Esta semana, los pasillos del Senado de los Estados Unidos no solo huelen al café cargado de las sesiones nocturnas, sino a una tensión legislativa que recuerda a los peores bloqueos de la era moderna.
La Ley CLARITY (o Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales), que llegó como la gran promesa de la administración del presidente Donald J. Trump para otorgar un puerto seguro a la innovación cripto, se encuentra hoy atrapada en un “triángulo de las Bermudas” jurisdiccional del que pocos creen que saldrá ilesa.
Lo que sobre el papel parecía una mayoría republicana lista para legislar, ha chocado con una realidad institucional implacable, que demuestra que en el Senado, el poder no solo se mide por escaños, sino por quién controla la narrativa de las comisiones.
Para entender por qué el panorama se ve tan “enlodado” alrededor de las discusiones de la Ley CLARITY en el Senado, hay que mirar el tablero de ajedrez donde tres comités poderosos reclaman su parte del botín regulatorio.
En un rincón está el Comité de Agricultura, donde su presidente, el republicano John Boozman (R-Arkansas), ha sido el arquitecto de un borrador que busca elevar a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, «por sus siglas en inglés») como el sheriff principal de Bitcoin (BTC) y otras materias primas digitales.
Para la industria, esto es el escenario ideal: un regulador históricamente más pragmático. Sin embargo, Boozman ya ha admitido “diferencias fundamentales” con los demócratas, liderados por el senador Cory Booker (D-Nueva Jersey), lo que sugiere que el consenso bipartidista es, en el mejor de los casos, un espejismo.
En el rincón opuesto, el Comité de Banca se resiste a soltar el control de cuestiones fundamentales relacionadas con la Banca y las criptomonedas, de hecho, bajo la influencia de voces como la de Elizabeth Warren (D-Massachusetts), el comité insiste en que la de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), mantenga su garra sobre el ecosistema y que las reglas para las stablecoins sean tan rígidas como las de la banca tradicional.

El senador Tim Scott (R-Carolina del Sur), quien preside el comité, intentó un avance rápido que terminó descarrilando la semana pasada debido a la falta de apoyo interno y la presión de grupos que consideran la ley demasiado laxa.
Pero el verdadero golpe de gracia ha venido de un flanco inesperado, el Comité Judicial, porque los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Dick Durbin (D-Illinois) han enviado una carta que ha caído como una bomba en el Capitolio, en el que su argumento es puramente jurisdiccional al advertir que cualquier ley que toque el código penal o las licencias de transmisión de dinero cae bajo su paraguas.
El punto de fricción es la Sección 604, conocida como la Ley de Certeza Regulatoria Blockchain. Esta disposición pretende proteger a los desarrolladores de software y validadores de nodos para que no sean responsables de cómo terceros usan su código, cuyo implementación busca proteger a los desarrolladores para evitar que se repita el traumático caso de Tornado Cash.
Para Grassley y Durbin, esto es inaceptable, por lo que afirman que esta sección crearía un “agujero negro” legal que los cárteles y actores ilícitos explotarían, impidiendo que el Departamento de Justicia persiga el lavado de dinero.
Al reclamar jurisdicción, el Comité Judicial impone un riesgo sistémico al proyecto, porque si la ley debe pasar por tres aprobaciones de comité diferentes antes de llegar al pleno, las probabilidades de que muera por mil cortes —o simplemente por falta de tiempo antes del receso— son astronómicas.
A este caos estructural se suman las “enmiendas salvajes” presentadas tarde el viernes por el bloque demócrata, las cuales no son correcciones de estilo; sino que son cambios de ADN, cambios que se pueden definir como estructurales.
Las propuestas como la de la senadora Amy Klobuchar (D-Minnesota), que exigiría un quórum completo de comisionados en la CFTC antes de que cualquier normativa entre en vigor, podrían congelar la ley en la práctica durante años mediante el simple bloqueo de nombramientos.
Otras enmiendas, como la prohibición de que altos cargos gubernamentales (incluyendo al Presidente) posean o transen criptoactivos para evitar conflictos de interés, introducen un componente ético-político incendiario que desvía la discusión técnica hacia una pelea de barro partidista.
Como si el pantano político no fuera suficiente, Washington se prepara para una tormenta de nieve épica que comienza este fin de semana. Con el Senado fuera de sesión la semana pasada, muchos legisladores están atrapados en sus estados. Si los miembros clave del Comité de Agricultura no logran aterrizar a tiempo para la audiencia del martes, el impulso podría disiparse por completo.

Además, el reloj de la deuda sigue corriendo, y hay que recordar que el gobierno estadounidense se enfrenta a un posible cierre este viernes y casualmente, históricamente, cuando el financiamiento del gobierno está en juego, cualquier legislación “periférica” como la Ley CLARITY se lanza por la borda para salvar el barco principal.
El optimismo que inundó el mercado cripto a principios de año se ha transformado en un cauteloso escepticismo. La industria, que alguna vez vio en Scott y Boozman a sus campeones, ahora observa con horror cómo la Ley CLARITY se convierte en un rehén de las luchas de poder internas del Senado.
Si Scott y Boozman no logran negociar con el Comité Judicial y ceder en las protecciones para desarrolladores (un punto de honor para el sector DeFi), la ley podría quedar reducida a un esqueleto regulatorio o, peor aún, a un proyecto archivado hasta después de las elecciones de medio término.
La claridad, al parecer, tendrá que esperar porque en el Capitolio de Washington, el camino más corto entre dos puntos siempre está bloqueado por un comité que no fue consultado, o que tiene objeciones de último momento.
Por lo pronto, la cita si es que se lleva a cabo con el quorum completo, es el próximo martes a las 15:00 UTC (10:00 a.m. ET), en el Senado, con los presidentes de la SEC y la CFTC llevará a cabo una discusión conjunta para hablar sobre lo bien que trabajarán juntos en la regulación.
Más tarde ese mismo día, a las 20:00 UTC (3:00 p.m. ET), el Comité de Agricultura del Senado tiene programada una audiencia de revisión sobre su versión de la legislación estructural del mercado de criptomonedas, que probablemente sea una de las últimas oportunidades de supervivencia que tiene la Ley CLARITY.

