El bloqueo en el Senado estadounidense de la Ley CLARITY —tras rechazar la moción para cerrar el debate con un ajustado resultado de 49 votos a favor y 50 en contra— encendió de inmediato las alarmas en el sector financiero digital, ya que de nada valieron los Superpac como el de Fair Fairshake para promover las criptomonedas dentro del Capitolio.
Ante el estancamiento legislativo, referentes de la industria como Brian Armstrong, Michael Saylor, Brad Garlinghouse y el propio presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), Paul Atkins, no tardaron en señalar la existencia de una alternativa, citando que: si el Congreso no puede aprobar un marco legal integral, las agencias reguladoras aún pueden ofrecer directrices claras mediante la elaboración de reglamentos (rulemaking).
Sin embargo, JPMorgan ha lanzado un balde de agua fría sobre este optimismo institucional, advirtiendo que no es igual ni tiene la misma trascendencia, ya que en una nota dirigida a sus clientes, el gigante bancario advirtió que la viabilidad de este “plan B” es sustancialmente más frágil de lo que el mercado pretende admitir.
La tesis de la entidad es contundente al indicar que un aterrizaje suave cimentado únicamente en resoluciones administrativas carece de la solidez que ofrece una ley aprobada por el Congreso, dejando a la industria expuesta a severos giros políticos y disputas judiciales. En este punto, hay que precisar que el JPMorgan representa al sector TradFi opuesto a estas regulaciones.
El debate de fondo se centra en la durabilidad del marco normativo. Mientras firmas de análisis como Bernstein se muestran optimistas respecto a la velocidad con la que la actual SEC podría promulgar nuevas normas, reconocen al mismo tiempo que la Ley CLARITY representaba un “escudo infalible” frente a futuros vaivenes políticos.
My thanks go to everyone who put so much effort into the CLARITY Act— across the Administration, Congress, investors, and innovators. Our collective conviction that America must continue to lead is indispensable.
I have been unequivocal: with or without legislation, we will act…
— Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) September 16, 2026
Atkins, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, dijo: “Mis agradecimientos van dirigidos a todos los que pusieron tanto esfuerzo en la Ley de CLARIDAD —a lo largo de la Administración, el Congreso, los inversores y los innovadores”.
“Nuestra convicción colectiva de que Estados Unidos debe seguir liderando es indispensable. He sido inequívoco: con o sin legislación, actuaremos de manera decisiva dentro de la autoridad estatutaria de la SEC para brindar certeza a los inversores estadounidenses y a los emprendedores que están moldeando nuestro futuro tecnológico. Manténganse atentos”.
El problema, es que a diferencia de una ley federal, que requiere un amplio consenso parlamentario para ser promulgada o derogada, las reglamentaciones emitidas por agencias como la SEC o la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, «por sus siglas en inglés») dependen de la voluntad política directiva del momento, en otras palabras “dependen de la administración de turno que esté al frente del Despacho Oval de la Casa Blanca”.
El historial reciente lo demuestra, ya que en 2025, la Comisión desestimó la acción coercitiva contra Coinbase y abandonó la estrategia de “regulación mediante la aplicación de la ley” característica de la administración previa.
Si bien esta postura pro-innovación trajo alivio temporal al mercado, JPMorgan subraya que este mismo mecanismo opera en sentido inverso, porque un cambio de liderazgo tras una transición presidencial en Washington podría deshacer todo el progreso mediante un simple cambio de criterio administrativo.
A este riesgo de reversibilidad política se suma el factor judicial, porque tras la revisión del derecho administrativo por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, las interpretaciones reglamentarias de las agencias gubernamentales son más vulnerables que nunca a ser impugnadas y revocadas en las cortes federales.
Indudablemente, la advertencia de JPMorgan cobra mayor relevancia al analizar la estructura de cada criptoactivo en particular, exponiendo una clara asimetría de riesgos en el mercado. Por ejemplo, con XRP (XRP) y altcoins de alto riesgo regulatorio, el riesgo es alto ya que XRP encabeza el listado de activos más vulnerables a la falta de una ley federal.
Aunque el litigio entre Ripple y la SEC sentó un precedente importante tras la sentencia de la jueza Analisa Torres y el posterior retiro de las apelaciones en 2025, dicha resolución se fundamenta en un fallo de un tribunal de distrito y en la interpretación particular de las agencias, no en un estatuto legislativo.
Al no contar con una ley aprobada por el Congreso que delimite su estatus, XRP, Solana (SOL) e incluso Ethereum (ETH) —debido a sus funciones de staking y modelos de gobernanza— continúan expuestos a que un futuro regulador reabra interrogantes sobre si sus esquemas constituyen contratos de inversión.
Solo Bitcoin es visto como refugio normativo, puesto que este activo digital se encuentra en el extremo opuesto, gracias a que está consolidado como un bien digital (commodity), Bitcoin carece de interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de su emisión.
Aunque no es inmune a las políticas macroeconómicas ni a reglamentaciones secundarias sobre custodia o intermediarios, un cambio de directiva en la SEC plantearía desafíos marginales en comparación con el resto del ecosistema.
La elaboración de normas por parte de la SEC puede ofrecer un alivio inmediato a la volatilidad del mercado y permitir el desarrollo operativo a corto plazo. Sin embargo, para el gran capital institucional —aquel que evalúa inversiones con horizontes a cinco o diez años— la distinción entre claridad reglamentaria y certeza legislativa es ciertamente, bastante crítica.
El naufragio de la Ley CLARITY deja al mercado cripto ante una tregua regulatoria potencialmente efímera, ya que mientras la seguridad jurídica de la industria dependa de quién ocupe la presidencia de los organismos reguladores en Washington, la prima de riesgo estructural se mantendrá elevada, recordando a los inversores que las normas de una agencia son tan duraderas como la administración que las promulga.