Este martes, durante una reunión del Comité Asesor de Formación de Capital para Pequeñas Empresas, en Washington D.C., el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Paul S. Atkins y la comisionada Hester M. Peirce, ofrecieron un acercamiento a las reformas necesarias para la regulación de las criptomonedas.
Ambos funcionarios de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, presionaron al Comité para modificar las reglas obsoletas de recaudación de capital, y sobre todo en lo referente a los límites de la Regulación A.
Para entender los alcances de este cambio, hay que aclarar que la Regulación A de la SEC, es una exención de los requisitos de registro para ofertas públicas de ciertos valores, la cual ha sido utilizada ampliamente por las empresas de criptomonedas en Estados Unidos.
La Regulación A, permite a las pequeñas y medianas empresas recaudar capital del público de manera más sencilla y con menos costos en comparación con una oferta pública inicial (OPI) tradicional. A menudo se le conoce como una “mini-OPI”.
La Regulación A, es clave para las criptoempresas porque proporciona una exención de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, lo que significa que las empresas pueden ofrecer y vender valores al público sin tener que pasar por el proceso de registro completo y costoso que se requiere para las empresas que cotizan en bolsa.
Y es que, la Regulación A es una herramienta diseñada para facilitar que las empresas más pequeñas accedan al capital público con un proceso regulatorio menos oneroso que una OPI tradicional, al tiempo que proporciona ciertas protecciones a los inversores.
Sobre ese punto, Atkins comenzó sus palabras diciendo que dicho “Comité cumple la importante función de asesorar a la Comisión en el cumplimiento de su triple misión: proteger a los inversores, facilitar la formación de capital y mantener mercados justos, ordenados y eficientes, en lo que respecta a las pequeñas empresas emergentes, privadas y a las empresas públicas más pequeñas”.
Por ello, el presidente de la SEC, instó a los miembros en el sexto aniversario de la primera reunión del Comité Asesor para la Formación de Capital de Pequeñas Empresas, a centrarse “en proporcionar vías eficaces para que los emprendedores obtengan el capital necesario para materializar sus ideas innovadoras y hacer crecer sus empresas, tanto en el mercado privado como en el público”.
De allí que, Atkins dijo que el Comité abordó en esa reunión la Regulación A para la captación de capital, para debatir “si se pueden implementar mejoras para facilitar un mayor uso de las normas”, reconociendo que “las empresas han captado aproximadamente tres veces más capital bajo la Regulación A que bajo la Regulación de Financiamiento Colectivo y la norma 504 juntas”.
Sin embargo, criticó que “la cantidad captada bajo la Regulación A es inferior al uno por ciento de la cantidad de capital captada bajo las normas 506(b) y 506(c) juntas”, a pesar que la Comisión había aumentado “el límite de oferta bajo la Regulación A de 50 millones de dólares a 75 millones de dólares en marzo de 2021”.
Este aumento no se tradujo en “un número significativo de ofertas bajo la Regulación A que busquen aprovechar el aumento del límite”, haciendo que incluso el número total de ofertas bajo la Regulación A haya “disminuido en los últimos dos años, tras haber aumentado en los tres años anteriores”.
Es por ello, que el presidente Atkins preguntó qué otros cambios serían necesarios para aumentar el límite de la oferta: “¿qué más se puede hacer para incentivar un mayor uso del Reglamento A?” pero además, dijo que “el uso de la Regulación A se ha concentrado en seis estados: California, Florida, Nevada, Nueva York, Texas y Washington”.
Afirmando que el resto de los demás estados de ese país, “no tenían más de dos ofertas bajo la Regulación A”, por lo que invitó al Comité a dilucidar: ¿Por qué existe una concentración geográfica en el uso de la Regulación A?” y si en tal caso, “¿Reducir dicha concentración haría las normas más viables?”
Atkins reconoció que “el Reglamento A no ha sido un marco regulatorio viable para su uso generalizado por parte de todos los emisores, incluidos aquellos que ofrecen ciertos tipos de criptoactivos, para captar capital sin costos de cumplimiento desproporcionados”.
Por lo que el presidente de la SEC, presionó al Comité para que considerara ir más allá de estos cambios iniciales del Reglamento A, y evaluara “cambios más amplios, así como revisiones específicas, con el objetivo de convertir el marco en un régimen regulatorio eficaz para todo tipo de emisores” que obviamente incluyan a los activos digitales.
Por su parte la Comisionada Peirce, en dicha reunión frente a los miembros del Comité dijo que la Regulación A, aunque “es una vía para que las pequeñas empresas recauden capital, pero las fricciones son altas”.
Peirce pasó a explicar que “cuando un emisor decide realizar una oferta bajo la Regulación A, primero debe elegir entre el Nivel 1 y el Nivel 2. Ninguna opción es completamente satisfactoria. Los emisores que ofrecen y venden valores bajo el Nivel 1 de la Regulación A pueden recaudar hasta 20 millones de dólares en un período de 12 meses y tienen menos obligaciones de divulgación continua, pero no se benefician de ninguna forma de primacía sobre la ley estatal”.
La comisionada de la SEC, dijo que “Sin primacía sobre la ley estatal, los emisores deben registrar o calificar su oferta en cualquier estado en el que deseen ofrecer o vender valores, un proceso que puede ser costoso, lento y confuso”.
La comisionada Peirce, también abordó puntos clave de la Regulación A que produjeron más preguntas para el Comité, con las cuales sus miembros deben buscar la forma de optimizar la regulación a fin de mejorar el desempeño de la Ley, evitando lo que ella llama “fricciones asociadas con las ofertas de la Regulación A”.
El interés del liderazgo de la SEC es permitir desarrollar una forma de abrir un espacio clave para que las startups blockchain y criptoempresas incipientes en Estados Unidos, tengan una vía para conseguir capital sin más limitaciones que aquellas propias de la Ley de Valores de 1933.