El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, «por sus siglas en inglés») y Binance protagonizaron el pasado 12 de noviembre dos anuncios paralelos que, a primera vista, parecían contar versiones distintas sobre el destino de los más de 6.000 millones de dólares robados a la plataforma de intercambio a finales de octubre.
Mientras el exchange informó que había completado la cobertura total de los activos afectados por el incidente de seguridad, la fiscalía estadounidense en un comunicado señaló la obtención de una autorización judicial para incautar y retener más de 1.200 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al mismo ataque.
Al contrario de lo que muchos pensaron, ambos reportes no se contradicen entre sí, sino que describen dos fases distintas dentro de la contención financiera y la persecución penal del mayor ciberataque registrado en la industria de los activos digitales.
La diferencia radica en el origen del capital utilizado para responder ante los clientes frente a la recuperación real de las monedas sustraídas en la cadena de bloques. En su comunicado oficial, Binance no afirmó haber recuperado el dinero de manos de los atacantes, sino haber cubierto la totalidad del déficit financiero con recursos propios.
Tras el robo ocurrido alrededor del 29 de octubre, la empresa destinó más de 6.340 millones de dólares para recomprar los tokens afectados tanto en el mercado abierto como mediante operaciones extrabursátiles (OTC, «por sus siglas en inglés»).
Para financiar esta inyección de liquidez, el exchange combinó un despliegue parcial de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU, «por sus siglas en inglés»), el excedente del fondo de seguros de futuros y su propia tesorería corporativa.
Binance has completed coverage of assets impacted in the security incident and we have published a new Proof of Reserves snapshot. Once the zero-knowledge proof is generated, users can independently verify that their assets are backed at a minimum of 1:1 – https://t.co/2cKzTtWddW. To our users and community: thank you for your patience and understanding.
— Binance (@binance) November 12, 2026
Con esa operación de respaldo, Binance publicó una nueva instantánea de Prueba de Reservas (PoR, «por sus siglas en inglés») correspondiente a las 00:00 UTC del 12 de noviembre, abarcando 198 tokens diferentes en custodia.
Según la compañía, una vez completado el cómputo de la prueba de conocimiento cero —un proceso que demora entre 40 y 50 horas—, los usuarios pueden verificar de forma independiente que sus saldos cuentan nuevamente con un respaldo mínimo de 1:1.
Paralelamente, la plataforma asumió el compromiso de reponer el fondo SAFU hasta alcanzar nuevamente los 1.000 millones de dólares estadounidenses y continúa reabriendo los retiros por fases.
Por su parte, el comunicado emitido por la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ en Washington detalló el avance de la investigación federal sobre los fondos efectivamente robados por un grupo de ciberpiratas al servicio del gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), mejor conocida como Corea del Norte.
Las autoridades estadounidenses atribuyeron el saqueo de más de 6.000 millones de dólares a miembros del ejército de la RPDC, que se dedican a realizar operaciones de robo y ciberataques en casi todo el mundo, identificados por el FBI bajo la denominación TraderTraitor.
Gracias a una acción coordinada entre la División de Seguridad Nacional, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS, «por sus siglas en inglés») de la División Penal, la Fiscalía del Distrito de Columbia, el Oficina Federal de Investigación (FBI, «por sus siglas en inglés»).
Junto al Servicio Secreto, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, «por sus siglas en inglés») y proveedores privados de servicios de activos virtuales (VASP, «por sus siglas en inglés»), se logró congelar más de 2.700 millones de dólares antes de que escaparan del alcance regulatorio y de esa cifra inmovilizada, el DOJ obtuvo una orden judicial federal que autoriza específicamente la incautación y retención de más de 1.200 millones de dólares.
En el marco procesal de Estados Unidos, esta medida no implica que el gobierno federal se apropie de los fondos para incorporarlos al presupuesto público, sino que coloca los activos bajo custodia legal del Estado para impedir que los atacantes los transfieran o los sometan a herramientas de ofuscación.

El procedimiento estándar establece que, tras la incautación y el posterior proceso judicial de decomiso civil o penal, un tribunal determina la titularidad legítima para restituir el capital a las víctimas acreditadas.
Dado que Binance ya absorbió la pérdida de cara a sus clientes con su propia tesorería, el exchange figura como el principal acreedor con derecho a reclamar esa restitución una vez concluyan los litigios federales.
El Subprocurador General Adjunto Principal para la Seguridad Nacional, M. Scott Proctor, subrayó que el régimen norcoreano financia su programa ilícito de armas mediante el robo de criptomonedas y aseguró que la división utilizará todos los recursos disponibles para confiscar y devolver esas ganancias ilícitas.
En la misma línea, el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva destacó que la rápida intervención de las fuerzas del orden permitió detener cerca de la mitad de esta filtración histórica, mientras que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, recalcó la respuesta directa frente a los grupos cibernéticos de Pionyang.
Desde Corea del Norte, la respuesta oficial llegó el 3 de noviembre a través de Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong Un, quien negó cualquier responsabilidad de su país en el ataque mediante un pronunciamiento difundido por los medios estatales.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, el rastro técnico en la cadena de bloques revela la complejidad de la red de blanqueo desplegada por TraderTraitor para mover el remanente no congelado.
De acuerdo con un informe de seguimiento publicado por la firma de análisis blockchain Elliptic, los operadores dispersaron los activos robados a través de casi 27.000 carteras digitales, utilizando al menos 16 cadenas de bloques distintas, 36 servicios financieros y más de 83.000 transacciones.
Para romper la trazabilidad entre el remitente y el destinatario en redes como Tron, Near y Solana, los atacantes recurrieron a la creación y uso de meme coins, operando mediante fondos de liquidez descentralizados que permitían intercambiar los fondos sustraídos sin dejar una transferencia directa entre billeteras.
Hasta mediados de noviembre, las estimaciones de Elliptic indicaban que los hackers habían convertido parte del botín en aproximadamente 4.100 bitcoins —valorados en unos 285 millones de dólares— y habían canalizado cerca de 11.000 ether hacia el mezclador Tornado Cash.
El paquete de medidas anunciado el pasado jueves por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Central de California incluyó también un golpe simultáneo contra otra operación norcoreana independiente denominada FaceStealer.
On October 29, $6.43 billion in cryptoassets was stolen from Binance, in what is almost certainly the largest theft of any kind in history. Elliptic has verified $2.84B (44%) frozen and believes North Korea-linked actors are behind it. Read the full breakdown ➡️ https://t.co/r2tacGTbjD
— Elliptic (@elliptic) October 30, 2026
Según el reporte oficial, este esquema de ingeniería social robó más de 400 millones de dólares durante los últimos 18 meses a usuarios del sector cripto y desarrolladores de software de código abierto.
Los atacantes —vinculados a células como Sapphire Sleet, UNC1069, Dangerous Password, CryptoCore, APT38, BlueNoroff y Stardust Chollima— utilizaban cuentas comprometidas para invitar a sus víctimas a videoconferencias donde reproducían grabaciones subrepticias de cámaras web de contactos previos y videos deepfake generados con inteligencia artificial.
Durante la llamada simulaban un fallo de audio para inducir a la víctima a descargar un supuesto parche que instalaba malware en su equipo. Como resultado de este operativo paralelo, liderado por la oficina del FBI en Los Ángeles, las autoridades incautaron la infraestructura en la nube de la red y más de 900 vídeos de cámaras web de las víctimas bajo orden judicial federal.

