Filipinas se encuentra en una encrucijada histórica a pesar de haberse consolidado como el noveno país con mayor adopción de criptomonedas a nivel global en el Índice de Chainalysis, las islas se han convertido en un hervidero de transacciones minoristas, donde la Web3 y las remesas digitales forman parte de la vida cotidiana.
Sin embargo, este crecimiento exponencial ha chocado de frente contra el muro de la maduración regulatoria y contra las recientes directrices del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, «por sus siglas en filipino») que han dejado claro que la era del “Lejano Oeste” cripto en el archipiélago ha llegado a su fin.
El último memorándum firmado por la Subgobernadora del BSP, Lyn Javier, ha causado gran impacto en el ecosistema local al prohibir taxativamente el listado y soporte de criptomonedas que mejoran el anonimato, conocidas formalmente como privacy coins (entre ellas, Monero [XMR] y Zcash [ZEC]).
Pero el golpe no se limita sólo a las monedas de la privacidad, porque también el banco central ha impuesto un riguroso régimen de debida diligencia para todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs, «por sus siglas en inglés») autorizados.
El BSP ha obligado a los VASP a que tengan implementar auditorías estrictas y sistemas de alerta temprana que gatillen la delación o exclusión de activos ante caídas de liquidez, brechas de seguridad o sospechas de fraude.
También el BSP ha recordado a inicios de mayo a los usuarios filipinos a que sólo utilicen VASP autorizados por las regulaciones del país y a que desconfíen de todos aquellos VASP que no posean una licencia aprobada para operar en Filipinas.
Para las empresas del sector, operar en Filipinas se ha transformado en un juego de ajedrez burocrático de alta complejidad, porque el ecosistema local está gobernado por una hidra de dos cabezas reguladoras que actúan de forma independiente pero complementaria.
Por un lado, el BSP fiscaliza los canales de pago y las remesas a través de las licencias VASP y por el otro, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, «por sus siglas en inglés») de Filipinas supervisa los activos que califiquen como valores bajo las directrices CASP (Proveedores de Servicios de Criptoactivos).
La presión comenzó a asfixiar a los operadores internacionales desde mediados del año pasado, cuando la SEC promulgó la Circular Memorándum N.° 5, cuya norma obligó a las plataformas a mantener un capital pagado mínimo de 1,8 millones de dólares (unos ₱100 millones de pesos filipinos) y a almacenar los datos de los usuarios estrictamente dentro de las fronteras nacionales.
La consecuencia inmediata fue una purga en el sector de los VASP, con el bloqueo fulminante del acceso a gigantes offshore como OKX, Bybit, Kraken y KuCoin. Para el Blockchain Council of the Philippines, este blindaje regulatorio genera una “ventaja competitiva para los actores con licencia local”, empujando de manera forzosa a los usuarios hacia canales institucionales que cumplen con la normativa.
No obstante, para el usuario de a pie, la salida de los grandes criptointercambios globales representa una pérdida drástica de liquidez y opciones de diversificación, porque la prohibición de Monero y Zcash ha encendido el debate entre la filosofía libertaria de la blockchain y la cruda realidad macroeconómica del país.
De hecho, Filipinas es una economía estructuralmente dependiente de las remesas que envían los millones de trabajadores filipinos en el extranjero (OFWs, «por sus siglas en inglés»). De manera que, ese país no puede arriesgarse a entrar en las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para mantener los corredores de remesas internacionales abiertos y fluidos, el BSP ha preferido sacrificar el anonimato de los usuarios en el altar de la transparencia financiera global. Es por ello, que el endurecimiento del panorama filipino queda perfectamente retratado en la odisea de Binance para reconquistar el mercado local.
Tras haber sido vetado por la SEC, el mayor criptointercambio del mundo intentó un sutil regreso a través de una alianza con la firma local BlockShoals Technologies Inc., obteniendo una aprobación preliminar bajo el ecosistema regulatorio controlado (sandbox) denominado StratBox.
Pero, la respuesta del BSP fue un balde de agua fría institucional, porque el banco central aclaró con firmeza que ni Binance ni su socio local poseen una licencia VASP, sentenciando que “la participación en el sandbox no sustituye la licencia del banco central”.
Con una reclasificación a cuestas por parte de la SEC como “proveedor global de servicios” en lugar de VASP, BlockShoals enfrenta ahora un ultimátum de 90 días para integrarse con una plataforma doméstica con licencia si aspira a operar.
La lección para Wall Street y las firmas globales es dura ya que, simplemente en Filipinas no hay atajos regulatorios. Además, mientras las autoridades cercan la libertad transaccional de los ciudadanos bajo el argumento de la protección al consumidor, las esferas políticas del país avanzan en una dirección opuesta y sorprendente.
Y es que, en el Senado filipino avanza el Proyecto de Ley 1330, una propuesta legislativa que busca colocar el presupuesto nacional de obras públicas directamente on-chain mediante tecnología blockchain, una iniciativa que surge como respuesta directa a la indignación popular tras destaparse desvíos e irregularidades por un valor aproximado de 9.200 millones de dólares en el gasto público.
La ironía es mayúscula, porque mientras el Estado restringe y vigila los monederos digitales de sus ciudadanos eliminando las monedas de privacidad, se ve obligado a adoptar la transparencia inmutable de la contabilidad distribuida para vigilarse a sí mismo y contener sus propios escándalos de corrupción.
La pregunta que se hacen todos, es: ¿Qué les depara a los millones de usuarios filipinos? Los expertos señalan que las medidas del BSP no destruirán el interés por las criptomonedas, sino que fragmentarán el mercado.
Mientras los usuarios institucionales y de clase media-alta migrarán hacia plataformas locales hiper-reguladas como GCash o Maya, los entusiastas de la privacidad y los inversores independientes se verán arrastrados hacia los mercados P2P (persona a persona) y las finanzas descentralizadas (DeFi) no custodiadas, donde el alcance del brazo del BSP es técnicamente limitado.
Filipinas ha decidido trazar una línea con el objetivo de domesticar el criptomundo para convertirlo en una extensión segura de su sistema bancario tradicional, ahora, está por verse si esta estricta receta de control logrará proteger la estabilidad financiera del archipiélago o si terminará por sofocar la innovación en uno de los laboratorios cripto más vibrantes del planeta.