El viernes de la semana pasada, Michael J. Saylor, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa MicroStrategy, publicó en su sitio Web personal, una propuesta de marco regulatorio para las criptomonedas para Estados Unidos, con la cual busca que ese país mantenga el liderato del ecosistema.
A strategic digital asset policy can strengthen the US dollar, neutralize the national debt, and position America as the global leader in the 21st-century digital economy—empowering millions of businesses, driving growth, and creating trillions in value. https://t.co/7n7jQqPkf1
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 20, 2024
Saylor hizo pública su propuesta en un mensaje de su cuenta en la red social X, donde indicó: “Una política estratégica de activos digitales puede fortalecer el dólar estadounidense, neutralizar la deuda nacional y posicionar a Estados Unidos como líder mundial en la economía digital del siglo XXI, empoderando a millones de empresas, impulsando el crecimiento y creando billones de dólares en valor”.
Destaca en el documento titulado “Marco, principios y oportunidades de los activos digitales para Estados Unidos”, que el empresario e inversor de Bitcoin (BTC), propone que se establezca “una reserva de Bitcoin capaz de crear entre 16 y 81 billones de dólares en riqueza para el Tesoro de Estados Unidos, proporcionando una vía para compensar la deuda nacional”.
El documento tiene cinco puntos claros y definidos que establecen los lineamientos básicos para una regulación del ecosistema en Estados Unidos. Como primer punto de la propuesta puesta en la mesa por Saylor, crea la Taxonomía de los criptoactivos, donde define las clases de activos digitales a ser regulados en ese país.
El documento señala que “establecer una taxonomía clara y universalmente comprendida de los activos digitales es fundamental para avanzar en las políticas y fomentar la innovación”. Los tipos de activos digitales que deberán ser regulados por esa propuesta de Saylor, son 6 clases diferentes.
Estos son identificados como: 1) Producto digital: definidos como “un activo sin un emisor, respaldado por poder digital (por ejemplo, Bitcoin)”; 2) Valor digital: definido en la propuesta como “un activo con un emisor, respaldado por un valor (por ejemplo, acciones, deuda, derivados)”; 3) Moneda digital: establecido como “un activo con un emisor, respaldado por moneda fiduciaria”.
4) Token digital: definido como “un activo fungible con un emisor, que ofrece utilidad digital”; 5) NFT digital: establecido como “un activo no fungible con un emisor, que ofrece utilidad digital (token no fungible)” y 6) ABT digital: definido como “un activo con un emisor, respaldado por un activo físico (por ejemplo, oro, petróleo, productos agrícolas)”.
Como segundo punto, la propuesta de Saylor, aborda la Legitimidad de los activos digitales, estableciendo derechos y responsabilidades a través de un marco sólido que “es esencial para que los emisores, las bolsas y los propietarios participen en los mercados de activos digitales con confianza”.
En este punto, aclara que el camino hacia la legitimidad es “establecer un proceso global, en tiempo real e ininterrumpido para la emisión, el comercio y la posesión de activos digitales por parte de personas, corporaciones y máquinas”.
Y para ello, señala que para los Emisores de criptoactivos, deben existir derechos, que les permitan “crear y emitir activos digitales” y responsabilidades que garanticen “una divulgación justa y un comportamiento ético” de estos actores.
Asimismo, explica que las Bolsas o criptointercambios, también poseen derechos que les permitan “custodiar, comerciar y transferir activos entre clientes y otras bolsas” y responsabilidades explícitas que les obliguen a “publicar divulgaciones de activos, proteger los activos de los clientes y evitar conflictos de intereses”.
De igual modo, los Propietarios son sujetos de derechos y responsabilidades, estableciendo que estos deben tener derechos a “autocustodiar, comerciar y transferir sus activos” e indica que deben tener entre sus responsabilidades “cumplir con las leyes locales aplicables”.
