En los pasillos iluminados con neón de las estaciones de servicio de Minnesota y entre las góndolas de los supermercados y tiendas de conveniencia, un dispositivo que hace apenas dos años era visto como el símbolo de la democratización financiera está a punto de convertirse en una reliquia prohibida.
Esto se debe, a que el gobernador Tim Walz firmó la semana pasada la ley SF 3868, una medida drástica que obliga a la desconexión total de los quioscos de criptomonedas para el 1 de agosto y su remoción física antes de que termine 2026.
La decisión ha colocado a Minnesota en la vanguardia de una tendencia regulatoria nacional que prioriza la seguridad del consumidor vulnerable sobre la innovación de autoservicio. Sin embargo, la medida deja tras de sí un rastro de interrogantes: ¿es la prohibición una solución real o un reconocimiento de la incapacidad del Estado para educar y perseguir el delito?
No todos están felices, ya que para los propietarios de estaciones de servicio y tiendas de barrio, estos quioscos no eran solo máquinas; eran fuentes de ingresos pasivos en un sector de márgenes cada vez más estrechos.
El modelo de negocio era sencillo: el operador del cajero (como CoinFlip o Bitcoin Depot) alquilaba un par de metros cuadrados de superficie y dependiendo del volumen de tráfico, un comercio podía recibir entre $300 y $800 dólares mensuales simplemente por permitir que la máquina estuviera conectada a su red eléctrica.
En un estado con unos 400 quioscos, la prohibición supone una pérdida agregada sustancial para el sector minorista del comercio, porque sin duda para muchos dueños de tiendas independientes, ese ingreso cubría gran parte de la factura eléctrica o el seguro del local.
Obviamente, que al retirar estas máquinas, el Estado elimina una renta que no será fácil de sustituir, especialmente cuando el comercio minorista ya lucha contra la inflación y la competencia del e-commerce.
Además, los comerciantes argumentan que los quioscos atraían tráfico de personas. “El cliente que viene a usar el cajero suele comprar un café o llenar el tanque”, señalan asociaciones de minoristas.
Pero ahora con la desconexión obligatoria el 1 de agosto, ese flujo de micro-ingresos simplemente se evaporará, dejando espacios vacíos y cables sueltos donde antes había tecnología financiera de vanguardia.
Regulations haven’t stopped fraud. Scammers coach victims, bypass warnings, and split payments to avoid limits. The proposal would ban physical crypto kiosks while keeping digital crypto services available. It’s about stopping scams — not banning crypto.
— MN Dept. of Commerce (@MNCommerce) March 9, 2026
El núcleo del problema, y la razón por la que organizaciones como AARP (anteriormente llamada American Association of Retired Persons) y el Departamento de Comercio de Minnesota, presionaron con tanta fuerza, es supuestamente la naturaleza técnica de la transacción.
Un cajero de criptomonedas convierte el efectivo —un activo físico y anónimo— en un activo digital que se envía a una dirección de billetera externa en segundos, la cual puede que no sea fácilmente identificable, de allí que desde la AARP se haya promovido el cierre de cajeros haciendo que varios estados en EEUU emprendan acciones contra estos dispositivos.
Para un estafador, un Bitcoin ATM esta es la “mula de dinero” perfecta, porque a diferencia de una transferencia bancaria, que puede ser revertida o congelada si se actúa rápido, una transacción en la cadena de bloques es definitiva por diseño.
Los criminales suelen utilizar tácticas de ingeniería social de alta presión, haciéndose pasar por agentes del IRS (impuestos), oficiales de policía que advierten sobre una orden de arresto ficticia, o incluso familiares en apuros.
El objetivo final casi siempre es el mismo, el “adulto mayor que vive solo o con su pareja”. Este grupo demográfico posee, en promedio, mayores ahorros líquidos y, a menudo, una brecha de alfabetización digital que los delincuentes explotan.
Al dirigir a una víctima a una gasolinera cercana, el estafador se asegura de que el dinero salga del sistema bancario regulado y entre en el ecosistema cripto, donde el rastro se vuelve borroso en cuestión de minutos.
Pero empresas como CoinFlip han levantado la voz, argumentando que la ley SF 3868 es una “reacción exagerada” y su argumento central es que se está criminalizando una herramienta tecnológica en lugar de perseguir al criminal que la usa.
Según la industria, prohibir los cajeros de Bitcoin es equivalente a prohibir los teléfonos inteligentes porque se usan para hacer llamadas de estafa y es un buen punto que los políticos no han podido rebatir.
Desde la perspectiva de los operadores, Minnesota ya había dado pasos correctos en 2024 al imponer límites de 2.000 dólares diarios y exigir advertencias claras en pantalla sin embargo, los legisladores locales consideraron que a la luz de las estadísticas de fraude esas medidas fueron insuficientes.
Los análisis de fraude, demuestran que la facilidad con la que un estafador puede mantener a una persona mayor al teléfono mientras esta introduce billetes de 100 en la máquina superó cualquier barrera digital previa.
Por su parte, la industria sostiene que una regulación más inteligente —como el registro obligatorio de billeteras o el retraso en las transacciones para “nuevos clientes”— habría sido más efectiva.
Pero no cabe duda que al prohibir los cajeros de criptomonedas, el Estado admite que no puede controlar el flujo de dinero negro ni detener a los estafadores, optando por la amputación en lugar del tratamiento.
Quizás el punto más crítico de esta controversia es la falta de una campaña agresiva de educación financiera, porque si bien la prohibición elimina el “vector de ataque” físico, no elimina la intención del estafador.
Los criminales simplemente migrarán a otras plataformas que tengan a la mano y que sean igual de opacas como las tarjetas de regalo, las transferencias internacionales o incluso las plataformas de intercambio en línea extranjeras menos reguladas.
La educación de los grupos de riesgo es la única defensa permanente contra este tipo de delitos, ya que la premisa es simple pero difícil de difundir que “nadie legítimo te pedirá nunca que realices un pago oficial a través de un cajero de criptomonedas” puede ser más que suficiente para frenar la oleada de fraude a personas mayores.
Con educar aclarando que ni el gobierno, ni las empresas de servicios públicos, ni los bancos operan de esa manera podría ser un punto de inflexión en la detención de este tipo de fraude, pero mientras el Estado se concentra en retirar las máquinas, los recursos destinados a campañas de concientización en centros de jubilados y comunidades religiosas parecen ser secundarios.
A medida que se acerca el 1 de agosto, Minnesota entra en una fase crítica. Jay Haapala, de AARP, ha advertido que estos meses previos podrían ver un repunte en las estafas, ya que los delincuentes intentarán “quemar” sus últimas oportunidades antes de que las máquinas se apaguen.
El cierre de estos 400 puntos de venta no detendrá el interés por las criptomonedas —que seguirán disponibles a través de apps y sitios web—, pero sí cerrará la puerta más fácil para la conversión de efectivo a activos digitales.
En todo caso, Minnesota ha decidido que el costo social de las familias que pierden los ahorros de su vida supera el beneficio económico de los minoristas y la libertad de mercado de los operadores de cajeros.
El éxito de esta medida se medirá en 2027, cuando se pueda evidenciar si las cifras de fraude realmente disminuyen y cuando la prohibición pueda ser vista como una victoria de la protección al consumidor.
Pero si el fraude simplemente se transforma y se muda al ámbito digital, Minnesota habrá sacrificado un sector comercial sin haber resuelto la raíz de la vulnerabilidad de sus ciudadanos más veteranos.