Este martes, el Reino Unido ha informado que cortará de raíz el flujo de dinero ilícito que atraviesa sus arterias económicas hacia sus centros financieros y para ello, el gobierno británico, en una acción coordinada entre el Ministerio del Interior (Home Office) y el Tesoro de Su Majestad, ha hecho pública la nueva «Estrategia contra el Blanqueo de Capitales y la Recuperación de Activos 2026-2029».
Esta hoja de ruta trienal contempla una inversión de al menos 500 millones de libras esterlinas (equivalentes a cerca de 740 millones de dólares) procedentes del Impuesto sobre Delitos Económicos, destinada a desplegar a 500 nuevos agentes especializados e integrar inteligencia artificial en las labores de fiscalización y persecución penal.
La magnitud del desafío justifica la envergadura de la respuesta. De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, «por sus siglas en inglés»), cada año se blanquean más de 100.000 millones de libras esterlinas en el Reino Unido o a través de sus complejas estructuras corporativas.
Esta cifra no solo refleja la audacia de los grupos de delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, el fraude y el tráfico de personas, sino también el uso creciente de sofisticadas herramientas tecnológicas.
Las autoridades británicas han identificado a las criptomonedas, la tecnología financiera (fintech) y la inteligencia artificial (IA) como los principales vectores que aceleran y multiplican la amenaza de la financiación ilícita global.
Por lo que deciden trazar una estrategia centrada en la recuperación de activos y la tecnología y para ello, el eje vertebrador de la nueva estrategia del Reino Unido es despojar a las redes delictivas de los beneficios económicos que alimentan sus operaciones.
A lo largo del trienio de aplicación del plan, las fuerzas del orden —incluidas la policía local, la NCA y la Fiscalía de la Corona (CPS, «por sus siglas en inglés»)— contarán con personal dedicado exclusivamente a rastrear y congelar fondos criminales.
Entre los objetivos prioritarios del primer año figura el desmantelamiento de las redes internacionales de blanqueo de capitales profesionales, con especial atención a las tramas de origen ruso.
Para potenciar este enfoque operacional, el gobierno creará la Oficina de Recuperación de Activos dentro de la estructura de la NCA y lanzará un programa piloto de colaboración público-privada. Asimismo, se otorgarán a la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido (UKFIU, «por sus siglas en inglés») nuevas facultades legislativas para agilizar la recopilación de datos y procesar el creciente volumen de informes de actividades sospechosas (SAR, «por sus siglas en inglés»).
La innovación tecnológica ocupará un papel estelar en la modernización de los controles, ya que de cara al tercer año de despliegue, el registro mercantil británico (Companies House) estará plenamente integrado como un guardián activo del sistema.
El organismo desplegará herramientas operativas de inteligencia artificial para la verificación de identidad en investigaciones en vivo, mientras que la NCA ejecutará análisis prospectivos encaminados a anticipar el uso indebido de las tecnologías emergentes por parte del crimen organizado.
La ofensiva gubernamental del gobierno británico encaja de forma precisa con el endurecimiento de la supervisión que viene ejecutando la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, «por sus siglas en inglés»).
Dentro de las reformas estructurales anunciadas, la FCA asumirá en 2028 la consolidación de la supervisión contra el blanqueo de capitales de sectores clave como la abogacía, la contabilidad y los proveedores de servicios fiduciarios y corporativos, garantizando un marco regulatorio homogéneo y sin las fisuras que históricamente han aprovechado los facilitadores profesionales.
Por otro lado, la FCA mantiene una postura cada vez más rigurosa sobre el sector de los activos digitales y la intermediación financiera, con la implementación de directrices de cumplimiento más estrictas y la exigencia de autorización previa a firmas extranjeras que atiendan a clientes minoristas en territorio británico, el regulador busca atajar el fraude y la promoción ilícita en el entorno digital.
Esta determinación del gobierno británico ya ha quedado patente en el balance del primer año de la estrategia quinquenal de la propia FCA, que entre las acciones desarrolladas destaca una operación internacional coordinada contra promociones ilegales efectuadas por personas influyentes del ámbito financiero (finfluencers), que derivó en arrestos y cientos de solicitudes de retiro de contenido en plataformas de redes sociales.
Del mismo modo, el organismo ha impuesto multas de gran alcance a entidades bancarias tradicionales —como la sanción de 42 millones de libras a Barclays por deficiencias en sus controles de prevención—, dejando claro que el rigor normativo se aplicará sin distinciones tanto al sistema bancario clásico como a las plataformas de nueva generación.
El gobierno británico argumenta que la nueva estrategia parte de resultados consolidados, ya que durante el ejercicio fiscal 2025/26, las autoridades registraron 3.158 interrupciones de financiación ilícita (un aumento del 15 % respecto al periodo anterior) y 4.085 condenas por blanqueo de dinero (un 11 % más).
En materia de incautaciones, se recuperaron 345,3 millones de libras esterlinas y se denegaron 1.100 millones de libras a estructuras delictivas, permitiendo además la devolución de 26,1 millones de libras directamente a las víctimas de fraudes.
Sin embargo, voces independientes han señalado que la inyección de recursos y los cambios organizativos deben traducirse en transformaciones prácticas en la aplicación de la ley por parte de los organismos de la corona británica.
Desde el Royal United Services Institute (RUSI), que es el centro de estudios sobre defensa y seguridad más antiguo del mundo, fundado en 1831 por el primer duque de Wellington, sus analistas en seguridad financiera advierten de que las mejoras legislativas y la burocracia documental no impiden por sí solas la entrada de capitales ilícitos en la economía real.
El RUSI subraya que el éxito real del plan dependerá de cómo las fuerzas del orden fortalezcan la colaboración con el sector de las fintech, las empresas de criptoactivos y los servicios profesionales, pasando del mero intercambio pasivo de información a una respuesta coordinada e interdisciplinaria.
Adicionalmente, se cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de un modelo de financiación basado predominantemente en gravámenes a las empresas reguladas y si además del frente internacional y cibernético, la estrategia aborda el impacto local del blanqueo de dinero mediante medidas destinadas a revitalizar el comercio minorista.
Concretamente, a través de iniciativas dirigidas a combatir comercios fachada en las áreas comerciales —como establecimientos ilegales de vapeo o barberías clandestinas que sirven de tapadera para el flujo de efectivo no declarado—, las autoridades buscan cortar las ramificaciones comunitarias del crimen organizado.
Con la adición de 500 agentes dedicados, herramientas avanzadas de IA y un perímetro de supervisión cada vez más amplio bajo la tutela de la FCA, el Reino Unido busca resguardar la reputación e integridad de su centro financiero internacional.
La combinación de una regulación más exigente para las plataformas financieras y una persecución penal enfocada en los activos marca el comienzo de una etapa donde la tecnología será, simultáneamente, el mayor desafío de cumplimiento y la principal herramienta de control.