La semana pasada, un nuevo informe elaborado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS, «por sus siglas en inglés»), advirtió sobre los efectos de inestabilidad en el sistema financiero que pueden introducir las stablecoins, así como la necesidad de estrictos requisitos de transparencia y de una coordinación y cooperación internacional más efectiva.
Dado que en la Unión Europea (UE), existe un marco regulatorio más estricto en comparación con la de terceros países, “una excesiva regulación puede tener efectos adversos en el desarrollo de los mercados de criptoactivos”, aunque hay evidencia que sugiere “que un marco regulatorio más estricto tiene efectos limitados pero positivos” en estos mercados.
De allí que, el texto del informe señala la posibilidad de que “la acción regulatoria de la UE debería generar beneficios en general”, mientras que por otro lado, aún se necesitan acciones políticas de terceros para complementar y fortalecer la estabilidad financiera.
Para la Comisaria de la UE, Mairead McGuinness, existe preocupación por la estabilidad financiera ante la falta de regulación en terceros países en comparación con el marco regulador Europeo. El informe del EPRS apunta inicialmente a Reino Unido y Estados Unidos, como fuentes de perturbación regulatoria.
De hecho, el informe señala que Reino Unido adoptó una legislación integral sobre criptoactivos, con un fuerte compromiso de convertirse en un “centro criptográfico” basado en el interés de atraer a los actores globales del ecosistema, pero esta nueva “ley no establece una regulación detallada sino que se deja en manos de las autoridades financieras nacionales”.
Casi de forma similar, en Estados Unidos, “los criptoactivos están sujetos al supervisor de los mercados financieros”, es decir, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), en caso que estos activos digitales califiquen como valor, una actuación que en “distintos casos han demostrado que dicha calificación podría variar, generando inseguridad jurídica”.
Sin embargo, para el EPRS el más estricto de los enfoques a nivel mundial es el adoptado por Japón desde junio de 2023, el cual para garantizar los derechos de los inversores responsabiliza a los intermediarios de las stablecoins a comprometerse a un reembolso a la par, así como a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y la protección de datos de los usuarios.
La ley japonesa de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, «por sus siglas en inglés»), exige que los emisores extranjeros de instrumentos de pagos electrónicos, deban mantener activos en Japón equivalentes a las stablecoins en circulación en ese país, haciendo que sea más difícil para los emisores extranjeros operar en ese país.
Por otro lado, en otras jurisdicciones el panorama regulatorio global de las criptomonedas es aún más heterogéneo, mostrando que no hay un solo enfoque, sino más bien una multiplicidad de perspectivas frente al aumento del uso de los criptoactivos y sus productos derivados.
De acuerdo al informe del EPRS, “al menos 19 jurisdicciones soberanas han tomado medidas al respecto”, cuyos “extremos van desde la prohibición total como en China de todas las actividades no estatales, incluida la prestación de servicios comerciales e infraestructura privada de TRD, hasta la aplicación gradual e incierta de los regímenes existentes a estos novedosos instrumentos, ya discutida, como en Estados Unidos”.
Ante este panorama, la UE ha adoptado un enfoque regulatorio único para el ecosistema criptográfico, pero es, uno de muchos que persiguen las ganancias potenciales de los activos digitales como las stablecoins, mientras espera lograr un equilibrio entre mitigar el riesgo e incentivar la innovación.
De allí que, el EPRS prácticamente sugiere en el informe, la necesidad de conseguir armonizar la regulación entre las principales jurisdicciones diferentes a la europea, que se encuentran “previamente fragmentadas en un entorno legal sólido y predecible”, en caso que, se pretenda “crear un mercado más grande para criptoactivos que promueva la emisión y las operaciones dentro de la UE”.
Para lograrlo, según el EPRS, se debe comenzar por recomendar una supervisión más amplia por parte de los reguladores para garantizar una mayor estabilidad y desarrollo en el mercado global de criptomonedas, tal y como lo ha sugerido el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que aboga por entornos regulatorios y de supervisión más favorables y menos estrictos.
En virtud de ello, se deben “fomentar nuevas fuentes de financiación para las empresas europeas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME)”, y también “proporcionar a los consumidores e inversores de la UE nuevos medios de intercambio y oportunidades de inversión para promover la tecnología financiera (FinTech) de la UE”.
Pero, el marco de cooperación global resultante, deberá buscar que se protejan a los usuarios “contra el dominio de las grandes empresas tecnológicas en la industria FinTech y los servicios financieros en general en la UE, así como el desarrollo de infraestructura DLT con sede en la UE a través del régimen piloto”.
En el informe se describe que el Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos, también conocido como Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que fue adoptado en junio de 2023 y entrará en aplicación gradualmente hasta diciembre de 2024, es capaz de distinguir entre “tokens de dinero electrónico” (EMT, «por sus siglas en inglés») y los “tokens referenciados a activos” (ART, «por sus siglas en inglés»).
Los EMT, “hacen referencia a una moneda oficial para mantener un valor estable”, mientras que los ART, “son token que no es dinero electrónico que hacen referencia a otro valor o un derecho que incluye una o más monedas oficiales”.
Además, MiCA define los criptoactivos como representaciones digitales de valores o derechos, almacenables y transferibles electrónicamente, utilizando tecnología de contabilidad digital (DLT, «por sus siglas en inglés»), pero también define y describe todos los elementos clave del ecosistema de los activos digitales.
No obstante, el informe es claro al advertir sobre las preocupaciones clave en los riesgos para el sistema financiero y la autonomía europea, especialmente debido a que sigue dependiendo de las acciones a nivel político tomadas por países no pertenecientes a la UE en el ámbito MiCA.
“La regulación actual en países no pertenecientes a la UE plantea dudas sobre la estabilidad financiera, ya que las instituciones financieras globales pueden ser incapaces de hacer frente a grandes variaciones de precios –volatilidad– y las pérdidas sufridas por los shocks en los mercados de criptoactivos”, indica el EPRS en su informe.
Asimismo, el EPRS, también señala que “la interconexión de los mercados financieros globales, el potencial de arbitraje regulatorio y las características descentralizadas de ciertos criptoactivos crean la necesidad de cierto grado de convergencia en la regulación entre jurisdicciones clave”.
El informe hace referencia a otros estudios de otros organismos multilaterales a nivel mundial, pero señala que una publicación de blog del Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte que “algunos científicos insisten en que los vínculos entre los mercados de criptoactivos y el sistema financiero regulado están aumentando”.
El FMI señala que los riesgos para la estabilidad financiera que plantean estos activos pronto podrían convertirse en un “riesgo sistémico”. Por lo que, la falta de coordinación de las medidas regulatorias es un factor de riesgo porque facilita flujos de capital potencialmente desestabilizadores.
En ese sentido, la propia comisaria McGuinness, destacó la necesidad de dicha interconexión, instando a los países no pertenecientes a la UE a legislar sobre criptoactivos como lo ha hecho Europa. Esto busca, mantener un marco regulatorio homogéneo que permita crear normativas similares a nivel global.
Debido a que, el EPRS sostiene que “MiCA tiende a tener efectos positivos esperados al haber formado un entorno empresarial mejorado con criptoactivos con atractivo para el mercado”. De allí que es posible que los lineamientos y las normas similares a MiCA, permeen a otras jurisdicciones en el mundo.