La semana pasada, unos dieciocho fiscales generales republicanos y el Fondo Educativo DeFi (DEF, «por sus siglas en inglés»), entablaron una demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), donde se acusa a esa agencia de sobrepasar su autoridad establecida en las leyes con el fin de regular los activos digitales a nivel estatal.
Es así como los fiscales generales de Kentucky, Nebraska, Tennessee, Virginia Occidental, Iowa, Texas, Misisipi, Montana, Arkansas, Kansas, Misuri, Indiana, Utah, Luisiana, Carolina del Sur, Oklahoma y Florida junto a los abogados del DEF, presentaron el jueves pasado una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky contra la SEC, por su reiterativa política de ejercer acciones de cumplimiento contra la criptoindustria.
En el comunicado del DEF, se señala que la gota que rebasó el vaso, ocurrió el mes pasado cuando, la plataforma de juegos blockchain Immutable, fundada en 2018, anunció en un comunicado en su sitio Web, que había recibido un Aviso de Wells de la SEC, que obviamente, es la notificación que emite esa agencia reguladora, para informar que en lo sucesivo podría iniciar una acción de cumplimiento en contra de esa empresa.
De acuerdo con Immutable, el Aviso de Wells de la SEC apenas incluía algunos detalles mínimos, pero se acusaba a la plataforma de juegos blockchain, de violar las leyes de valores al cotizar y vender de forma privada sus tokens Immutable (IMX) en 2021. La SEC alegó que en una publicación de su blog de 2021 estaba la clave de cómo violaba las leyes de valores.
La SEC dice que Immutable en esa publicación indicaba que una inversión previa al lanzamiento realizada en el token IMX a un precio de $0,10 ($10 antes de la división 100:1) era inexacta y daba a entender que no hubo intercambio de valor entre las partes. Sin embargo, Immutable cuestionó su argumento y explicó que si hubo una contraprestación real para los compradores.
Immutable, dijo que la SEC pudo haberse “enterado a través de un diálogo constructivo con la empresa” de los detalles acerca de la contraprestación. No obstante, el Aviso de Wells, llegó una semana después de una primera reunión de la SEC con la criptoempresa de carácter informativo.
Es por ello que Immutable, considera que el envío por parte de la SEC de esa notificación fue demasiado rápido, ya que es usual que este proceso se prolongue por más tiempo, mientras se efectúan más discusiones o entrevistas sobre los detalles del posible caso.
La DEF, dijo en su comunicado que la Comisión “continúa afirmando indiscriminadamente que los tokens son valores”, lo que es un ejemplo más de la continua dependencia de la SEC de la “regulación por aplicación de la ley”.
Además, agregó que “el caso ilustra cómo el hecho de no participar en la elaboración de normas y proceder mediante acciones de aplicación de la ley vagas ata a las empresas a costosas batallas legales, sofocando la innovación y castigando conductas sin la claridad adecuada sobre lo que constituye una infracción”.
Tras este nuevo ataque a la criptoindustria por parte de la SEC, los fiscales generales de estos 18 estados republicanos, demandaron a la agencia, pidiendo al tribunal que declare que una “transacción de activos digitales no es un contrato de inversión”.
Igualmente, los fiscales solicitaron al juez una orden para que se impida a la Comisión continuar presentando cargos a futuro “basados en el fracaso de las plataformas de activos digitales que facilitan dichas transacciones secundarias para registrarse como bolsas de valores, distribuidores, corredores o agencias de compensación”.
Estos fiscales, señalan que cada uno de estos estados ha creado sus propias normas para regular el espacio de las criptomonedas y están fomentando el crecimiento de la criptoindustria, por lo que no permitirán más presiones contra la misma.
Adicionalmente, en la demanda contra la SEC, se acusan tanto a su presidente, Gary Gensler, como a los comisionados de la agencia como parte de los impulsores de esta agresiva política contra las empresas criptográficas.
De hecho, Gensler en innumerables entrevistas, declaraciones públicas y discursos, ha manifestado que la mayoría de las criptomonedas son valores, destacando que apenas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), no lo son. El presidente de la SEC, ha afirmado que las empresas de criptomonedas emisoras de estos activos digitales deben registrarse y seguir las reglas de la agencia.
Por su parte, las criptoempresas han acusado muchas veces a la SEC, su presidente y los comisionados, de no proveer una vía adecuada para hacer el correspondiente registro. Además, dado que estos activos digitales no cotizan en los mercados bursátiles tradicionales, estas criptoempresas consideran que no deben cumplir con la mayoría de esos onerosos requisitos.
Para terminar de poner las cosas más oscuras, la SEC desde hace unos años para acá ha venido presentando una serie de casos contra grandes empresas, Coinbase, Ripple Labs, Binance, Kraken, entre otras.
La SEC ha argumentado que las criptomonedas deben ser consideradas un valor, cuando cumplan con la definición de “contrato de inversión” establecido en la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de 1934.
El Test de Howey, establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1946, cuyos criterios contemplan que cualquier transacción debe ser considerada una inversión en un contrato de inversión, en caso que cumpla con cuatro criterios: 1) la inversión de dinero es esencial, 2) se espera obtener beneficios, 3) esos beneficios dependen del esfuerzo de terceros y 4) los inversores no tienen control sobre el resultado de la inversión.
No obstante, la denuncia encabezada por el fiscal general de Kentuky, Russell Coleman junto al resto de los fiscales generales contra la SEC, su presidente y comisionados, también menciona el Test de Howey, señalando que la agencia reguladora de los mercados en EEUU, constantemente la pone como excusa para interponer acciones de cumplimiento contra las empresas de criptomonedas.
Por ello, los fiscales generales rechazaron la aplicación del Test de Howey por parte de la SEC, afirmando que existe una distinción entre “obligaciones continuas” y simplemente un activo, como lo son los activos criptográficos.
Los fiscales dicen en el texto de la denuncia: “esa distinción tiene sentido, porque al vincular la venta de un activo con ese compromiso, un acre en un huerto de naranjos o una rata almizclera se vuelve poco diferente de una acción en una empresa de cultivo de naranjas o de una peletería. Pero sin esa vinculación, un activo es sólo un activo, y una rata almizclera es sólo una rata almizclera”.
Los fiscales también criticaron que la SEC, sin la autorización previa del Congreso, haya “buscado arrebatar unilateralmente la autoridad regulatoria a los estados a través de una serie de acciones de cumplimiento en curso dirigidas a la industria de activos digitales, basadas en la teoría de que prácticamente todas las compras y ventas de activos digitales son ‘contratos de inversión‘”.
Esta demanda pone en una situación delicada a la SEC, su actual presidente y comisionados, de cara a su sustitución a partir del próximo mes de enero cuando tome posición el presidente electo, Donald J. Trump.