores de Reino Unido aprobaron la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, que contempla una serie de regulaciones entre las cuales destaca la Parte 4, referente a las órdenes de decomiso de los criptoactivos, la recuperación civil de los mismos y por supuesto los criptoactivos usados para financiar el terrorismo.
Este nuevo marco regulatorio, fue creado por el gobierno británico para luchar contra diversas actividades ilegales, entre las cuales se encuentran el ciberdelito, el terrorismo y el tráfico de drogas. Pero también, este nuevo marco, busca garantizar la legitimidad empresarial.
En otras palabras, esta ley exige que las personas que registren empresas en el Reino Unido deban verificar su identidad, lo que evita que las empresas sean usadas como fachada criminal o refugio para funcionarios extranjeros corruptos, como ha sucedido en el pasado. De esta forma, se salvaguarda las empresas legítimas y mejora la reputación del entorno empresarial del país.
Asimismo, el gobierno señaló el año pasado cuando se introdujo el proyecto de ley, que tenía como “objetivo alentar negocios legítimos prósperos, expulsando las actividades financieras ilícitas fuera del país”, lo cual estaba orientado a mantener la integridad económica mientras al mismo tiempo ofrece una plataforma comercial segura.
La ley, recibió la aprobación final del Rey Carlos III, mediante su firma conocida como “Royal Assent” o “Asentimiento Real”, para que pudiera entrar en vigor este mismo jueves. Esta nueva legislación de Reino Unido, marca un progreso significativo en la lucha contra los delitos financieros digitales, colocando el foco particularmente en las criptomonedas provenientes de actividades ilegales.
Dicha ley es una muestra de cómo el gobierno de Reino Unido, continúa a la vanguardia de la evolución de las estrategias criminales en la era digital donde los criptoactivos juegan un papel importante para los grupos cibercriminales.
Y es que, la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, introduce disposiciones que fortalecen la autoridad de los organismos de seguridad locales, permitiéndoles tomar el control de aquellos criptoactivos vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena previa.
Este marco legal, acelerará la congelación de activos digitales vinculados a la industria del crimen, ya que ahora se permitirá realizar incautaciones de criptoactivos de forma más rápida y sustancial interrumpiendo las redes financieras criminales.
Esto es posible, debido a que se implementaron regulaciones adicionales para facilitar el trabajo de la policía durante las investigaciones en casos de terrorismo y lavado de dinero. Los agentes de la ley, ahora podrán realizar el congelamiento o incautación de diversos activos que podrían usarse para rastrear criptomonedas relacionadas con actos delictivos.
Del mismo modo, para ampliar el alcance de estas disposiciones, contempladas en la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Reino Unido, ahora están siendo equipados con las herramientas necesarias para rastrear y confiscar activos de criptomonedas vinculados a actividades terroristas.
Según los expertos de ese país, estas medidas son muy valiosas para una rápida toma de decisiones, pero también para combatir el crimen organizado y detener la creciente financiación del terrorismo.
De hecho hace unas semanas atrás, se recordará cómo la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos conjuntamente con la organización coordinadora Lahav 433 de la Policía de Israel, en colaboración con el criptointercambio Binance, congelaron múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas al grupo terrorista Hamas y también una cuenta fiat en el banco británico Barclays.
Para congelar esta cuenta del banco británico Barclays, que se estuvo utilizando para recolectar donaciones dirigidas al grupo terrorista Hamas, la policía de Reino Unido colaboró con los organismos de seguridad de Israel. Sin embargo, de haber estado vigente esta nueva ley, las incautaciones o congelamiento de cuentas habrían sido en tiempo real y sin esperar una decisión de un tribunal.
En paralelo a la aprobación de este nuevo marco legal, también se han creado departamentos y grupos de trabajo dedicados a la lucha contra el cibercrimen y los delitos relacionados con las criptomonedas, los cuales podrán ver impulsado su trabajo gracias a esta ley.
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, sigue la misma ruta propuesta por el actual gobierno británico de su estrategia de lucha contra el delito económico que abarca desde 2023 hasta 2026, que está siendo diseñado para regular estrictamente el ecosistema de las criptomonedas en Reino Unido.
Como se recordará, en julio de este año, se reveló un plan para implementar la Regla de Viaje (Travel Rule) creada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs, «por sus siglas en inglés») y a las instituciones financieras que manejan transacciones de activos digitales, fortaleciendo las defensas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El compromiso del gobierno refleja la comprensión de que una regulación criptográfica eficaz y justa beneficia a todas las partes, incluidos los consumidores y las empresas. Esta regulación equilibrada combatirá el fraude y otros delitos financieros en la floreciente industria de las criptomonedas.