Este martes, la gobernadora republicana de New Hampshire, Kelly Ayotte, firmó un proyecto de ley que permite al tesorero del estado invertir en criptomonedas y metales preciosos, convirtiéndose en el primer proyecto de ley de reserva de criptomonedas en Estados Unidos en ser promulgado por un gobernador.
La gobernadora Ayotte realizó el anuncio en las redes sociales sobre la promulgación de la Ley HB 302 que permitiría al Tesorero del Estado de New Hampshire “invertir en criptomonedas y metales preciosos”.
En New Hampshire, apenas fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley 302 (HB 302), oficialmente denominado como “Ley relativa a la autorización del tesoro estatal para invertir en metales preciosos y activos digitales«, fue firmada por la gobernadora Ayotte para convertirse en ley.
Ambas cámaras legislativas de New Hampshire aprobaron la HB 302, la cual se faculta al Tesorero de ese Estado para invertir fondos estatales en metales preciosos (como oro y plata) y activos digitales (incluidas criptomonedas con una capitalización de mercado superior a 500.000 millones de dólares, lo que actualmente significa principalmente invertir en Bitcoin).
Básicamente, el objetivo principal es diversificar la cartera de inversiones del estado y establecer una cobertura contra la inflación y la inestabilidad económica tradicional mediante la tenencia de activos alternativos.
Además, esto sienta las bases para la creación de una reserva estratégica de activos digitales y metales preciosos para el Estado de New Hampshire. Vale destacar, que la legislación exige el desarrollo de un marco claro para la adquisición, gestión y almacenamiento seguro de estos activos, por lo que esto es tan sólo, el primer paso.
New Hampshire is once again First in the Nation!
Just signed a new law allowing our state to invest in cryptocurrency and precious metals. pic.twitter.com/ua9bawZKbM
— Governor Kelly Ayotte (@KellyAyotte) May 6, 2025
La aprobación de la Ley HB 302 tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes supone un paso significativo para que New Hampshire se convierta potencialmente en el primer Estado de Estados Unidos en invertir oficialmente en criptomonedas como parte de su tesorería estatal.
Esta aprobación contrasta con el veto de la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, que el pasado viernes, rechazó un proyecto de ley similar para ese estado, que habría permitido que el fondo de jubilación del Estado invirtiera en criptoactivos como Bitcoin, pero Hobbs las calificó de “inversiones no probadas”.
La gobernadora demócrata de Arizona cuestionó que generalmente, la materia de los fondos de jubilación, es delicada y puede convertirse en una fuente de ansiedad para particulares, empresas y gobiernos, por lo que se deben reforzar esos fondos de jubilación con buenas inversiones.
Según Hobbs, hacer buenas inversiones con esos fondos, podría impulsar los programas de jubilación de los sectores público y privado. Sin embargo, considera que invertir en criptomonedas no es una inversión apropiada.
En concreto, la ley SB 1025 de Arizona que permitiría al Tesorero del Estado, al Sistema de Jubilación del Estado de Arizona y al Sistema de Jubilación del Personal de Seguridad Pública invertir apenas hasta un 10% de los fondos de jubilación en activos digitales, fue rechazada por la gobernadora Hobbs.
En todo caso, la reacción a la aprobación en New Hampshire de esta Ley que sienta las bases para la reserva de activos digitales, ha sido mixta y habrá que esperar unos días más para tener un panorama real de las diversas repercusiones en otros Estados de EEUU.
Obviamente, esta decisión de New Hampshire está generando tanto interés como cautela en ambas toldas políticas (republicanos y demócratas). Sin embargo, no cabe duda que la aprobación de la Ley HB 302 tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en New Hampshire podría servir como un precedente para que otros Estados exploren estrategias similares.
Actualmente, la economía estadounidense está presentando ciertos signos que exigen a cualquier administrador de fondos públicos o privados, realizar una correcta diversificación de inversiones para mantener saneadas sus reservas.
Es claro, que aquellos estados (principalmente republicanos) con una visión más abierta hacia los activos digitales o que busquen alternativas a las inversiones tradicionales podrían considerar legislar en la misma dirección que New Hampshire.
Del mismo modo, esto podría sentar las bases para que se genere una competencia sana entre los diferentes Estados por ser pioneros en la adopción de nuevas tecnologías financieras, lo que a su vez, se traducirá en un mayor impulso hacia la innovación sobre la forma en que los Estados gestionan sus finanzas y activos.
Por otro lado, es evidente que la llegada de este caudal de fondos entrando al ecosistema de los activos digitales, podría contribuir a una mayor adopción institucional o por lo menos a que regrese la mayor parte del capital institucional que en estos primeros meses abandonó las criptomonedas.
De allí que, con un mayor interés por parte del capital institucional y ahora público en las criptomonedas, decididamente influirá en la percepción y regulación a nivel federal, haciendo que haya una mayor presión para la claridad regulatoria federal en torno a la tenencia y gestión de criptomonedas por parte de entidades gubernamentales.
Pero por otro lado, estos fondos indudablemente, enfrentarán ciertos riesgos y volatilidad del mercado, por lo que es probable que muchos Estados en EEUU, se mantengan cautelosos de entrar en la inversión en activos digitales.
Sobre todo, hay que destacar el escepticismo mostrado por la mayor parte de los demócratas hacia los activos digitales, lo que podría frenar la entrada masiva de todos los estados en el mercado.
Y es que, hasta que no exista, un marco regulatorio federal claro para los activos digitales podría generar dudas legales y operativas en otros estados a la hora de implementar estrategias similares.
Por lo que, es probable que a lo largo de 2025 veamos un debate continuo y un análisis cuidadoso en otros Estados acerca de esta medida aprobada por New Hampshire, en la que se evaluarán los posibles beneficios y riesgos de seguir su ejemplo.