Hace una semana atrás, la oficina de la senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-Massachusetts), anunció en un comunicado, que había conseguido ampliar la coalición dentro del Senado de Estados Unidos, para impulsar el “proyecto de Ley bipartidista contra el lavado de dinero de activos digitales, que mitigaría los riesgos financieros ilícitos que plantean las criptomonedas”.
De acuerdo al comunicado, este proyecto de Ley cerraría las lagunas jurídicas y haría que el ecosistema de activos digitales “cumpla mejor con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AMF/ CFT) que rigen gran parte del sistema financiero”.
La oficina de la senadora, señaló que la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de Activos Digitales, recibió el apoyo de otros ocho senadores demócratas y uno independiente, para continuar impulsando su camino dentro del congreso hasta su aprobación.
Los senadores Gary Peters (D-Michigan), Presidente del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Dick Durbin (D-Illinois), Presidente del Comité Judicial del Senado, Tina Smith (D-Minnesota), Angus King (I -Maine), Jeanne Shaheen (D-New Hampshire), Bob Casey (D-Philadelphia), Richard Blumenthal (D-Connecticut), Michael Bennet (D-Colorado) y Catherine Cortez Masto (D-Nevada) se unieron la coalición bipartidista que apoya el proyecto de ley.
Los senadores estadounidenses Warren y Roger Marshall (R-Kansas), junto con los senadores Joe Manchin (D-West Virginia) y Lindsey Graham (R-South Carolina), dijeron que la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales cierra las lagunas jurídicas y combate el lavado de dinero, los ataques de ransomware, la evasión de sanciones, el tráfico de drogas, el fraude a personas mayores y otras actividades financieras ilícitas que utilizan criptomonedas.
“Las criptomonedas están permitiendo a naciones rebeldes, señores de la droga, bandas de ransomware y estafadores lavar miles de millones de dólares en fondos robados, evadir sanciones, financiar programas ilegales de armas y obtener ganancias de devastadores ciberataques”, dijo la senadora Warren en clara alusión a Corea del Norte.
“Nuestra coalición en expansión muestra que el Congreso está listo para tomar medidas: nuestro proyecto de ley bipartidista es la propuesta más dura sobre la mesa para combatir el uso ilícito de las criptomonedas y brindar a los reguladores más herramientas en su caja de herramientas”.
Este proyecto de Ley contra el Blanqueo de Dinero de Activos Digitales fue presentado por primera vez en diciembre del año pasado, por los senadores Warren y Marshall en medio de las audiencias celebradas en el Senado de los Estados Unidos por el colapso del criptointercambio FTX.
Aunque, dicho proyecto de Ley propuesto por los senadores Warren, Manchin y Marshall «los cuales han sido críticos de las criptomonedas y sus usos», tiene por objetivo la industria de criptomonedas principalmente, así como sus usuarios, también tiene una serie propuestas de regulaciones que los críticos han venido calificando como autoritarias e inconstitucionales.
Y es que, entre otras cosas, el proyecto de ley pretende imponer requisitos de “conozca a su cliente” (KYC, «por sus siglas en inglés») a los proveedores y participantes de la infraestructura blockchain que operan en Estados Unidos, incluidos los desarrolladores que crean software para redes descentralizadas e incluso los mineros y validadores que apoyan dichas redes.
Asimismo, este proyecto de Ley busca introducir la normativa de Prevención de Lavado de Dinero o Anti-Money Laundering (AML, «por sus siglas en inglés») establecidos en la Ley de Secreto Bancario (BSA, «por sus siglas en inglés»), que exige a todas las instituciones financieras y a los bancos que se aseguren de que todas las obligaciones de un programa de cumplimiento se cumplan tal y como lo exige la ley.
De allí que, la criptoempresas estarán obligadas al igual que los bancos y las empresas de servicios monetarios a verificar la identidad de los clientes y las contrapartes, mantener registros y presentar informes en relación con ciertas transacciones de activos digitales que involucren billeteras no alojadas o billeteras alojadas en jurisdicciones que no cumplen con la BSA.
De igual modo, el proyecto de Ley contra el Blanqueo de Dinero de Activos Digitales, obligaría a los residentes de Estados Unidos con más de 10.000 dólares en criptomonedas en una o más cuentas fuera del país a que presenten informes anuales a los reguladores.
Tras meses de negociaciones y discusiones a puerta cerrada, el proyecto de Ley fue reenviado durante el mes pasado junto con los senadores Manchin, Marshall y Graham, ya que sus promotores esperan que sea aprobado para ampliar el marco regulatorio que se aplica a las instituciones financieras tradicionales hacia las empresas de criptomonedas.
Las regulaciones que se establecen en este proyecto de Ley, son de obligatorio cumplimiento para los proveedores de billeteras de criptomonedas, mineros y validadores, pero indudablemente tendría repercusiones más allá de las fronteras de Estados Unidos.
Por otro lado, este proyecto de Ley estadounidense ha sido respaldado por Bank Policy Institute, Massachusetts Bankers Association, Transparency International U.S., Global Financial Integrity, National District Attorneys Association, Major County Sheriffs of America, Massachusetts Sheriffs’ Association, AARP, National Consumer Law Center y la Liga Nacional de Consumidores.
De hecho, el proyecto de Ley impulsado por la coalición bipartidista, ordenaría a la Agencia de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN, «por sus siglas en inglés») que aplique el mismo tratamiento a los proveedores de servicios de wallet, mineros, validadores y otros usuarios de la red como “empresas de servicios monetarios”.
Pero también, el proyecto de Ley afectaría a las wallets de autocustodia, exigiendo a las plataformas y redes que identifiquen a dichos clientes y rastreen sus transacciones, una medida que fue propuesta por la FinCEN en diciembre de 2020 y que recibió un aluvión de críticas de las criptoempresas y defensores de la industria de criptomonedas.
La propuesta de Ley, describe a estas billeteras de autocustodia o “billeteras sin alojamiento”, como un “software o hardware que facilita el almacenamiento de claves públicas y privadas utilizadas para firmar digitalmente y realizar transacciones seguras de activos digitales, de modo que el valor almacenado sea propiedad del propietario de la billetera dándole un control total e independiente sobre el valor”.
Debido a estas normativas, que el proyecto de Ley que pretenden los senadores Warren, Manchin y Marshall que sea aprobado, en paralelo se han creado coaliciones en contra, que están decididos a impedir que dicho proyecto avance en el Congreso estadounidense.
Imponer normativas KYC y AML del sector financiero tradicional dentro del ecosistema de criptomonedas y que además se busque aplicar a las billeteras de autocustodia como los hardwallets, Paper Wallets, entre otros, no es una tarea sencilla de llevar a cabo en la actualidad y es casi imposible de regular.