Proyecto de ley de criptomonedas de Panamá irá a revisión en el CSJ

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Este jueves en horas de la tarde, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, remitió el proyecto de ley 697 de 2021 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual regulará la Comercialización y Uso de Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en ese país.

El amplio proyecto de ley que regula la comercialización y el uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes y los sistemas de pagos con modificaciones en su tercer debate, fue aprobado por la Asamblea Nacional durante su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2022 y enviado al poder ejecutivo para la firma aprobatoria.

Sin embargo, dicho proyecto fue rechazado por el presidente panameño, argumentando que lo objetó “por inexequible y por razones de fondo, en los artículos 34 y 36; y por razones de forma, en la totalidad del proyecto de ley”, según el propio comunicado del Ministerio de la Presidencia de Panamá.

El comunicado agrega: “Este proyecto de ley, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional durante su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2022 luego de considerada la nota de objeción formulada al mismo, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, fue remitido al órgano Ejecutivo para su sanción, este 18 de enero de 2023”.

“Entre las consideraciones que hizo el Ejecutivo al objetar el proyecto de ley remitido a la Asamblea Nacional se precisa que la iniciativa legislativa requiere «adecuación» a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño”, finaliza indicando el comunicado.

Este proyecto de ley que daría carácter legal a las DAOs y regularía la industria de las criptomonedas, fue considerado por el Ejecutivo panameño violatorio de preceptos fundamentales de la Constitución de Panamá y por haber sido aprobado mediante un procedimiento inadecuado, además de ser inejecutable desde el punto de vista legal.

Tras este revés, sufrido por el proyecto de ley 697 de 2021, el futuro de la industria de las criptomonedas en Panamá, prácticamente se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia del país, que cómo órgano judicial, deberá revisar y eventualmente aprobar el texto.

Esta es la segunda objeción por parte del Ejecutivo, ya que en junio de 2022 el propio presidente Cortizo, hizo algunas críticas diciendo que estaba considerando su veto, por la preocupación que tenía al observar que el texto no se adecuaba a las normativas internacionales sobre el antilavado de dinero, por lo que la vetó y devolvió a la Asamblea para que fuera nuevamente discutida.

El presidente Cortizo dijo que se requiere adecuar algunas normas que regulan el sistema financiero panameño, al igual que el sistema monetario, que ha sostenido la estabilidad económica del país.

Para el presidente panameño, es vital que la nueva regulación contemple las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para garantizar la transparencia fiscal y la prevención del blanqueo de capitales.

No obstante, Felipe Echandi, consultor en la redacción de este proyecto de ley, señaló que Panamá se encuentra en la lista gris del GAFI desde mucho antes de la existencia de la ley, “y por otras razones”, pero “un proyecto de ley debe ser compatible con el futuro y no solo mencionar ejemplos del presente como si las cosas fueran estáticas”.

El consultor Echandi, sostiene que el problema central, es que el sistema financiero de Panamá se ha quedado en el pasado “y con esta ley seremos menos competitivos que Centroamérica y El Salvador”.

A pesar que fue discutida y pasó por tres debates en la Asamblea, fue enviado de nuevo el pasado 18 de enero al poder Ejecutivo para su aprobación, pero de nuevo fue objetado por el presidente Cortizo, ya que consideró que los cambios no se adaptaban a la realidad legal panameña.

Además, el Ejecutivo criticó la modificación de partes no objetadas anteriormente, por lo que empleó ese argumento para señalar que dicho proyecto es inexequible, debido a que no se puede ejecutar una ley que va en contra la Constitución del país.

De hecho, en el texto de la carta de objeción que el presidente Cortizo, envió a la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, señala que su petición expresa de que no sea aprobada ducha ley ya que a su juicio, su aplicación podría ser potencialmente inconstitucional.

El presidente Cortizo, sostiene que la Asamblea Nacional, haciendo caso omiso al procedimiento establecido en la Constitución, aprobó un nuevo texto del proyecto de ley 697, modificando y eliminando artículos que no habían sido objetados.

Además, Cortizo señaló que también se agregaron nuevos artículos con contenido que no existía, ni siquiera en propuesta original de septiembre de 2021. En opinión del poder Ejecutivo, los artículos 34 y 36 del proyecto de ley 697 de 2021 son inexequibles por razones de fondo.

Esto es debido a que su contenido viola la separación de poderes del Estado panameño, desde la creación de estructuras en la administración estatal hasta la prohibición de expedir leyes que contraríen su letra o espíritu.

Vale destacar, que en el proyecto de ley 697 de 2021, el Estado panameño queda autorizado para operar una plataforma de intercambio de criptoactivos. Además, el Estado deberá emitir una licencia que se requerirá para todo tipo de proveedores de servicios de activos virtuales.

Es más que evidente, que el proyecto de ley se seguirá retrasando mientras no tenga la aprobación del CSJ o el Ejecutivo panameño. Por ahora, Panamá está muy por detrás de otros países que ya poseen una amplia legislación sobre las criptomonedas, por lo que si no quiere quedar rezagada, deberá actualizar su marco legal.

Advertencia "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido"

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