Ciberataques, sabotaje, presión sobre servicios esenciales y operaciones de influencia amplían el campo de batalla. ENISA sitúa a las administraciones públicas como el sector más atacado de la UE mientras crece el debate sobre la dependencia tecnológica europea
Las guerras ya no necesitan comenzar con un ataque militar para afectar al funcionamiento de un país.
Interrumpir sistemas de transporte, comprometer una cadena de suministro, bloquear servicios públicos o atacar infraestructuras digitales puede provocar consecuencias capaces de alterar la actividad económica y cotidiana de millones de personas.
La denominada guerra híbrida ha convertido por ello la infraestructura tecnológica en una pieza estratégica para Europa.
El problema adquiere especial relevancia en un continente cuyos servicios esenciales —energía, transporte, telecomunicaciones, banca o administraciones públicas— dependen cada vez más de sistemas digitales y, al mismo tiempo, mantienen una importante dependencia de proveedores tecnológicos externos.
Los últimos datos europeos muestran que la amenaza no es únicamente teórica.
El informe ENISA Threat Landscape 2025, que analiza 4.875 incidentes registrados entre julio de 2024 y junio de 2025, sitúa a las administraciones públicas como el sector más atacado de la Unión Europea, concentrando el 38,2% de los incidentes. Le siguen transporte, con un 7,5%; infraestructura y servicios digitales, con un 4,8%; y finanzas, con un 4,5%.
Además, el 53,7% de los incidentes analizados afectó a entidades consideradas esenciales bajo la Directiva NIS2.
De los tanques a los sistemas informáticos
Para Sancho Lerena, CEO de la tecnológica española Pandora FMS y especialista en gestión y monitorización IT, la transformación del escenario bélico obliga a ampliar el concepto tradicional de seguridad.
“El concepto bélico ha cambiado. Ya no solo hablamos de tanques y soldados, sino de acciones en el entorno digital que pueden colapsar un país”.
El objetivo de un ataque ya no tiene por qué consistir necesariamente en destruir físicamente una infraestructura.
Alterar su funcionamiento puede resultar suficiente.
Una operación contra sistemas informáticos vinculados al transporte, la energía, los servicios financieros o las telecomunicaciones podría provocar interrupciones con consecuencias que se extiendan mucho más allá de la organización directamente afectada.
“Los servicios esenciales cada vez están más en el foco de los ciberataques y su caída dejaría en situación de vulnerabilidad a toda una sociedad”, sostiene Lerena.
La creciente interconexión introduce además un riesgo adicional: un incidente originado en un proveedor puede propagarse a otras organizaciones a través de la cadena de suministro tecnológica.
174 actores de amenazas bajo vigilancia
Los datos de CERT-EU muestran además una evolución significativa del escenario.
Durante 2025, el servicio de ciberseguridad de las instituciones de la Unión Europea identificó al menos 174 actores de amenazas, frente a los 110 registrados durante el año anterior.
El ciberespionaje y las operaciones de prepositioning —actividades destinadas a conseguir acceso o establecer capacidades que podrían utilizarse posteriormente— representaron el 38% de la actividad observada.
La explotación de vulnerabilidades en sistemas accesibles desde Internet continuó siendo además uno de los principales vectores de entrada.
CERT-EU identificó 198 productos de software utilizados por entidades de la UE que fueron atacados o explotados durante 2025, frente a los 110 del año anterior. Firewalls, VPN y otros dispositivos situados en el perímetro de las redes estuvieron entre los principales objetivos.
La tendencia continúa. En su informe correspondiente a agosto de 2026, CERT-EU recoge una campaña vinculada a actores de origen chino que priorizó infraestructuras gubernamentales expuestas a Internet y realizó actividades de explotación a escala internacional.
China y Rusia aparecen entre los principales actores
La atribución de un ciberataque constituye uno de los problemas más complejos de la ciberseguridad y debe manejarse con cautela.
Sin embargo, cuando CERT-EU analiza únicamente la actividad para la que existen evaluaciones de atribución procedentes de fuentes consideradas fiables, los actores vinculados a China representan la mayor proporción, seguidos de cerca por grupos relacionados con Rusia.
Sus patrones de actividad tampoco son idénticos.
Los actores relacionados con China destacaron durante 2025 por la explotación a gran escala de vulnerabilidades y los compromisos de cadenas de suministro. Los vinculados a Rusia mantuvieron especialmente su actividad contra Ucrania y contra países europeos que apoyan al país.
