Los cimientos del ahorro para la jubilación en Estados Unidos, están a punto de convertirse en el siguiente campo de batalla entre los usuarios de las criptomonedas y los que todavía las ven como simples instrumentos usados por el crimen, el lavado de dinero y los narcóticos.
La orden ejecutiva firmada en agosto de este año, por el presidente Donald J. Trump, destinada a “democratizar” la inversión al abrir las puertas de los planes 401(k) a activos alternativos como el capital privado (private equity) y las criptomonedas, ha desatado una ola de críticas y advertencias desde el Capitolio.
A la cabeza de la oposición se encuentran las voces influyentes de los senadores: Elizabeth Warren (Demócrata por Massachusetts) y Bernie Sanders (Independiente por Vermont), quienes en un comunicado del Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, han calificado la medida como un “peligroso” favor a los multimillonarios a costa de la seguridad financiera de millones de trabajadores.
La carta de los senadores fue dirigida a la Secretaria del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, «por sus siglas en inglés»), Lori Chavez-DeRemer, y al Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC«por sus siglas en inglés»), Paul Atkins.
Y fue firmada por Warren y Sanders, junto a otros cinco senadores demócratas: Ron Wyden (Demócrata por Oregon), Dick Durbin (Demócrata por Illinois), Jeffrey Merkley (Demócrata por Oregon), Chris Murphy (Demócrata por Connecticut) y Tina Smith (Demócrata por Minnesota), los cuales también expresaron su preocupación por la orden ejecutiva de Trump.
Concretamente, la postura de los senadores, es que dicha orden ejecutiva, es más un regalo a Wall Street con riesgos ajenos. De allí que, la preocupación central de Warren, Sanders y sus colegas radica en la naturaleza inherente de los activos que la orden ejecutiva busca integrar en los planes de contribución definida.
En primer lugar, la orden ejecutiva, otorga total opacidad y tarifas excesivas a la entrada en inversiones en el Capital Privado —inversiones en empresas que no cotizan en bolsa— el cual ha sido tradicionalmente el dominio exclusivo de inversores institucionales de gran calibre, como grandes fondos de pensiones y fundaciones.
Según los detractores de la orden ejecutiva del presidente Trump, la razón de su exclusión en los 401(k) ha sido históricamente clara, por ser un ámbito caracterizado por la falta de transparencia, dado que las empresas privadas no están sujetas a los mismos requisitos de divulgación pública que las empresas cotizadas, lo que dificulta a los inversores minoristas (los participantes del 401(k)) evaluar su salud financiera y sus riesgos.
Aunado a esto, también están las altas comisiones que los fondos de capital privado. Y es que, estos fondos de capital privado, suelen cobrar comisiones sustancialmente más altas (a menudo un 2% de gestión más el 20% de las ganancias) que los fondos mutuos o indexados tradicionales.
Por lo que, Warren y Sanders, junto a otros senadores demócratas, consideran que estas tarifas, con el tiempo, pueden erosionar significativamente los rendimientos de un plan de jubilación. Por si fuera poco, también está el problema de la falta de Liquidez.
Generalmente, las inversiones en capital privado están inherentemente bloqueadas por largos periodos (a menudo de 4 a 12 años) y como señalan los críticos, si un jubilado necesita acceder a su dinero de manera inesperada, o si el plan decide reestructurar sus opciones, la iliquidez de estos activos puede ser un problema grave, obligando a los inversores a esperar o a vender con grandes descuentos.
Según la senadora Warren, el argumento de “mayores rendimientos” del private equity a menudo no se materializa para el inversor promedio, y la orden ejecutiva es percibida como una forma de dar a los gestores de capital privado acceso a un “pozo de miel” de más de 8 billones de dólares de los ahorros de los trabajadores.
En segundo lugar, está el problema de la volatilidad desenfrenada del mercado de las criptomonedas, por lo que los senadores realizan una advertencia aún más contundente, debido a la inversión en activos digitales como el Bitcoin (BTC) o el Ethereum (ETH) que desde hace varias semanas atrás han perdido valor y capitalización de mercado, podrían ser perjudiciales para los 401(k).
Además sugieren que ese mercado está sujeto a un alto riesgo especulativo y se apoyan en que el DOL ya había emitido una guía en 2022 instando a los fiduciarios a actuar con “extremo cuidado” antes de ofrecer opciones de cripto, debido a su naturaleza altamente especulativa y a la facilidad con la que sus valoraciones pueden desplomarse.
Pero hay que destacar, que dicha guía fue rescindida a finales de mayo de este año por la nueva administración del presidente Trump, señalando que “antes de la publicación de 2022, el Departamento solía adoptar una postura neutral respecto a determinados tipos y estrategias de inversión”, por lo que al revocarla, se “retoma la postura histórica del Departamento”.
Del mismo modo, Warren, Sanders y otros congresistas, han advertido que la inversión en criptomonedas se destaca por la ausencia de fundamentos tradicionales, a diferencia de las acciones bursátiles y los bonos, que tienen décadas de información sobre cómo se desempeñan.
De acuerdo con los detractores de la orden ejecutiva de Trump, las criptomonedas carecen de un historial de rendimiento a largo plazo o de la supervisión regulatoria tradicional, lo que dificulta que un fiduciario cumpla con su deber de actuar en el mejor interés de los participantes.
Estos problemas tienen consecuencias reales para los jubilados, ya que la orden ejecutiva no obliga a los planes 401(k) a adoptar estas inversiones, sino que elimina barreras reguladoras para que los administradores de planes (los fiduciarios) puedan ofrecerlas.
Warren y Sanders, junto a otros senadores, advierten que aquí es donde radica el peligro real para el jubilado, porque la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación del Empleado de 1974 (ERISA, «por sus siglas en inglés») exige que los fiduciarios actúen con la diligencia y la prudencia de una “persona prudente” y que actúen únicamente en el mejor interés de los participantes.
Al introducir activos ilíquidos y volátiles con altas comisiones, los fiduciarios de los planes de las empresas se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de ser demandados por no cumplir con su deber fiduciario, ya que es más difícil justificar la prudencia de estas inversiones.
Asimismo, las comisiones más altas inherentes al capital privado comerán una porción mayor de los ahorros del trabajador (lo que es sumamente preocupante), especialmente si los rendimientos prometidos no se materializan.
Un inversor minorista puede ser más propenso a vender un activo volátil como la criptomoneda en un momento de pánico, lo que puede resultar en pérdidas permanentes de su capital de jubilación, un riesgo que no es tan severo con una cartera diversificada de acciones y bonos.
En esencia, la orden traslada una mayor responsabilidad y complejidad al trabajador promedio, quien debe ahora navegar por una nueva clase de activos sin la experiencia ni la transparencia que tienen los grandes inversores institucionales.
En consecuencia, los senadores sostienen que la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses que ahora dependen de los planes 401(k) para ahorrar para su jubilación en lugar de las pensiones tradicionales y someterlos a estos tipos de inversión de alto riesgo sin una formación y una preparación previa podría exponerlos a pérdidas sustanciales.