Este punto sobre la Legitimidad, está basado en el “Principio fundamental: nadie tiene derecho a mentir, engañar o robar” y también señala que “todos los participantes son responsables civil y penalmente de sus acciones”.
Como tercer punto, la propuesta de Saylor, aborda la Practicidad de las regulaciones, que deben estar enfocadas en su “cumplimiento racional para potenciar la innovación”, priorizando “la eficiencia y la innovación por sobre la fricción y la burocracia”.
A partir de este punto, establece una serie de lineamientos, como las divulgaciones estandarizadas que deben tener definida “una estructura de datos para cada clase de activo digital para constituir una divulgación pública justa”.
También, establece que el “cumplimiento liderado por la industria”, permitirá que las bolsas o los criptointercambios, “recopilen y publiquen datos de activos como un servicio para la industria y los inversores” y también señala que deben existir “límites de costos”.
Estos deben ser impuestos al “cumplimiento de emisión” para “limitar los costos a no más del 1% de los activos bajo gestión para emitir un activo” pero también al “cumplimiento de mantenimiento”, de manera que se puedan “limitar los costos a no más de 10 puntos básicos anuales para mantener una lista de activos”.
Asimismo, la propuesta de Saylor, señala que debe existir una “emisión simplificada” que pueda “eliminar a los reguladores de la ruta crítica de la emisión de activos digitales. Empoderar a las bolsas para que brinden servicios integrados a los emisores, propietarios y otras bolsas”.
Como cuarto punto, Saylor en su propuesta habla de la Visión del marco regulatorio, comenzando por señalar que “Estados Unidos tiene la oportunidad de catalizar un renacimiento de los mercados de capitales del siglo XXI, generando billones de dólares en creación de valor”.
Con este marco regulatorio, se busca que existan “emisiones rápidas” de activos digitales, con “reducción de costos”, basados en la “expansión del acceso” a todo tipo de inversor en Estados Unidos, abriendo “los mercados de capitales a 40 millones de empresas (en comparación con las 4000 empresas públicas actuales)”.
Además, con estos lineamientos, habrá una “participación más amplia” que “permita empoderar a las pequeñas empresas, artistas, celebridades y empresas medianas para recaudar capital a través de activos tokenizados”, lo que abrirá una ventana de oportunidades en ese país.
También, aborda la tokenización de las “materias primas, bienes raíces, arte, empresas, equipos, artículos de colección, propiedad intelectual y marcas”, junto a la creación de “instrumentos financieros como acciones, deuda, derivados y divisas en activos digitales”, sumados a “productos, servicios y proyectos que aporten valor a los clientes, inversores y seguidores”.
Finalmente, en el quinto punto de la propuesta de Saylor, se enfoca en la “oportunidad” que significa “establecer a Estados Unidos como líder digital global”. El documento dice, que “una política estratégica de activos digitales puede fortalecer el dólar estadounidense, neutralizar la deuda nacional y posicionar a EEUU como líder global en la economía digital del siglo XXI”.
También señala que “el dólar estadounidense como moneda digital de reserva global” podría “hacer crecer los mercados de divisas digitales de 25 mil millones de dólares a 10 billones de dólares, creando una demanda masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos” e impulsaría el crecimiento del capital digital desde los más de 2 billones de dólares actuales “a 280 billones de dólares, con inversores estadounidenses captando la mayor parte de esta riqueza”.
Esto podría poner a EEUU a la cabeza del “liderazgo en activos digitales”, que tendría su propia “reserva estratégica de Bitcoin” con entre 16 y 81 billones de dólares en riqueza basada en criptoactivos para el Tesoro del país, proporcionando una vía para compensar la deuda nacional.
Por lo que Saylor señala que se debe “aprovechar la oportunidad que ofrecen los activos digitales”. No cabe duda que estos lineamientos son ambiciosos, así como también sus alcances pero aún quedará por ver, cómo los miembros del Congreso y la administración del presidente electo, Donald J. Trump, asimilan los lineamientos propuestos.