Este contexto explica que la ciberseguridad haya dejado de ser únicamente una cuestión empresarial para convertirse también en un elemento de política exterior y seguridad nacional.
El peligro de paralizar sin destruir
Una de las características de las operaciones híbridas es precisamente que permiten ejercer presión sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar convencional.
Ciberataques, sabotaje, espionaje, campañas de desinformación o presión económica pueden combinarse con otras acciones dependiendo de los objetivos perseguidos.
Esto no significa que cualquier ciberataque contra una infraestructura crítica pueda considerarse automáticamente parte de una campaña de guerra híbrida.
Determinar quién está detrás de un incidente y cuáles son sus objetivos requiere evidencias específicas.
Pero la digitalización proporciona nuevos mecanismos mediante los que un actor hostil puede intentar provocar disrupciones.
Lerena pone como ejemplo los sistemas de transporte.
“Un ciberataque puede alterar el buen funcionamiento del sistema de transportes y dejar paralizada a toda España. Lo mismo ocurre con la energía”.
El especialista recuerda también que situaciones de indisponibilidad tecnológica en sistemas bancarios o aeropuertos han demostrado hasta qué punto una interrupción puede generar rápidamente incertidumbre entre los ciudadanos.
La infraestructura financiera también entra en el tablero
La transformación afecta especialmente al sector financiero.
Banca digital, pagos instantáneos, plataformas de inversión, infraestructuras blockchain, tokenización de activos, stablecoins y futuras monedas digitales de bancos centrales están aumentando progresivamente la dependencia de sistemas tecnológicos para mover y custodiar valor.
La digitalización puede aportar eficiencia y reducir fricciones, pero también amplía la superficie tecnológica que necesita protección.
En este contexto, la resiliencia de la infraestructura digital pasa a formar parte de la propia estabilidad financiera.
Un ataque no necesita necesariamente robar dinero para resultar dañino. Interrumpir temporalmente sistemas de pagos, impedir el acceso a determinados servicios o comprometer proveedores críticos puede tener consecuencias económicas significativas.
El otro problema europeo, la dependencia tecnológica
La discusión va más allá de la ciberseguridad.
El propio Interinstitutional Cybersecurity Board de la UE advierte de que la creciente dependencia de soluciones digitales está ampliando la superficie de ataque, mientras los cambios en el mercado tecnológico internacional generan preocupaciones relacionadas con la soberanía digital, la seguridad de las cadenas de suministro y la dependencia excesiva de proveedores no europeos.
Pandora FMS considera que Europa debería responder aumentando la inversión en compañías tecnológicas propias.
“Hay demasiada burocracia y poca confianza en las empresas tecnológicas europeas”, afirma Lerena.
El directivo reclama que empresas y administraciones presten mayor atención a herramientas europeas de seguridad, monitorización y gestión de infraestructuras.
Su planteamiento introduce una cuestión que está adquiriendo cada vez mayor importancia estratégica.
No basta con preguntarse si una tecnología es segura.
Europa también empieza a preguntarse quién la desarrolla, quién puede acceder a ella, dónde se almacenan los datos y qué ocurriría si un proveedor crítico dejara de estar disponible.
De la ciberseguridad a la soberanía digital
El escenario obliga a reconsiderar qué significa proteger una infraestructura crítica.
Durante años, gran parte de la estrategia empresarial de ciberseguridad estuvo concentrada en impedir el robo de información, proteger credenciales o evitar infecciones de malware.
Esos riesgos siguen existiendo, pero ahora conviven con una amenaza diferente: la posibilidad de utilizar la tecnología como instrumento para provocar una disrupción económica o social.
La respuesta europea está avanzando hacia mayores exigencias de resiliencia y protección de las organizaciones consideradas esenciales. El hecho de que más de la mitad de los incidentes estudiados por ENISA afecten precisamente a entidades incluidas en el ámbito de NIS2 demuestra la dimensión del desafío.
Para Europa, además, la discusión tiene dos dimensiones inseparables.
La primera consiste en reforzar la capacidad para detectar, resistir y recuperarse de los ataques.
La segunda es reducir dependencias tecnológicas que puedan convertirse en vulnerabilidades estratégicas.
Porque en un escenario de guerra híbrida la infraestructura digital ya no es únicamente la herramienta con la que funciona una sociedad.
También puede convertirse en el terreno sobre el que se desarrolla el conflicto.