En los pasillos del Berlaymont y en las oficinas de la Comisión Europea en Bruselas, la regulación no es una simple herramienta de supervisión, es prácticamente un dogma económico con el que se subyuga a las empresas que quieren entrar al mercado único del viejo continente.
Fiel a su histórica tradición de aplicar el principio de precaución hasta sus últimas consecuencias, la UE ha consolidado su posición como el árbitro normativo más rígido del planeta y por eso, no pierde tiempo en actualizar, depurar, adaptar y mejorar las leyes que va aprobando en cada ámbito de su competencia.
Mientras en Washington las corporaciones libran pugnas en los tribunales mediante presiones institucionales y en Asia las jurisdicciones compiten por velocidad, la burocracia europea opera bajo una premisa innegociable que establece que la presión empresarial, especialmente la que cruza el Atlántico, suele estrellarse contra la soberbia institucional del bloque.
Sin embargo, el universo de la tecnología pública de bloques (blockchain) opera bajo parámetros que no responden a los cabilderos tradicionales por lo que la mesa está servida para un debate de altura que nos brinde un cruce de ideas reveladoras.
Y es que, el choque frontal ha quedado servido tras la publicación formal del documento de respuesta de la Fundación Cardano a la consulta pública de la Comisión Europea para evaluar la revisión del reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA, «por sus siglas en inglés»).
Un texto de 19 páginas presentado a finales de septiembre de 2026 que no busca negociar favores, sino alertar sobre un error de concepto estructural, al pretender fiscalizar la infraestructura matemática descentralizada como si fuera un banco tradicional ha levantado críticas en Estados Unidos, cuna por excelencia del ecosistema cripto.
More regulation doesn’t mean better regulation. We just released a response to the EU’s MiCA review consultation, where we call for greater regulatory clarity and to improve the existing framework rather than expanding it. Read our response: https://t.co/8IXN4aZxeE
— Cardano Foundation (@Cardano_CF) October 21, 2026
Es por ello que, la postura de la Fundación Cardano carga contra la pretensión de los reguladores europeos —encabezados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, «por sus siglas en inglés»)— de ampliar el perímetro de MiCA para abarcar de manera específica las Finanzas Descentralizadas (DeFi), el staking y la participación directa en infraestructuras públicas.
El argumento central de la entidad detrás de Cardano es rotundo al señalar que querer introducir más regulación no significa mejor regulación. Este punto es clave, porque la Fundación exige mantener el principio de neutralidad tecnológica y una supervisión basada en la función y el riesgo real, no en el entramado técnico utilizado.
Bajo esta óptica, un marco legal debe enfocar sus exigencias sobre personas o entidades jurídicas identificables que ejerzan un control efectivo sobre los fondos de los usuarios, no sobre el código de fuente abierta o la infraestructura distribuida.
“La regulación debe basarse en la esencia de la actividad, las funciones que desempeña y los riesgos que genera, no en la tecnología mediante la cual se lleva a cabo” — dice la Fundación Cardano en su respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea.
Esta distinción adquiere un matiz crítico en el mecanismo de consenso que se puede ver en redes como Cardano, donde los poseedores del token ADA pueden delegar su participación para contribuir a la seguridad de la red sin ceder la custodia de sus claves privadas ni bloquear sus activos.
Convertir esa participación directa a nivel de protocolo en un “servicio financiero sujeto a licencia” equivale, en la práctica, a exigir un permiso administrativo para conectar un ordenador a la red eléctrica o enviar un paquete de datos por internet.
En el lado opuesto de la mesa, los tecnócratas de la ESMA argumentan que la falta de fronteras claras fomenta el “decentralization washing”, una práctica mediante la cual entidades privadas disfrazan sus operaciones bajo la etiqueta de “descentralizadas” para eludir las obligaciones de protección al inversor.
