En medio del desmontaje de la burocracia de Estados Unidos, iniciada por el presidente Donald J. Trump, con la misión de reducir el gasto del gobierno, agentes de la administración Trump más allá del DOGE manejado por el millonario Elon Musk, están haciendo cambios significativos a nivel de las agencias.
El pasado lunes le tocó al Departamento de Justicia (DOJ, «por sus siglas en inglés»), el cual notificó que estaba disolviendo una unidad que tenía un equipo de fiscales y varios otros miembros dedicados exclusivamente a los delitos relacionados con las criptomonedas.
A raíz de esta disolución el DOJ desviará su atención de los casos complejos relacionados con las criptomonedas que implican leyes bancarias y de valores, que pueden abordar otras agencias.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, realizó la notificación a través de un memorando, titulado “Fin de la Regulación por Enjuiciamiento”, en donde de entrada estableció que “la industria de los activos digitales es fundamental para el desarrollo económico y la innovación del país”.
“Por lo tanto, como se indica en la Orden Ejecutiva 14178, la claridad y la certeza en cuanto a las políticas de cumplimiento son esenciales para apoyar una economía digital vibrante e inclusiva, así como la innovación en activos digitales. El presidente Trump también ha dejado claro que «vamos a poner fin al uso de la regulación como arma contra los activos digitales»”.
Además, señaló que: “El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales” y a partir de allí centró una parte de su argumentación para criticar que la administración del ex presidente Joe Biden, hizo uso del DOJ “para implementar una estrategia imprudente de regulación por enjuiciamiento, la cual fue mal concebida y mal ejecutada”.
Tras estos cambios en el funcionamiento de esta agencia, Blanche dijo que “ya no emprenderá litigios ni acciones de cumplimiento que impongan marcos regulatorios adicionales a los activos digitales, mientras que los reguladores del presidente Trump realizan esta labor al margen del marco de la justicia penal punitiva”.
El fiscal general adjunto, dijo en su memorando que las nuevas “directivas del presidente Trump y las prioridades” de la agencia de la que forma parte, así como “las investigaciones y los procesos judiciales” que se lleven a cabo tendrán otro foco diferente al de la anterior administración.
De acuerdo con Blanche, todas estas acciones que estén relacionadas “con los activos digitales se centrarán en el enjuiciamiento de quienes victimizan a los inversores en activos digitales o a quienes los utilizan para cometer delitos como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el crimen organizado, la piratería informática y la financiación de cárteles y pandillas”.
De esta forma, la administración Trump devuelve el favor a la industria de las criptomonedas, que invirtió en uno de los más grandes SuperPAC durante la campaña de Trump por la presidencia de Estados Unidos durante 2024, con la finalidad de ayudarlo a regresar a la Casa Blanca.
No obstante, también hay quienes afirman que estos movimientos se deben a que Trump y sus hijos, están ampliando de forma exhaustiva sus intereses comerciales en la industria, a través de varios canales de acción y no es necesaria que la extinta unidad del DOJ tenga los ojos puestos en sus negocios como antes.
En primer lugar, está la asociación que hicieron el año pasado Trump y sus hijos con otros socios en la plataforma DeFi denominada World Liberty Financial, la cual lanzó su propio token denominado WLFI, utilizando su imagen personal para captar inversores.
Luego, este año a través de la empresa de medios, servicios financieros y tecnología Trump Media & Technology Group (TMTG), que es la operadora de la plataforma privada de redes sociales del presidente Trump, denominado Truth Social y de su propia plataforma de transmisión de TV por streaming, llamada Truth+, decidió lanzar su propia fintech denominada Truth.Fi, con la que esperan lanzar una serie de ETF financieros y de criptomonedas próximamente.
Por si fuera poco, Trump a título personal horas antes de asumir el cargo, emitió su propia memecoin Official Trump (TRUMP) y la de su esposa Melania Official (Melania), ambos en la cadena de bloques de Solana, las cuales también serán controladas como un producto financiero más de Truth.Fi, lo que demuestra que el presidente Trump ha estado incursionando de lleno en este sector.
Con la eliminación de la unidad especializada dentro del DOJ sobre el ecosistema de las criptomonedas, además de la respectiva reorganización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), que adicionalmente, había dejado en claro que no intentará regular las memecoins porque estos nuevos activos digitales no son valores, se puede evidenciar que la industria cripto está gozando de la libertad que había pedido en la era Biden.
Sin embargo, el memorando firmado por el fiscal general adjunto, también aclara que entre las nuevas prioridades del DOJ, basadas “en la Orden Ejecutiva 14178”, se le exige a esa agencia cumplir unas nuevas directrices sobre esta industria.
“…se le encomienda al Departamento de Justicia y a otras entidades la tarea de «proteger y promover» (1) «la capacidad de los ciudadanos y las entidades del sector privado para acceder y utilizar con fines lícitos las redes públicas abiertas de blockchain sin persecución»; y (2) «el acceso justo y abierto a los servicios bancarios para todos los ciudadanos y las entidades del sector privado que cumplan la ley«”, señala el memorando de Blanche.
También se señala, que el DOJ “ya no perseguirá a las plataformas de intercambio de divisas virtuales, los servicios de mezcla y tumbling, ni a las billeteras offline por las acciones de sus usuarios finales o por infracciones involuntarias de las regulaciones, salvo en la medida en que la investigación se ajuste a las prioridades” establecidas para esa agencia.
Siempre y cuando, el DOJ “priorice las investigaciones y los procesamientos judiciales que involucren conductas que victimicen a los inversores, incluyendo la malversación y apropiación indebida de fondos de clientes en plataformas de intercambio y las estafas de inversión en activos digitales”.
De igual modo se considerarán “los proyectos falsos de desarrollo de activos digitales como los llamados «rug pulls», el hackeo de plataformas de intercambio y organizaciones autónomas descentralizadas que resulten en el robo de fondos, y la explotación de vulnerabilidades en los contratos inteligentes”.
Siempre buscando “restituir los fondos robados a los clientes, fomentar la confianza de los inversores en la seguridad de los mercados de activos digitales y el crecimiento de la industria de activos digitales”.
No obstante, aquellos casos relacionados con activos digitales que hayan sido utilizados por “Cárteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”, incluyendo “redes de tráfico y trata de personas”, serán priorizados al igual que aquellos relacionados con los precursores en “la producción de fentanilo”.
Por lo que, el fiscal general adjunto, ordena que todas “las investigaciones en curso que no se ajusten a lo anterior deberán cerrarse”. Cómo último punto, el memorando firmado por Blanche, explica que el DOJ “participará plenamente en el Grupo de Trabajo del Presidente Trump sobre Mercados de Activos Digitales, establecido mediante la Orden Ejecutiva 14178, a través de abogados designados por la alta dirección de la agencia”.
Estos únicamente “identificarán y formularán recomendaciones sobre regulaciones, documentos de orientación, órdenes u otros asuntos que afecten al sector de los activos digitales” y participarán “en la elaboración de un informe para el Presidente Trump, en el que se recomendarán propuestas regulatorias y legislativas que impulsen las políticas y prioridades establecidas en la Orden Ejecutiva del Presidente”.
De esta forma, el DOJ cierra el capítulo de persecución que se llevó a cabo contra varios actores de la criptoindustria durante la administración del expresidente Biden.