La Ley CLARITY no pasó el bloqueo demócrata en el Senado de los Estados Unidos

Por
Søren Lund
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La Ley CLARITY no pasó el bloqueo demócrata en el Senado de los Estados Unidos

Este martes, el bloqueo de la Ley CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act) en el Senado de los Estados Unidos marcó un hito crítico en el tortuoso camino hacia la regulación integral de los activos digitales.

Lo que estaba planteado como el intento legislativo más ambicioso para dotar de una estructura federal al mercado cripto se convirtió en un choque frontal entre visiones políticas, intereses bancarios tradicionales y profundas discrepancias sobre la ética en la función pública.

Lamentablemente, en el pleno del Senado se reunió con la vista puesta en superar la moción de cierre de debate (cloture), la barrera procedimental que requería una mayoría cualificada de 60 votos para proceder a la consideración formal del texto.

Una aritmética política que desde antes presagiaba una jornada compleja, pero el desenlace dejó al descubierto la absoluta falta de consenso de un proyecto de ley de más de 600 páginas e innumerables revisiones, ya que la votación procedimental concluyó con un 49-50, quedando a 11 votos de la distancia requerida.

Por un lado, el Bloque Demócrata fue unánime en su postura en contra, ya que ningún senador de la bancada demócrata votó a favor del avance de la medida. Incluso legisladores influyentes que previamente habían respaldado iniciativas sectoriales —como la Ley GENIUS sobre stablecoins— alinearon sus votos en contra.

Asimismo, las disidencias dentro de las propias filas republicanas estuvieron a cargo de cuatro senadores del Partido Republicano que se sumaron al rechazo unánime de los Demócratas: Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Missouri), Jerry Moran (Kansas) y Thom Tillis (Carolina del Norte).

En la estrategia parlamentaria, destacó el voto negativo del senador Tillis, que fue calificado como un movimiento táctico, ya que al formar parte de la mayoría vencedora en el procedimiento, quedó habilitado para presentar formalmente una moción de reconsideración, manteniendo técnicamente la medida en el registro aunque su viabilidad a corto plazo haya quedado pulverizada.

 


Ahora bien, muchas figuras cripto a tempranas horas todavía impulsaban a los senadores a que formaran parte de la historia, como lo hizo Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, que en su cuenta de la red social X, envió un mensaje bastante de apoyo.

“Los senadores eligen una de dos opciones hoy: 1. votar a favor de la Ley de CLARITY para promover la innovación, proteger a los consumidores, imponer nuevas restricciones éticas a los funcionarios electos y crear nuevas herramientas para la aplicación de la ley contra las finanzas ilícitas, o 2. votar en contra y dejar que otros países lideren en la construcción del futuro de las finanzas. La historia —y el votante de cripto— no lo olvidará”.

Sin embargo, sus palabras fueron en vano porque la discusión de la Ley CLARITY en el senado, fracasó. Obviamente, este colapso fue en parte culpa de las negociaciones sin resolver en tres frentes clave como lo eran: las cláusulas éticas, la banca comunitaria y el equilibrio institucional entre reguladores.

Primero, el nudo gordiano de las cláusulas éticas fue por mucho, el punto de mayor fricción política se concentró en la regulación de los conflictos de interés de los altos funcionarios del Gobierno federal.

Más que nada, las contrapropuestas demócratas exigían mandatos estrictos de desinversión (divestment) en activos digitales para el propio presidente, el vicepresidente y demás miembros del Congreso.

Si bien es cierto, que los textos modificados a última hora incluían restricciones a la emisión de tokens por parte de funcionarios y otorgaban capacidad de demanda a los fiscales generales estatales, la bancada demócrata consideró insuficientes las salvaguardas.

Como segundo punto clave, estuvo la contraofensiva de la banca comunitaria, ya que la industria bancaria tradicional desplegó un intenso cabildeo en las horas previas a la votación, para evitar que las stablecoins tomaran relevancia.

Las disposiciones la Clarity Act que habrían permitido a los emisores e intermediarios de stablecoins remunerar o transferir rendimientos a los usuarios generaron una fuerte oposición de los bancos comunitarios, que advirtieron que tales esquemas amenazaban con drenar los depósitos locales, encareciendo la concesión de créditos a pequeñas empresas y al sector agrícola.

