Durante años, la retórica judicial de Corea del Sur presumió de un control férreo sobre los activos digitales, gracias a fallos del Tribunal Supremo que confirmaban que las criptomonedas poseen un valor de propiedad indiscutible y son susceptibles de decomiso penal, por lo que parecía que el Estado tenía todas las herramientas para arrebatar las ganancias ilícitas a los criminales.
Sin embargo, la realidad técnica acaba de derribar la doctrina jurídica porque cuando los fondos no están en un intermediario centralizado sino en una billetera de autocustodia, tener una orden judicial firmada en ocasiones no sirve de nada.
Un exhaustivo estudio académico publicado recientemente en la revista oficial del Instituto Coreano de Criminología y Justicia, Korean Criminological Review (형사정책연구, Vol. 37, No. 2, 2026), ha encendido las alarmas institucionales.
Titulado «Limitaciones de la ejecución de embargos de activos virtuales propios y revisión legislativa», el trabajo firmado por Jang Heuiwon (líder de investigación del Servicio Nacional de Impuestos) y académicos de la Universidad de Corea, alzaron la voz sobre una laguna normativa que inhabilita a las fuerzas del orden ante la arquitectura descentralizada.
El núcleo del problema es conceptual y técnico, ya que la legislación procesal penal surcoreana vigente —en particular el Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Penal— autoriza a los investigadores a tomar “las medidas necesarias” para ejecutar un registro e incautación, como forzar cerraduras o confiscar un dispositivo físico.
Ahora bien, en el mundo real (analógico), incautar la caja fuerte equivale a controlar su contenido pero en la cadena de bloques, esta lógica se desmorona por sí sola, ya que cuando un sospechoso utiliza una billetera de autocustodia, retiene de manera directa la clave privada o la frase semilla (las 12 o 24 palabras de recuperación).
De allí que, en muchas ocasiones confiscar el teléfono móvil, el ordenador o el dispositivo físico (hardware wallet) no priva al individuo del control sobre sus fondos si este conoce la frase semilla de su wallet.
Es decir, si el investigado memorizó su frase semilla o guarda una copia guardada en otra ubicación, puede transferir los activos a una nueva dirección segundos después de que la policía abandone su domicilio.
“La incautación de un dispositivo o de la información de acceso no elimina la capacidad del sospechoso para disponer del activo. Además, los mecanismos tradicionales de preservación previa al juicio (추징보전) dependen de la presencia de un tercero embargable, como un banco o un exchange. En la autocustodia, ese tercero simplemente no existe”, argumenta la investigación liderada por Jang.
En consecuencia, para que una incautación sea efectiva, la autoridad necesita forzar una transferencia de dirección (address transfer) on-chain de los activos digitales hacia una billetera bajo control estatal.
No obstante, los autores advierten que este movimiento no es un “acto auxiliar” de ejecución, sino una medida coercitiva independiente que altera de forma drástica la titularidad del bien, careciendo actualmente de amparo legal explícito en el código procesal.
Esta urgencia por reformar la ley no surge en un vacío teórico, sino en el marco de una serie de bochornosos fallos de seguridad operacional (OpSec) por parte de los propios organismos del Estado.
El expediente de errores de las autoridades surcoreanas tan solo este año en la gestión de criptoactivos incautados incluye episodios verdaderamente alarmantes que demuestran que el personal necesita conocimientos básicos de cómo operan los wallets físicos de activos digitales.
Por ejemplo en enero, cuando la Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju reportó la desaparición de aproximadamente 320 BTC (valorados en su momento en unos 48 millones de dólares) retenidos en dispositivos USB tras años de negligencia en la cadena de custodia de las claves privadas.
Tras este grave, error en febrero se confirmó que la policía de Gangnam perdió el rastro de 22 BTC confiscados en 2021 por un descuido similar en el manejo de billeteras frías. Y los errores no terminan allí, porque el fisco también tropezó.
Y es que, el propio Servicio Nacional de Impuestos (NTS, «por sus siglas en inglés») expuso involuntariamente una frase de recuperación en las imágenes de un comunicado de prensa destinado a presumir la incautación de activos a morosos fiscales.
Al momento, los bots y cazadores de oportunidades on-chain tardaron minutos en vaciar la billetera, sustrayendo cerca de 4,8 millones de dólares antes de que la propia agencia estatal pudiera reaccionar.
Estos desastres expusieron una cruda realidad del personal de las agencias estatales, las cuales no solo carecen de marco legal para incautar activos en autocustodia, sino que tampoco poseen la infraestructura técnica ni la preparación operativa de su personal para custodiar claves criptográficas sin arriesgar pérdidas millonarias.
Frente a este escenario, la propuesta impulsada por el equipo de investigación de Jang plantea una revisión integral de la Ley de Procedimiento Penal para crear reglas específicas que atiendan la naturaleza matemática de la blockchain que van desde las órdenes judiciales hiperespecíficas, las transferencias de emergencia hasta la custodia compartida para mitigar el riesgo de robo.
En primer lugar las órdenes judiciales hiperespecíficas, son para evitar que la orden de incautación no sea genérica, ya que deberá detallar el tipo y cantidad exacta del activo digital, la dirección de origen verificada, la dirección de destino, el método de transferencia y las condiciones de almacenamiento posterior.
Luego, las transferencias de emergencia están diseñadas para que, si existe un riesgo inminente de que el sospechoso intente vaciar la billetera, el tribunal podrá autorizar una transferencia inmediata a una dirección temporal bajo control judicial.
Y por último, la custodia compartida para mitigar el riesgo de robo, está enfocada en evitar que la policía o los fiscales concentren el control absoluto de los fondos en un solo monedero (creando un punto único de fallo o tentación de corrupción interna).
Para evitarlo, el estudio propone establecer direcciones compartidas de administración conjunta (multifirma) entre el tribunal, la agencia investigadora y la persona afectada hasta que se dicte sentencia firme.
Como parche temporal ante sus deficiencias internas, la Policía Nacional de Corea del Sur tuvo que subcontratar a la firma privada Dunamu (matriz del principal exchange del país, Upbit) para la custodia profesional de más de 54.500 millones de wones en criptomonedas confiscadas.
Paralelamente, el NTS desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial (con un presupuesto de 2,2 millones de dólares) con miras a integrarse a finales de 2026 para rastrear transacciones sospechosas entre plataformas reguladas y billeteras no custodiales.
Sin embargo, el rastreo mediante IA de nada servirá si la puerta de la legislación sigue cerrada, por lo que la propuesta del paper académico de la Korean Criminological Review deja claro que la tecnología por sí sola no otorga soberanía punitiva al Estado.
Mientras el legislativo surcoreano no modifique la Ley de Procedimiento Penal para tipificar la transferencia obligatoria de direcciones, el concepto de “incautación” en la Web3 seguirá siendo, para la justicia de Corea del Sur, poco más que una ilusión teórica.