En un giro histórico para el ecosistema de los activos digitales en Eurasia, la Duma Estatal de Rusia ha aprobado en primera lectura un paquete legislativo que redefine la relación del Kremlin con el ecosistema cripto.
Bajo el título de ley “Sobre la Moneda Digital y los Derechos Digitales”, el gobierno de Vladímir Putin ha decidido que el Bitcoin (BTC) ya no es un enemigo, sino una herramienta de Estado, siempre y cuando el Banco Central de Rusia (CBR, «por sus siglas en inglés») sostenga las llaves del reino.
Es por ello, que durante la sesión del martes, unos 327 diputados de la Duma Estatal votaron a favor de la medida según la agencia TASS, debido a que el país se encuentra atravesando un contexto de sanciones internacionales asfixiantes y en este caso, Bitcoin se ha convertido en el salvavidas perfecto para el comercio exterior, pero una amenaza latente si circula libremente entre sus ciudadanos.
No obstante, la nueva normativa otorga poderes casi omnipotentes al Banco Central de Rusia para que a partir de ahora, la institución liderada por Elvira Nabiullina no solo otorgue las licencias para operar, sino que también tendrá la facultad de vetar transacciones y decidir qué criptomonedas son “aptas” para el suelo ruso.
Este proyecto de ley aprobado en Rusia, supuestamente está orientado a aumentar la transparencia del mercado de criptomonedas, mediante el establecimiento de estándares para la prestación de servicios y proteger los derechos e intereses de los inversores, aunque la realidad es muy evidente.
Además, se introducen los conceptos de “circulación de moneda digital”, “organización de la circulación de moneda digital”, “circulación de derechos digitales” y hasta el de “organización de la circulación de derechos digitales”.
Aunque no se queda allí, porque luego define a las personas que tienen derecho a realizar actividades en la Federación de Rusia relacionadas con la organización de la circulación de moneda digital y la organización de la circulación de derechos digitales.
Asimismo, determina requisitos de entrada que son tan estrictos que parecen diseñados para un club exclusivo de élite, ya que para que una moneda como Solana (SOL) o Ethereum (ETH) pueda ser negociada legalmente, debe demostrar un historial de cinco años, una capitalización media de 5 billones de rublos y volúmenes de comercio diario que superen el billón de rublos.
Concretamente, esta métrica deja fuera a miles de proyectos innovadores, concentrando el mercado en un puñado de activos que el Estado considera “controlables”, pero el aspecto más contradictorio de la ley es el reconocimiento de las criptomonedas como “propiedad”.
El vicepresidente del Comité de Presupuesto e Impuestos de la Duma Estatal, Kaplan Panesh de la facción LDPR, dijo: “Ahora definimos claramente: la moneda digital es propiedad. Esto significa que puede defenderse ante los tribunales, incluirse en los patrimonios concursales y tenerse en cuenta en los divorcios. Este es un paso crucial para la protección legal de millones de personas que ya poseen este tipo de activos”.
Básicamente, esto otorga a los ciudadanos el derecho a defender sus activos en juicios de divorcio o procesos de bancarrota, una victoria para la seguridad jurídica. Sin embargo, las criptomonedas en Rusia siguen vetadas para su uso comercial y de pagos, así que está estrictamente prohibido usarlas para pagar por un café, un coche o cualquier servicio dentro del país.
De allí que, como siempre ha sido el rublo —y su próxima versión digital— es la única moneda soberana doméstica en la economía rusa que se puede usar mientras que Bitcoin queda relegado a ser un activo de inversión bajo vigilancia o un combustible para que las empresas rusas paguen importaciones estratégicas en el extranjero, esquivando el sistema SWIFT.
No obstante, por extraño que parezca no todos en Moscú celebran la rigidez del proyecto ya que la Asociación de Bancos Rusos (ARB, «por sus siglas en inglés») ha alzado la voz, advirtiendo que este marco legal podría ser un “tiro en el pie”.
Los banqueros comerciales, que ven en las criptomonedas una fuente de comisiones y nuevos servicios, temen que las exigencias de capital y ciberseguridad sean tan altas que solo los gigantes estatales puedan sobrevivir, monopolizando el sector.
“Una regulación excesivamente estricta en comparación con las prácticas globales no logrará los objetivos de la ley”, advirtió la Comisión para la Protección de la Competencia, por lo que el temor es real, ya que si el Estado aprieta demasiado la tuerca, los inversores no se irán al sistema legal; simplemente se hundirán más profundamente en la “zona gris” del mercado P2P informal, donde el FSB tiene más difícil llegar.
Para prevenir esto y sobre todo como un mensaje para aquellos que decidan ignorar las nuevas reglas, el gobierno ha preparado un correctivo severo porque a partir de julio de 2027, organizar la circulación ilegal de criptomonedas podría acarrear penas de hasta siete años de prisión y multas millonarias.
Además, la ley que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio de 2026, introduce una vigilancia sin precedentes ya que los ciudadanos rusos están obligados a declarar sus billeteras en el extranjero ante el Servicio Federal de Impuestos (FNS, «por sus siglas en inglés»), algo que incluso el inversor minorista “de a pie” debe hacer por lo que se sentirá el control.
Por otro lado, con un límite de compra anual de apenas 300.000 rublos (menos de 4.000 dólares) para los no cualificados, el Kremlin busca evitar una fuga de capitales masiva que debilite la moneda nacional.
Algunos analistas señalan que Rusia está intentando un experimento ambicioso y peligroso, porque quiere aprovechar la descentralización del Bitcoin para pelear su guerra económica externa, mientras impone una centralización absoluta en su mercado interno.
Por otro lado, es muy curioso que la ley actual ni siquiera mencione las stablecoins, algo que los bancos están pidiendo a gritos que se regulen, porque saben que para el comercio exterior y para protegerse de la volatilidad, un USDT o una moneda vinculada al oro es mucho más útil que un Bitcoin que sube y baja un 10% en un día.
Ahora bien, quedará por ver si esta nueva Ley, logrará sacar a la economía cripto de la clandestinidad P2P o si, por el contrario, provocará un éxodo masivo hacia plataformas extranjeras y redes anónimas.