Las oficinas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, «por sus siglas en inglés») en París han vuelto a convertirse en el epicentro de la mayor crítica regulatoria dirigida contra la industria de los activos digitales y específicamente los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
Y es que, esta semana el regulador global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con sede en París, Francia, vuelve a arremeter contra las criptomonedas, presentando un nuevo informe demoledor que promete acabar con la narrativa de la “autonomía absoluta” bajo la cual operan cientos de protocolos DeFi.
Para el GAFI, la fachada del código inmutable ha dejado de ser un salvoconducto jurídico ya que están dispuestos a desmantelar lo que considera una vasta ilusión de descentralización que encubre estructuras de control centralizadas.
Durante años, una fracción considerable del ecosistema DeFi se ha escudado tras la premisa de que los contratos inteligentes (smart contracts), una vez desplegados en una cadena de bloques pública, operan de forma autónoma, sin intervención humana y, por ende, fuera del alcance de las leyes financieras internacionales.
El nuevo marco evaluativo del GAFI desmonta categóricamente esta tesis tras auditar la arquitectura operativa de las principales plataformas, el informe concluye que la aplastante mayoría de los protocolos catalogados comercialmente como “descentralizados” albergan, en la práctica, vectores significativos de gobernanza humana y control operativo.
El organismo subraya que la existencia de desarrolladores clave, claves administrativas (admin keys) con capacidad de pausa o actualización, tenedores mayoritarios de tokens de gobernanza o intermediarios que perciben comisiones directas sobre el volumen transaccionado altera radicalmente la naturaleza del servicio.
Bajo este criterio, si una persona física o jurídica ejerce “control o influencia suficiente” sobre el protocolo, la entidad pierde automáticamente su condición de abstracción tecnológica y queda catalogada dentro de la Recomendación 15 del GAFI como un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) también conocidos como (VASP, «por sus siglas en inglés»).
Esta reclasificación obliga a los promotores a implementar controles estrictos de prevención de lavado de dinero (AML), verificación de identidad (KYC) y reporte de operaciones sospechosas como lo indican las normas impuestas por el propio GAFI.
Un exhaustivo relevamiento del GAFI sobre 143 jurisdicciones reveló la magnitud del desafío que hay por delante para regular estos protocolos, porque el 93% de los países (unas 132 naciones) aún no han adaptado sus leyes locales para regular estructuras DeFi.
De hecho, a nivel mundial, solo dos jurisdicciones han logrado registrar o licenciar una plataforma descentralizada en la práctica. Todo esto en un mercado donde apenas 20 protocolos concentran más del 70% de la liquidez global.
Para evitar ambigüedades operativas, el GAFI ha formalizado una taxonomía tripartita mediante la cual las autoridades de supervisión financiera locales deberán clasificar cualquier arquitectura de finanzas descentralizadas:
La primera, el Centralizado Explícito de aquellas estructuras con fundadores, desarrolladores o tenedores de tokens con control evidente sobre el código o la gobernanza, los cuales quedan sujetos de forma inmediata a la regulación de PSAV y al cumplimiento pleno de KYC/AML.
La segunda, el Centralizado Oculto (“A ciegas”), en las cuales existe control efectivo o influencias clave, pero los actores se ocultan tras el seudonimato o capas societarias, pero que más allá de esto, serán objeto de investigación activa y se les tratará operacionalmente como entidades no reguladas e ilícitas.
Y la tercera, el Verdaderamente Descentralizado, cuando ninguna entidad o individuo posee claves de administración, influencia decisiva ni extracción de renta, en ese caso, quedan exentos del alcance directo, pero se cercan operativamente mediante restricciones a las entidades reguladas que interactúen con ellos.
Esta clasificación pone un énfasis punitivo sobre las estructuras de “centralización oculta”. Aquellos proyectos que busquen eludir la supervisión ocultando la identidad de sus fundadores o delegando el control formal a Entidades Autónomas Descentralizadas (DAO, «por sus siglas en inglés») ficticias serán catalogados como operadores de alto riesgo y cercados por las autoridades nacionales.
El tono tajante del GAFI está supuestamente justificado por la creciente preocupación por la seguridad financiera global, ya que el informe ilustra la vulnerabilidad del sector remitiéndose a incidentes recientes donde redes de cibercrimen y actores estatales hostiles han convertido los puentes intercadena (bridges), mezcladores y plataformas sin KYC en su principal infraestructura de canalización de fondos ilícitos.
Particularmente alarmante es el dato expuesto sobre la actividad de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), que tan solo en abril de 2026, perpetró dos ciberataques de gran escala dirigidos contra protocolos DeFi.
Dichos ciberataques, representaron el 76% de todas las pérdidas anuales por pirateo en el mercado de activos digitales, superando los 570 millones de dólares, los cuales fueron drenados hacia programas no autorizados.
Asimismo, el informe expone casos emblemáticos de fraudes masivos y esquemas Ponzi (como SafeMoon o Forsage) donde los creadores mantuvieron puertas traseras en el código para manipular las operaciones y desviar fondos.
Frente a esta coyuntura, la orden transmitida desde París hacia los bancos centrales y supervisores bancarios ha sido enfática al exigir que sea aplicado un aislamiento sanitario a los protocolos no conformes.
Las instituciones financieras tradicionales y los PSAV regulados que pretendan conectar sus rieles de pago o balances con entornos DeFi deberán realizar procesos rigurosos de debida diligencia sobre el cliente (CDD, «por sus siglas en inglés»).
Si el protocolo DeFi de destino es incapaz de certificar su cumplimiento normativo o carece de controles de identidad efectivos, la instrucción del GAFI para la banca es simple y rigurosa, abstenerse de operar y cortar cualquier flujo de capitales hacia dichas plataformas.
Con este pronunciamiento, el GAFI marca el fin de la era del arbitraje regulatorio en el ámbito cripto, porque con la convergencia entre la banca tradicional y las finanzas descentralizadas ya no podrá realizarse en zonas grises.
El GAFI deja en claro que, o los desarrolladores adaptan sus arquitecturas para identificar a sus responsables y usuarios, o el sistema financiero global cerrará las compuertas de acceso a la liquidez institucional, por mandato de este grupo, enfrentando la prohibición total.
Ahora bien, muchos de esos protocolos fueron pensados para crear una nueva era financiera, descentralizada y sin bancos, existiendo sólo en Internet. Realmente los organismos financieros tradicionales fueron los que quisieron acceder a dicho ecosistema y con ello, están obligando a estos protocolos a cumplir reglas de cumplimiento normativo de forma obligatoria, por lo que habría que preguntarse, cuánto durará esta coexistencia feliz entre el TradFi y el DeFi.