La semana pasada, se pudo conocer que el gobierno del presidente Donald J. Trump, está preparando una iniciativa que podría transformar el panorama de las inversiones para millones de estadounidenses y que podría impulsar la valorización del mercado de las criptomonedas por un x2.
Se trata de una orden ejecutiva destinada a permitir que los fondos de pensiones y las cuentas de jubilación, como los populares planes 401(k), inviertan en una gama más amplia de activos, incluyendo criptomonedas, oro y capital privado revirtiendo años de regulaciones en contrario.
Esta propuesta representa un cambio significativo en la política de inversión para la jubilación en Estados Unidos, ya que como es sabido, actualmente, la mayoría de los planes de pensiones se centran en inversiones tradicionales como acciones y bonos.
La administración Trump busca flexibilizar estas restricciones, argumentando que los activos alternativos podrían ofrecer mayores rendimientos y diversificación para los ahorros de los trabajadores.
De hecho, la semana pasada el presidente Trump, durante un acto público insinuó que su gobierno estudia permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en criptomonedas, sin brindar mayores detalles ni plazos que determinen cuando podría suceder.
El mandatario, sólo se enfocó en dejar caer la idea, de abrir una ventana para que parte del ahorro de los jubilados que es administrado a través de los fondos de gestión, se pueda diversificar en activos digitales, como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH).
El propio Trump, dijo sería como dar más herramientas a los ciudadanos para proteger su dinero, en un contexto económico que no siempre garantiza estabilidad. Un mensaje que resonó en Wall Street y la reacción de los inversores casi de inmediato se reflejó en los mercados, ya que facilitaría la entrada de “9 billones de dólares” –en español- al mercado cripto.
La medida, de concretarse, encargaría a agencias reguladoras clave, como el Departamento de Trabajo (DOL, «por sus siglas en inglés») y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»), la tarea de establecer el marco para integrar estas inversiones en el sistema de jubilación.
En concreto, una medida de este tipo implicaría que se tengan que definir directrices claras y salvaguardas para proteger a los inversores. No obstante, no es la primera vez que la administración Trump muestra una postura más abierta hacia las criptomonedas en el ámbito de las pensiones.
En mayo pasado, el DOL revirtió una guía anterior de la administración del expresidente demócrata Joe Biden, que había desalentado fuertemente la inclusión de criptoactivos en los planes 401(k).
Los analistas señalaron, que este cambio de postura, ya indicaba un apetito por parte de la administración Trump, por explorar las posibilidades que ofrecen las monedas digitales para los administradores de fondos de pensiones.
No obstante, la propuesta ha generado un debate considerable entre expertos financieros y economistas. Por un lado, los defensores argumentan que incluir criptomonedas y otros activos alternativos podría desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento para los fondos de jubilación, especialmente en un entorno de bajas tasas de interés para las inversiones tradicionales.
Su argumento se basa en que las criptomonedas, en particular, han demostrado en ciertos periodos un potencial de crecimiento exponencial, junto al hecho que la emisión de Bitcoin está siendo cada vez más difícil a medida que se acerca al límite de su emisión, lo que indudablemente podría impulsar su valor a nivel nunca vistos.
Sin embargo, los críticos tienen otro punto de vista y advierten sobre los riesgos inherentes a estas inversiones. La alta volatilidad de las criptomonedas es una preocupación primordial. Sus precios pueden fluctuar drásticamente en cortos períodos, lo que podría poner en peligro los ahorros de jubilación de los trabajadores si no se gestionan con extrema cautela.
Además, la complejidad y la falta de regulación uniforme en el espacio de las criptomonedas añaden una capa adicional de incertidumbre. Pero eso no es todo. Los más críticos apuntan al presidente Trump de está frente a un conflicto de interés al aprobar leyes que beneficien el mercado de activos digitales.
Y es que para nadie es un secreto, que el mandatario es propietario de la stablecoin USD1 (USD1), (que está vinculada a World Liberty Financial) y otros activos digitales (incluyendo las memecoins y las inversiones de Trump Media & Technology Group (TMTG) en ETF de Bitcoin), por lo que su participación en la firma de leyes que lo benefician a él mismo, su familia o sus empresas “directa e indirectamente” ha generado y seguirá generando un intenso debate ético y político.
Los significativos lazos del presidente Trump y su familia, con la industria de las criptomonedas son más que evidentes. Se ha informado ampliamente sobre su participación en World Liberty Financial, una empresa con la que la familia Trump tiene una participación considerable por no decir mayoritaria.
Además, es sabido que posee otras criptomonedas, incluyendo las memecoins asociadas a su nombre y al de su esposa, y que TMTG ha invertido una parte sustancial de sus activos líquidos en Bitcoin y algunas altcoins.
Si las políticas gubernamentales bajo su administración, como la que habilita inversiones en criptomonedas para fondos de pensiones o la reciente firma de la “GENIUS Act” que regula las stablecoins, impulsan la legitimidad, adopción y, en consecuencia, el valor del mercado de activos digitales, esto podría traducirse en un beneficio económico directo y significativo para sus propias tenencias y las de su familia.
Uno de los puntos de este debate, señala que históricamente, los presidentes de EEUU han optado por colocar sus activos en “fideicomisos ciegos” (blind trusts) o han desinvertido en negocios que pudieran generar conflictos de interés para evitar incluso la apariencia de un beneficio personal por sus decisiones políticas.
Pero esto no es lo que ha sucedido precisamente con Trump, el cual tanto en su primer mandato como en el actual, ha optado por un enfoque diferente, manteniendo la supervisión de sus negocios a cargo de sus hijos y sin un “blind trust” real.
Un punto particularmente controvertido de la reciente “GENIUS Act” es que, si bien prohíbe a los miembros del Congreso y sus familias lucrarse con stablecoins, esta prohibición no se extiende al presidente ni a su familia, cuya “conveniente excepción” directa ha avivado las acusaciones de que se están sentando las bases para un beneficio presidencial directo.
Por otro lado, los más críticos con Trump, que están en las filas del partido demócrata han señalado que el presidente está utilizando su plataforma y su cargo para promover intereses comerciales, incluyendo los relacionados con las criptomonedas, lo que difumina la línea entre el servicio público y el lucro personal.
De allí que, la discusión sobre cómo equilibrar el potencial de altos rendimientos con la necesidad de proteger los ahorros de jubilación de los estadounidenses y los intereses del mandatario se está convirtiendo poco a poco, en la parte central del debate mientras el gobierno de Trump avanza con esta audaz iniciativa de abrir las puertas a los fondos de pensiones para que accedan a Bitcoin.