La semana pasada, la Unión Europea (UE) lanzó un órdago a la fragmentación regulatoria, proponiendo la creación de un poderoso “súper organismo de control” regional con el objetivo expreso de centralizar la supervisión de la industria de los criptoactivos.
Esta iniciativa, confirmada por informes y documentos de la Comisión Europea, representa el paso más serio del bloque hacia una autoridad de supervisión financiera unificada y otorga un poder sin precedentes a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, «por sus siglas en inglés») sobre las principales criptoempresas transfronterizas que en un comunicado de prensa dio la bienvenida a la propuesta.
La propuesta ha sido configurada como el pilar central dentro de un paquete de reformas más amplio, enmarcado en la ambiciosa estrategia de la Unión de Mercados de Capitales, iniciativa que la propia ESMA ha recibido con entusiasmo, destacándola como un avance fundamental hacia una integración de mercados más profunda y eficiente.
Para entender la magnitud de este cambio, es crucial observar el sistema que busca reemplazar, ya que actualmente, las empresas de criptomonedas operan bajo un modelo conocido como “pasaporte”.
Es decir, una empresa puede obtener una licencia en un único estado miembro de la UE (en jurisdicciones a menudo percibidas como más flexibles, como Chipre, Malta o Lituania) y, con ese permiso, “pasar” sus servicios a los 27 países que componen el bloque europeo.
Este sistema ha provocado el denominado “arbitraje regulador”, algo que las empresas, en su búsqueda de eficiencia y costes operativos más bajos, han explotado, encontrando las diferencias y lagunas entre las normativas nacionales para elegir el regulador más favorable a su política corporativa.
Pero esto cambiará, porque la propuesta de la Comisión busca erradicar esta práctica, mediante la centralización de la supervisión (algo que ya se veía venir) porque todas las ideas que salen de Bruselas son centralistas. Es así como, ahora se pretende unificar el código normativo y aplicarlo a través de un único supervisor, poniendo fin al modelo de “elige tu regulador”.
El corazón de la reforma reside en el traslado de la supervisión de las principales entidades de criptoactivos al nivel de la UE por lo que, si la propuesta avanza, la ESMA dejaría de ser solo una coordinadora para convertirse en la supervisora directa de los proveedores de servicios de criptoactivos y las principales bolsas del continente.
De hecho, los puntos clave que se establecen en este marco regulatorio, son en primer término, convertir a la ESMA como el “Súper Regulador”, ya que es el organismo encargado de vigilar el correcto funcionamiento de los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos en toda la UE.
Luego, este marco coloca a la ESMA en posición de realizar una Supervisión Centralizada por encima de los supervisores de mercado nacionales (como la CNMV en España), mediante el establecimiento de un mecanismo similar al utilizado por el Banco Central Europeo (BCE) con las entidades bancarias tradicionales.
También coloca a la ESMA, como el organismo que otorgará las Licencias a Nivel Europeo, ya que es la entidad encargada de otorgar las licencias a las plataformas de compra y venta y a las entidades financieras que deseen operar con activos digitales como Bitcoin, Ethereum, etc., y a partir del 1 de julio de 2026, solo podrán operar proveedores autorizados por la CNMV u otras autoridades europeas.
Por último, este marco regulatorio busca la Armonización Regulatoria, a través de la ESMA, que también tiene la tarea de publicar directrices para garantizar un enfoque convergente en la aplicación de MiCA y establecer qué activos caen bajo el paraguas de la regulación y cuáles no, buscando reducir la inseguridad jurídica y garantizar condiciones de competencia equitativas.
Sin embargo, esto tiene una implicación directa para el criptomercado, tal y como actualmente está configurado, porque la ESMA pasaría por alto a los reguladores nacionales influyentes, como la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa o la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) alemana.
Es decir, por primera vez, la vigilancia de la criptoindustria se concentraría en una sola autoridad, en lugar de dispersarse entre docenas de organismos nacionales, algo que quizás no sea bien visto porque los países miembros ya no tendrían el control directo en los pagos por licencias que cobran a las criptoempresas.
Analistas en Bruselas han comparado este movimiento con la creación de una SEC (Comisión de Bolsa y Valores) al estilo estadounidense, sin embargo, algunos sostienen que el alcance de la autoridad europea podría ser aún mayor, dado que su poder se establecería a nivel del bloque desde el primer día.
Como era de esperarse, la ESMA ha manifestado su disposición para asumir estas responsabilidades específicas, lo que para muchos es un indicio de la voluntad técnica para materializar este cambio, pero también una clara intención de recabar más proyección política dentro del bloque.
A pesar del apoyo de la Comisión y de la ESMA, la iniciativa está lejos de ser un acuerdo cerrado, ya que, ceder más control sobre la supervisión financiera a Bruselas es un tema delicado que despierta una fuerte resistencia entre los Estados miembros.
Países con reguladores nacionales influyentes y gran experiencia en el sector, como Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, ya han manifestado su oposición, por lo que estos países ejercerán presión política para que la supervisión continúe siendo una prerrogativa local.
No obstante, la intención política está firmemente establecida en gran parte de los sectores de la Comisión, por lo que el debate sobre las criptomonedas está transitando desde la concesión de licencias nacionales (locales) hacia la elaboración de normas continentales.
La propuesta también cuenta con un respaldo significativo dentro del sector financiero tradicional (TradFi). Stéphane Boujnah, CEO y presidente del consejo de administración de Euronext, la bolsa de valores paneuropea registrada en Ámsterdam, con sede operativa en París, ha expresado su apoyo al cambio propuesto.
Boujnah, cuya bolsa brinda la infraestructura de mercado paneuropea que opera mercados regulados en Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa, Milán, Oslo y París, argumenta que la supervisión fragmentada es un lastre para la competitividad de Europa y que tanto los mercados de capitales como los de criptomonedas necesitan un enfoque unificado para competir a escala global.
Si la propuesta de centralización se aprueba y supera la resistencia de los Estados miembros, se consolidaría como el cambio estructural más importante en la regulación de las criptomonedas en la UE desde la aprobación del histórico Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).
La creación de este “súper organismo de control” centralizado no solo pondría fin a la búsqueda de foros regulatorios por parte de las empresas, sino que también reforzaría significativamente el perímetro regulador del bloque.
Con este movimiento, Bruselas busca asegurar que en Europa las grandes empresas de criptoactivos operen bajo un código uniforme y estricto, cimentando su posición como pionera en la regulación de activos digitales, pero ahora con una autoridad de supervisión unificada a la altura de sus ambiciones.
Por lo que a partir de ahora, el futuro de la supervisión cripto en Europa pende del hilo de las negociaciones políticas que se desarrollarán en los próximos meses sobre este tema.