Y como tercer punto, la búsqueda del equilibrio institucional (SEC vs. CFTC), ya que el proyecto planteaba trasladar el peso de la supervisión de los mercados al contado e intermediarios hacia Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, «por sus siglas en inglés»).

Los detractores argumentaron que transferir la tutela a una agencia de menor envergadura frente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés») equivalía a rebajar las exigencias de supervisión financiera.

 


El propio Armstrong, estuvo frustrado con el resultado de la jornada en el Capitolio, al indicar: “La Ley de CLARIDAD no avanzó en el Senado hoy, lo que fue una decepción. Aunque es posible que las conversaciones bipartidistas continúen y sobreviva para pelear otro día, ya no podemos esperar más al Congreso”.

“La SEC y la CFTC tienen las herramientas que necesitan para crear reglas claras bajo su autoridad existente, y espero que comiencen a trabajar en esto de manera seria. Así que la claridad está llegando al crypto sin importar qué”.

“Y por supuesto, GENIUS ya es la ley de la tierra para las stablecoins, que es aún más permisiva en cuanto a recompensas. Hubo algunas concesiones que hicimos en CLARITY que fueron difíciles de tragar, así que tal vez sea lo mejor. El crypto no puede ser desinventado. Con la claridad emergiendo a través de los reguladores, continuaremos actualizando el sistema financiero”.

La parálisis legislativa tuvo una repercusión inmediata en la cotización de los principales activos y empresas del sector cripto. Bitcoin (BTC) experimentó un retroceso del 4%, perdiendo el soporte de los 76.000 dólares en un contexto de cautela previo a las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal.

Paralelamente, las acciones de empresas cotizadas vinculadas al sector, como Coinbase o empresas con reservas corporativas en BTC, sufrieron severas caídas, ya que con la vía legislativa cerrada hasta, como mínimo, el desenlace de las elecciones de mitad de mandato (midterms), el marco regulatorio estadounidense queda supeditado a la vía ejecutiva.

 


Compañías consolidadas como Ripple han señalado que la ausencia de la ley no altera la claridad jurídica lograda de forma individual para activos como XRP, catalogado como materia prima digital en interpretaciones de los organismos reguladores y CEO, Brad Garlinghouse, se mostraron desilusionados con lo sucedido.

“1/ Este duele. Nuestro equipo dio todo lo que teníamos para llevar la Ley de Claridad a la meta. Lo mismo hizo la mayor parte de la industria. Esta era una oportunidad más grande que Ripple o una sola empresa: lo hicimos por la industria, por los consumidores y para consolidar la posición de EE.UU. como la capital cripto del mundo y como líder en el futuro de las finanzas. Al final, los consumidores y la competitividad de EE.UU. quedaron atrás”.

“2/ Hay que hacer un análisis post mortem de por qué esto falló (hablaré más de eso en los próximos días). La política de los demócratas (el ejército anti-cripto) se impuso sobre una buena política”.

“3/ Todavía hay razones para el optimismo sobre las cripto en Estados Unidos. Ahora, la SEC, bajo la presidencia de Atkins, y la CFTC, bajo la presidencia de Selig, seguirán trabajando duro para emitir reglas que llenen el vacío legislativo, y nosotros continuaremos participando activamente en ese proceso de elaboración de reglas”.

“4/ El negocio de Ripple nunca ha estado más fuerte: demanda real en las finanzas tradicionales y el ecosistema de activos digitales. Un voto fallido en Washington no cambia nuestro impulso, nuestra huella global ni a nuestros clientes”.

 


En Grayscale, al menos se mostraron más esperanzados de conseguir un desenlace positivo a largo plazo, al señalar: “Hoy, el Senado no avanzó la Ley de CLARITY hacia un debate formal. Aunque este no fue el resultado que esperábamos, la industria continúa logrando avances notables gracias al trabajo continuo de los reguladores como la SEC y la CFTC”.

“Grayscale sigue comprometida con el avance de reglas claras y completas para los activos digitales y continuaremos trabajando de manera constructiva con los responsables de políticas y reguladores para que la política cripto de EE.UU. siga madurando”.

No obstante, para la totalidad del ecosistema en Estados Unidos, la supervisión recaerá de nuevo de forma exclusiva en el proceso de elaboración de normas (rulemaking) impulsado por los presidentes de la SEC y la CFTC, Paul Atkins y Mike Selig, perpetuando una fragmentación regulatoria frente a jurisdicciones internacionales que ya cuentan con leyes marco aprobadas.

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