En 2024 el mercado de las criptomonedas resurgió con fuerza en lo económico al aumentar la cotización de los principales activos en el año del Halving de Bitcoin. Sin embargo, para consolidar su valor, se necesitaba una victoria política que le abriera los caminos en Washington, para obtener no sólo claridad jurídica, sino también aceptación de su industria y la finalización de las persecuciones a sus líderes.
Esto motivó a que la criptoindustria impulsara la campaña política del único candidato que realmente parecía estar a favor de las criptomonedas, Donald J. Trump. Tras la elección, el candidato Republicano logró ganar su regreso a la Casa Blanca, para imponer su visión sobre las criptomonedas junto con la creación de la primera Reserva Nacional Estratégica de Criptomonedas en EEUU.
Ahora, en pleno 2025, no cabe duda que las criptomonedas han logrado tomar la esfera política tanto en el Despacho Oval como en el Congreso y ha conseguido una cantidad de logros significativos que van encaminados a una legislación favorable para los activos digitales, que permitirá ampliar la infraestructura de pagos actual al ámbito de las criptomonedas para todos los estadounidenses por igual, garantizando su acceso a los activos digitales sin limitaciones.
Básicamente, esto se traduce en mejor acceso para los usuarios a los mercados de criptomonedas, una mejor protección de las agencias al ámbito de los negocios blockchain en una combinación de factores regulatorios, económicos y de adopción que podrían desencadenar la era dorada de las criptomonedas.
Obviamente, la recién llegada administración favorable a las criptomonedas, ha marcado un cambio significativo en la actitud regulatoria hacia los activos digitales, tras haber sido declaradas las criptomonedas como una “prioridad nacional”, lo que fomentará reglas claras y apoyará la innovación en este sector.
Acting Chairman Mark T. Uyeda launched a crypto task force dedicated to developing a comprehensive and clear regulatory framework for crypto assets. Commissioner Hester Peirce will lead the task force. For more: https://t.co/cImOILB7HG
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 22, 2025
La propia Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés») delineó en enero su nueva postura hacia las criptomonedas, con el lanzamiento en enero de su Crypto Task Force, con la finalidad de brindar “claridad sobre la aplicación de las leyes federales de valores al mercado de criptoactivos y recomendar medidas políticas prácticas que apunten a fomentar la innovación y la protección a los inversores”, lo que ya fue un gran cambio en sí mismo.
Dicha postura también prevé una menor presión regulatoria por parte de la SEC, lo cual ha sido confirmado con una serie de casos cerrados (de investigaciones internas y en tribunales) contra varios actores de la criptoindustria, que habían sido abiertos en la pasada administración.
A esto se suma, el cambio radical de postura que tomó el Departamento de Justicia (DOJ, «por sus siglas en inglés»), la semana pasada por la disolución del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), una unidad exclusivamente dedicada a los delitos relacionados con las criptomonedas, que fue notificada en un memorando público por parte del fiscal general adjunto, Todd Blanche.
Blanche dijo explícitamente en el texto, que “la industria de los activos digitales es fundamental para el desarrollo económico y la innovación del país” y que siguiendo “la Orden Ejecutiva 14178”, del presidente Trump, se pondría final “al uso de la regulación como arma contra los activos digitales”, que había sido una política de estado en la administración del expresidente Joe Biden.
Desde luego, esto no ha sido bien visto en los pasillos del Congreso por las implicaciones que esto tendría para un sector sin regulaciones. Es por eso que en Washington, un grupo de senadores Demócratas desde la semana pasada, manifestó su oposición a dicha decisión.
Los senadores, Dick Durbin del estado de Illinois, miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, junto con las senadoras estadounidenses Mazie K. Hirono del estado de Hawái, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado, y Elizabeth Warren del estado de Massachusetts, miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado, lideraron una carta dirigida al DOJ expresando su preocupación al respecto.
Los senadores Durbin, Hirono y Warren instaron al DOJ a revertir las decisiones que dan luz verde a los delitos con criptomonedas, que según estos políticos, “propiciarán la evasión de sanciones, el narcotráfico, las estafas y la explotación sexual infantil” al eliminar el NCET, que se estableció para investigar y procesar el uso indebido delictivo de criptomonedas y activos digitales.
Asimismo, los senadores Demócratas en su carta, plantearon una serie de preocupaciones sobre las posibles conexiones entre las acciones del DOJ y las empresas de criptomonedas del presidente Trump y su familia.
“¿Por qué desmantelaría un equipo tan importante en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas? Sus decisiones suscitan la preocupación de que el interés del presidente Trump en vender su criptomoneda pueda ser la razón para relajar el escrutinio de las fuerzas del orden”, concluyeron los senadores. “Les instamos a que reconsideren estas decisiones”.
Además de los senadores Hirono, Warren y Durbin, esta carta también fue firmada por los senadores Demócratas Sheldon Whitehouse de Rhode Island, Chris Coons de Delaware y Richard Blumenthal de Connecticut. Los firmantes solicitaron “una reunión informativa con el personal a más tardar el 1 de mayo de 2025, con información detallada sobre la justificación de estas decisiones”.
Por otro lado, también la semana pasada la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, ha presionado al Congreso, exigiendo que se impongan regulaciones amplias para proteger la seguridad nacional y la estabilidad económica.
James, en una carta dirigida a los líderes del Congreso, advirtió que “la falta de fuertes regulaciones federales sobre criptomonedas aumenta el riesgo de fraude, actividad delictiva e inestabilidad financiera”, argumentando que “las regulaciones federales reforzarían la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Además, la fiscal general de Nueva York, dijo que estas regulaciones “fortalecerían sus mercados financieros y protegerían a los inversores de las estafas de criptomonedas, que ahora representan el 10 por ciento de todo el fraude financiero y el 50 por ciento de todas las pérdidas por fraude financiero”.
James, instó a los líderes del Congreso a aprobar una legislación “que requeriría que las empresas de criptomonedas asuman una serie de compromisos, incluido el registro en un organismo regulador y la identificación y prevención activas del fraude y las estafas”.
En todo caso, quedará pendiente por conocer la respuesta del ala republicana del Congreso los cuales tienen la mayoría en ambas Cámaras, ya que, aunque la mayoría de los Republicanos son pro criptomonedas, no todos las apoyan por igual.