Para frenarlo, la autoridad reguladora propone crear categorías jurídicas independientes y exigir licencias específicas a los proveedores que sirvan de acceso a las aplicaciones DeFi pero el problema reside en que, al intentar abarcarlo todo para no dejar fisuras normativas, el modelo europeo corre el riesgo de penalizar la descentralización genuina.
Si para mantener un nodo o participar en el consenso de una red abierta se requiere navegar por una red tejida con trámites administrativos, auditorías periódicas y costes legales astronómicos, la innovación simplemente emigra.
Por ejemplo, ante el Enfoque DeFi, la ESMA propone “una definición estricta e inclusión de proveedores de acceso bajo licencias CASP” mientras que la Fundación Cardano propone “aplicar leyes vigentes según funciones y eximir al software autónomo”.
En cuanto al Tratamiento del Staking, las autoridades de la ESMA proponen “Reglas específicas según el grado de intermediación y riesgo” en contraste con la Fundación Cardano que propone “Separar el staking custodio de la delegación directa a nivel de protocolo”.
Del mismo modo, ante lo que es la Clasificación de NFTs, la ESMA propone “Amplitud en la interpretación de fungibilidad si hay colecciones” pero la Fundación Cardano propone “Respetar la no fungibilidad real; evaluar el uso, no la pertenencia a una colección”.
Y sobre esto la Fundación Cardano advierte que la asfixia del mercado único crea un riesgo de fragmentación porque la insistencia de Bruselas en erigirse como el guardián global del cumplimiento normativo tiene un precio económico directo.
Un entorno hiperregulado favorece de manera directa a los conglomerados financieros consolidados —aquellos con la capacidad de mantener departamentos enteros dedicados al cumplimiento regulatorio— mientras levanta barreras infranqueables para los desarrolladores independientes y los emprendedores emergentes.
La Fundación Cardano también ha señalado el problema de la fragmentación dentro del propio mercado único, pese a que el objetivo original de MiCA era unificar el criterio normativo en los 27 Estados miembros, las interpretaciones dispares de los supervisores nacionales sobre qué constituye un instrumento financiero tradicional (bajo MiFID II) frente a un criptoactivo siguen generando inseguridad jurídica transfronteriza.
A ello se suma el proteccionismo regulatorio porque un acceso severamente restringido para entidades de terceros países mediante la limitación de la “solicitud inversa” (reverse solicitation) no protege al consumidor europeo, sino que lo aísla del desarrollo global.
El problema de la Hiperregulación es que genera efectos no deseados, que no afectan a todos por igual. Por ejemplo, para Grandes Empresas la consolidación del mercado es solo para aquellas que (pueden pagar el cumplimiento).
En cambio para las Startups/DeFi, esto crea una parálisis operativa o migración fuera de la UE, ya que no es posible cumplir con la carga de los costos de cumplimiento y de cara al ciudadano europeo que es el Usuario final del servicio, esta pérdida se traduce en aislamiento de la infraestructura global.
Es inquietante observar cómo Europa se encuentra en una encrucijada estratégica, porque la consulta pública cerrada por la Comisión Europea no se traducirá de inmediato en texto legislativo, pero marca el rumbo del próximo ciclo político del bloque.
Si los legisladores optan por atender las sugerencias de la ESMA e imponen regímenes autónomos para DeFi y staking, la UE habrá construido el entorno más seguro del mundo para un mercado moribundo que no se moverá al mismo ritmo del mercado global, restándole competitividad.
La resistencia encabezada por actores de infraestructura pública como Cardano busca evitar que la regulación termine sofocando la neutralidad tecnológica que hace viables a las cadenas de bloques.
La burocracia comunitaria puede vanagloriarse de su impermeabilidad ante la presión de los mercados externos, pero la matemática descentralizada no busca negociar estatutos en Bruselas, porque simplemente se despliega allí donde se le permite funcionar. De manera que es ilógico ver que al final África y América Latina tengan un mejor acceso a las criptomonedas o al DeFi y los ciudadanos europeos, no.