En los pasillos del Capitolio, el aire se siente denso, cargado de una mezcla de urgencia legislativa y pragmatismo electoral. Tras años de “regulación mediante sanciones” y una guerra territorial sin cuartel entre agencias federales, el Congreso de los Estados Unidos parece estar finalmente a las puertas de un armisticio.
La Ley CLARITY – “Digital Asset Market Clarity Act of 2025” (es español, Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales), el proyecto de ley más ambicioso y polémico en la historia de las finanzas digitales, se enfrenta a su prueba de fuego definitiva en el Senado la próxima semana.
El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, que además, es el presidente del poderoso Comité de Banca del Senado, ha dejado de lado las sutilezas, ya que en declaraciones recientes, Scott confirmó que el 15 de enero será el día del “markup” (revisión y votación del comité).
Este es una decisión estratégica para obligar a los legisladores a fijar una postura pública antes de que la campaña de las elecciones de medio término absorba todo el oxígeno político de Washington.
El corazón de la Ley CLARITY busca resolver el enigma que ha paralizado a la industria durante una década: ¿Es una criptomoneda una mercancía (commodity) o un valor (security)? De ello depende qué organismo será el responsable ahora de regular los activos digitales y en base a qué.
El borrador actual propone una división de poderes sin precedentes, aunque dejando que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, «por sus siglas en inglés») obtenga la jurisdicción principal sobre los mercados al contado de activos digitales que se consideren descentralizados.
Mientras que, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), mantendría el control sobre aquellos tokens que funcionen como contratos de inversión tradicionales, algo que es para lo que este ente está facultado por la Ley de Valores de 1933 (transparencia en la emisión) y la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (regulación del mercado secundario).
“Estamos cansados de que las empresas tengan que adivinar las reglas mientras reciben citaciones judiciales”, comentó un asesor cercano al comité. Sin embargo, esta “claridad” tiene un precio que algunos sectores no están dispuestos a pagar.
A pesar del optimismo de Scott, el camino hacia la firma del presidente estadounidense Donald J. Trump tiene un bache profundo llamado DeFi (Finanzas Descentralizadas). Las negociaciones se han estancado en cómo aplicar reglas de “conozca a su cliente” (KYC) y medidas contra el lavado de dinero a protocolos que funcionan de forma autónoma en la blockchain.
Informes internos del Senado sugieren que los demócratas, liderados por figuras que exigen protecciones al consumidor más estrictas, temen que la ley cree un “punto ciego” masivo, por lo que el debate se centra en las interfaces de usuario: los sitios web que conectan a las personas con DeFi.
Los legisladores buscan que estas puertas de enlace actúen como filtros regulatorios, una propuesta que los puristas del ecosistema califican como un ataque directo a la naturaleza misma de la descentralización.
Mientras el Senado debate qué hacer frente a estas propuestas, la Casa Blanca no se ha quedado de brazos cruzados. David Sacks, el “Zar de Cripto e IA” de la administración Trump, ha sido visto saliendo de reuniones clave en el Senado.
La estrategia de la Casa Blanca, es convertir a Estados Unidos en la “Capital Mundial de las Criptomonedas” para competir con el marco MiCA de la Unión Europea y el avance de los sistemas de pago asiáticos.
Para Trump, la Ley CLARITY es una herramienta clave para fortalecer la hegemonía del dólar a través de las stablecoins. Tras haber firmado ya la Ley GENIUS (que regula los activos estables), el presidente espera que CLARITY sea la pieza final del rompecabezas que permita a los fondos de pensiones y grandes bancos estadounidenses custodiar activos digitales de forma masiva.
En medio del debate en el Senado, en los predios de Wall Street, los traders están operando con un ojo en el gráfico y otro en el calendario legislativo, porque tras alcanzar un máximo histórico cerca de los 93.000 dólares, Bitcoin retrocedió a la zona de los 86.000 dólares al filtrarse los primeros informes sobre las dificultades entre los puntos de vista de los senadores.
Analistas de firmas como Grayscale y Galaxy Research coinciden en que el mercado ya ha “comprado” la narrativa de la aprobación, lo que deja poco margen para el error, por lo que no cabría la posibilidad de una negativa de esta ley en el Senado.
No obstante, se prevé que puede haber un escenario alcista si se llega a un voto favorable el 15 de enero, ya que podría actuar como el catalizador necesario para romper de nuevo la mítica barrera de los 100.000 dólares antes de que termine el primer trimestre.
En el peor caso, se espera un escenario bajista en caso que, cualquier señal de que el proyecto será enviado “a la congeladora” hasta 2027 podría desencadenar una corrección severa, con soportes técnicos situándose en los 70.000 dólares.
Si el comité dirigido por el senador Scott aprueba el texto, este pasará al pleno del Senado. Dado que la Cámara de Representantes ya aprobó su versión el año pasado, el paso final sería la reconciliación de ambos textos y la posterior rúbrica presidencial, en un proceso muy parecido a lo sucedido con la Ley GENIUS el año pasado.
Sin embargo, el reloj corre. Con las elecciones de noviembre en el horizonte, los expertos advierten que si la ley no se promulga en el primer trimestre de 2026, las posibilidades de que se convierta en ley este año caen drásticamente y con ello, la cotización de Bitcoin en los mercados.
La Ley CLARITY es literalmente un referéndum sobre el futuro financiero de la nación y cómo Estados Unidos se preparará para actualizar su sistema financiero con rampas de stablecoins para pagos locales. De hecho, por primera vez, ahora el debate no es si las criptomonedas deben existir, sino bajo qué términos se integrarán permanentemente en el sistema estadounidense.
El próximo jueves no solo votará un comité; se decidirá si Estados Unidos liderará la próxima revolución financiera o si seguirá observando desde la barrera de la incertidumbre legal.