La semana pasada, Bolivia volvió a ser noticia tras los problemas políticos y económicos que atraviesa el país, porque el presidente Luis Arce, anunció que se levantaría la prohibición de usar criptomonedas como medio de pago para mitigar la falta de divisas que ha afectado a la nación andina.
Como se recordará, tras la llegada a la presidencia en noviembre de 2020, Arce decidió prohibir el uso de criptoactivos (monedas digitales o virtuales), argumentando que no eran monedas de curso legal respaldadas por país alguno, pasando desde entonces a formar parte del pequeño grupo de naciones en el mundo que han vetado las criptomonedas para sus ciudadanos.
De allí que el 15 de diciembre de 2020, el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de la Resolución de Directorio N° 144/2020, resolvió prohibir las criptomonedas determinando en su texto los alcances de dicha decisión.
En el mes de mayo de ese mismo año, el BCB informó que “en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1670 y a objeto de evitar riesgos y fraudes a la población en general, resolvió a través de Resolución de Directorio N° 144/2020 de 15 de diciembre de 2020, prohibir el uso de criptoactivos (monedas digitales o virtuales), al no constituirse en monedas de curso legal”.
Asimismo, el BCB, en el mismo texto de la resolución antes señalada, recomendó a los ciudadanos de ese país a evitar el uso, comercialización y negociación, de activos digitales “ya que estas se emiten de manera anónima y ante casos de fraude, estafas o pérdidas a sus tenedores, no existen garantías que resguarden la inversión”.
A comienzos de 2022, el BCB emitió un nuevo comunicado para recordar a sus ciudadanos que “a fin de evitar riesgos y fraudes a la población en general”, se encontraba todavía vigente “la Resolución de Directorio N° 144/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, que prohíbe el uso, comercialización y negociación de criptoactivos (monedas digitales o virtuales) en el sistema de pagos nacional”.
Posteriormente en 2023, el BCB emitió otro comunicado donde informaba que se había desestimado la impugnación de índole administrativa en contra de la Resolución de Directorio N° 144/2020, declarando que dicha resolución continuaba en fuerza y vigor.
Pero este año, en medio de una enorme crisis económica agravada por la escasez de dólares y combustible, debido a una importante caída de las exportaciones de gas, su principal fuente de ingresos hasta 2021, el gobierno boliviano decidió dar marcha atrás y levantar el veto a las criptomonedas.
La crisis económica boliviana, está pasando factura al presidente Arce, que recientemente vivió un intento de golpe de Estado, en el que el militar golpista justificaba su accionar producto del profundo descontento de la población y del crecimiento de la pobreza en dicho país.
Cuando el presidente Arce, instituyó la prohibición de las criptomonedas, la economía del país gozaba de buena salud a pesar de estar enfrentando la pandemia como el resto del mundo. Bolivia, tenía un contrato para la exportación de gas natural a Argentina que comenzó en 2006 hasta nuestros días, lo que le permitía tener un constante flujo de caja y equilibrio fiscal.
Sin embargo, con la llegada del presidente Javier Milei a Argentina, el contrato de exportación de gas hacia ese país, tuvo marcada una fecha en el calendario para su finalización, lo que coincidencialmente se unió al declive de la producción de hidrocarburos en Bolivia, que ha venido cayendo desde 2021.
Esta falta de flujo de caja desequilibró las cuentas fiscales y borró millones de dólares de las arcas del banco central que eran utilizados por los sectores productivos y comerciales para comprar bienes importados, obligando al BCB a tocar sus reservas internacionales para controlar la liberación de divisas dentro de su economía y controlar la devaluación de su moneda.
A medida que se limitaba la oferta de dólares para la compra e hizo su aparición, el mercado negro de divisas, los bienes terminados comenzaron a escasear trayendo consigo un gran problema político-económico de dimensiones colosales, que comenzaron con el aumento de los precios y la inflación. Estos problemas así como otras discrepancias distanciaron a Arce de su mentor, el expresidente Evo Morales.
Esta situación que derivó en un intento de Golpe de Estado, obligó al presidente boliviano a revisar su política hacia las criptomonedas. Según el propio Arce, el levantamiento de la prohibición de las criptomonedas, podría ser un paso significativo para la estabilizar la economía de su país.
De allí que el BCB, publicó la semana pasada una Resolución de Directorio N°082/2024, de fecha 25 de junio de 2024, que deja sin efecto la Resolución de Directorio N°144/2020, de 15 de diciembre de 2020, habilitando, con el objetivo de habilitar el uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) para operaciones de compra y venta de Activos Virtuales.
Cuyo texto final, en su cuarta revisión publicada, habilitó el uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) para operaciones de compra y venta de Activos Virtuales, mediante “la regulación de los SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV) conforme a la política pública que se defina en el contexto boliviano”.
El objetivo final del BCB, no sólo es la modernización de su sistema financiero para adaptarlo a los cambios de la región andina, sino también para atraer capital extranjero, ya que el presidente boliviano considera que las criptomonedas podrían ser una solución para los desafíos macroeconómicos del país sudamericano.
Para muchos analistas, las perspectivas positivas de El Salvador con el Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal desde 2021, también el cómo ese país ha atraído inversión extranjera, podrían haber jugado un papel clave en el reticente presidente Arce, que antes no veía con buenos ojos las criptomonedas.
Sin duda que, esta apertura a los activos digitales, podría servir de incentivo a criptoinversores, tanto individuales como corporativos, que estén pensando en diversificar sus activos en mercados emergentes como el boliviano.
Por otro lado, los envíos de remesas de la diáspora boliviana -a pesar de no ser tan grandes como la de otros países de la región- han aumentado hasta marcar nuevos récords de acuerdo al Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, el cual señaló que en 2023, aumentaron hasta los 1.287 millones de dólares, superando los envíos anteriores.
Por razones obvias, las criptomonedas ofrecen una manera más rápida y barata a los bolivianos para recibir las remesas de sus familiares en el exterior, lo que podría mejorar considerablemente la calidad de vida en los hogares bolivianos que reciben fondos del extranjero.
Asimismo, las criptomonedas podrían impulsar el comercio electrónico como ya ha sucedido en otros países alrededor del mundo. No obstante, aunque las criptomonedas podrían generar de forma notable nuevos ingresos para el estado, lo cierto es que no hay que dejar de lado las posiciones de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de Pagos Internacionales (BPI), por sólo citar algunos.
Estos organismos, han mantenido una postura crítica contra las criptomonedas, advirtiendo a los países del mundo, que la volatilidad de los activos digitales, se puede expandir al sector financiero y producir una crisis sin precedentes en los países. Asimismo el Banco Mundial, el FMI y el BPI, entre otros, han advertido que la adopción de los activos digitales, por parte de los gobiernos puede desestabilizar sus balanzas de pagos.
Ello según estos organismos, tendría consecuencias no previstas que podrían afectar incluso las reservas internacionales y la estabilidad del tipo de cambio en los países que optan por incorporar las criptomonedas volátiles, como un factor macroeconómico más a considerar en sus economías. Sin embargo, sólo el tiempo dirá si esta medida fue correcta o no para atender la coyuntura actual.