Como es sabido, ante el estancamiento de la Ley de Claridad en la Cámara Alta del Senado, las agencias regulatorias han visto la posibilidad de diseñar reglas independientes, abriendo un periodo de alivio operativo a corto plazo empañado por la fragilidad jurídica y el riesgo de reversión en futuros ciclos políticos.
La incertidumbre jurídica que rodea a los activos digitales en Estados Unidos ha tomado un giro definitivo, en vista de la incapacidad de los miembros del Congreso para estructurar un marco normativo integral, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés») y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercados Digitales (CFTC, «por sus siglas en inglés») han optado por rellenar el vacío legal mediante normas independientes emitidas a nivel federal.
El desencadenante directo de este viraje ha sido el estancamiento en el Senado de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market CLARITY Act, H.R. 3633), que tras entrar la Cámara Alta en su receso estival de cinco semanas sin haber sometido la propuesta a votación, la probabilidad de que el texto prospere se ha reducido drásticamente.
Con una moción de cierre fijada para el próximo 15 de septiembre —que requiere una exigente mayoría cualificada de 60 votos— y solo 14 días hábiles de margen antes del receso previo a las elecciones legislativas de noviembre, la industria da por descontado la vía en el Capitol Hill que está congelada hasta la conformación del próximo Congreso en 2027.
Frente a la parálisis en el Capitolio, las agencias dirigidas por los ejecutivos de la administración Trump han coordinado su actuación para otorgar certidumbre operativa a las empresas del sector de las criptomonedas que esperaban la aprobación en el Congreso.
As Congress works to establish a lasting regulatory framework, our new proposal, Regulation Crypto Assets, seeks to provide crypto asset entrepreneurs and market participants with clear pathways to raise capital under the federal securities laws. https://t.co/0ItLaMrDE9
— Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 18, 2026
De allí que la SEC, bajo la presidencia de Paul Atkins, ha comenzado a avanzar en la formalización de un régimen de exenciones denominado informalmente Regulation Crypto, la cual buscar llenar un vacío dejado por la Clarity Act.
Esta normativa busca eximir a determinadas ofertas de tokens de los estrictos requisitos de registro aplicados a los valores tradicionales, establecidos en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (Securities Act of 1933).
Esta decisión complementa la interpretación legal conjunta emitida en marzo entre la SEC y la CFTC, la cual reconoció formalmente que la mayoría de los criptoactivos al contado no constituyen títulos valores por sí mismos y que las obligaciones derivadas de contratos de inversión pueden darse por concluidas con el tiempo.
Por su parte, la CFTC, liderada por Michael Selig, busca consolidar firmemente su rol como el supervisor principal del mercado al contado (spot) y de derivados de criptomonedas en Estados Unidos.
Vale recordar que históricamente la CFTC, está limitada a los productos derivados (como futuros y opciones), sin embargo, la agencia ha dado pasos decisivos bajo un enfoque favorable a la innovación tecnológica para atraer el comercio cripto de vuelta a suelo estadounidense.
Luego de haber autorizado este año la comercialización de contratos futuros perpetuos sobre Bitcoin (BTC), la agencia contempla extender esta estructura a otros activos digitales clave, consolidando un entorno de negociación apalancada dentro de una jurisdicción regulada.
La tentativa del Ejecutivo de regular mediante decretos y circulares de agencia no cuenta con un consenso unánime del sector cripto porque entienden que si entra una administración diferente estos cambios podrían ser revertidos fácilmente.
En el plano político, el bloque demócrata en el Senado ha mantenido una firme oposición a los borradores legislativos por la falta de mecanismos estrictos contra el blanqueo de capitales y el vacío en materia de ética pública.
La pugna sobre quién debe fiscalizar las prohibiciones relativas a la emisión o patrocinio de activos digitales por parte de altos cargos federales —disputada entre el DOJ y los fiscales generales estatales— sigue sin resolverse.
Además, la perspectiva de que el Partido Demócrata altere el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes en noviembre añade una capa de escrutinio supervisor sobre las agencias, que les impedirá crear normas laxas para la familia y entorno cercano del presidente estadounidense Donald J. Trump.
Simultáneamente, la banca tradicional y los operadores de mercados consolidados han comenzado a litigar para frenar el despliegue reglamentario, mediante “iniciativas judiciales”, como es el caso del operador de derivados CME Group, que interpuso una demanda contra la CFTC el pasado mes de junio desafiando la aprobación de futuros perpetuos sobre criptoactivos.
También apoyando la “resistencia institucional”, ya que la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA, «por sus siglas en inglés») ha instado formalmente a la SEC a imponer restricciones severas sobre los planes para tokenizar la negociación de acciones en redes de cadena de bloques.
Aunque los ejecutivos del sector y los grupos de presión —como la Blockchain Association y el Solana Policy Institute— han recibido con agrado el activismo de las agencias como un alivio temporal, la comunidad jurídica advierte sobre los límites inherentes al Derecho administrativo.
A diferencia de una ley estatutaria aprobada por el Congreso, las normas, exenciones e interpretaciones promulgadas por comisiones independientes son altamente vulnerables a impugnaciones en los tribunales federales bajo la doctrina de la revisión judicial.
Asimismo, la reciente reversión masiva realizada por la actual administración sobre decenas de normas financieras aprobadas durante la era Biden demuestra que cualquier cambio en la Casa Blanca puede desmontar el marco en cuestión de meses.
Expertos legales de la industria señalan que si una futura administración toma el relevo, el mercado podría enfrentarse a un escenario idéntico al mandato del expresidente de la SEC, Gary Gensler, caracterizado por una estrategia de regulación mediante la acción ejecutiva y litigios coercitivos masivos.
A pesar de las dudas sobre su permanencia a largo plazo, el giro estratégico de la SEC y la CFTC marca el inicio de una fase de institucionalización acelerada para el ecosistema estadounidense. La adopción de regímenes exentos para la emisión de tokens y la apertura de mercados derivados regulados proporcionará espacio de maniobra a los desarrolladores y capitales institucionales.
Sin embargo, la ausencia de un texto estatutario definitivo perpetúa un riesgo estructural en dicha regulación, porque la certeza operativa de hoy seguirá supeditada al resultado de las urnas y a los fallos de los tribunales federales.