En EEUU, cada año sus ciudadanos pierden 119.000 millones de dólares una cifra que es tan astronómica, que en realidad marea. Y para ponerla en perspectiva, esa cantidad supera el Producto Interno Bruto (PIB) de varios países medianos y eclipsa por completo las estadísticas oficiales que la Oficina Federal de Investigación (FBI, «por sus siglas en inglés») ha presentado históricamente.
Esto se pudo conocer en un nuevo y demoledor informe publicado este miércoles por la Federación de Consumidores de Estados Unidos (CFA, «por sus siglas en inglés»), en el cual se ha revelado que la economía del fraude en línea no es solo un problema de “usuarios descuidados”, sino un sector que se ha industrializado, alimentado por datos legales y permitida por la negligencia de las grandes plataformas tecnológicas.
Lo que estamos viendo no es una ola de criminalidad común, ya que los analistas apuntan a una tendencia mucho más amplia como resultado de un cambio de paradigma donde la Inteligencia Artificial (IA) y el mercado de datos personales han convergido para crear la tormenta perfecta.
El primer golpe de realidad del informe de la CFA es metodológico, ya que históricamente, nos hemos guiado por los reportes del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3, «por sus siglas en inglés») del FBI.
Tan sólo en el Informe del IC3 de 2024, se informa que se registraron 16.600 millones de dólares, en pérdidas para los ciudadanos estadounidenses, por lo que la brecha entre esta cifra y con los 119.000 millones que señala la CFA, es abismal para un período de un año.
Read CFA’s Full Report Here: https://t.co/LxEcQoJAto
— Consumer Federation of America (@ConsumerFed) March 11, 2026
Sin embargo, la CFA, liderada por Ben Winters (director de IA y Privacidad), aplicó una corrección basada en estudios de la Oficina de Estadísticas de Justicia, señalando que solo el 14% de las víctimas de fraude financiero denuncia formalmente el delito.
La pregunta clave aquí es: ¿Por qué este silencio sepulcral? La respuesta es humana y dolorosa, pero a la vez, simple: “la vergüenza”. En las estafas románticas o en los esquemas de inversión cripto (conocidos como pig butchering o “matanza del cerdo”), la víctima es manipulada psicológicamente durante meses para robar sus recursos financieros a través de una estafa.
Cuando el dinero desaparece, el sentimiento de culpa y la humillación social pesan más que el deseo de justicia, en las personas afectadas, por lo que este subregistro permite que los estafadores operen en una “zona gris” estadística, donde el daño real es siete veces mayor de lo que admiten las autoridades.
Uno de los puntos más críticos ha sido el papel de los data brokers, es decir, aquellas empresas que operan en un ecosistema federal con regulaciones laxas, las cuales recolectan y venden perfiles detallados de ciudadanos con datos de contacto en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Alemania, Países Bajos y gran parte de Europa y Asia.
Básicamente, lo que para una empresa de retail es una “segmentación de mercado” a través de perfiles en redes sociales para publicidad, con registros de consumos, intereses y datos de contacto, en cambio para un estafador en línea, es una “lista de objetivos de alta precisión”.
Ben Winters fue tajante al afirmar que los delincuentes no están disparando a ciegas, ya que compran listas de personas con “tendencias adictivas”, individuos con altos niveles de crédito disponible o adultos mayores que acaban de enviudar.
El caso de Epsilon Data Management, que en 2021 pagó 127,5 millones de dólares por vender datos de ancianos a redes de estafadores, no fue una excepción, sino una ventana a cómo funciona el sistema. En Estados Unidos, la privacidad es un producto, y los estafadores son clientes VIP con billeteras llenas de criptomonedas.
El informe de la CFA no escatima en señalar a los facilitadores. Las plataformas de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) aparecen como el epicentro del desastre. Según el Better Business Bureau, Facebook concentra el 57% de las estafas reportadas, seguida por Instagram con un 22%.
Lo más alarmante es la acusación de cinismo corporativo, porque documentos internos de Meta sugieren que hasta el 10% de sus ingresos publicitarios (unos 16.000 millones de dólares) podrían provenir de anuncios que promocionan productos prohibidos o estafas directas.
El informe menciona que Meta permite hasta 32 “ataques” automatizados de fraude financiero antes de banear una cuenta. En términos prácticos, las Big Tech están cobrando su “comisión” por permitir que los estafadores lleguen a sus víctimas a través de anuncios segmentados.
Dentro del desglose de pérdidas, las estafas de inversión lideran el ranking con 46.600 millones de dólares anuales. Aquí, el ecosistema cripto es el protagonista involuntario, ya que debido a la naturaleza irreversible de las transacciones en blockchain y la falta de una capa de protección al consumidor en protocolos descentralizados hacen de Bitcoin y las stablecoins la herramienta de liquidación preferida.
Pero la verdadera innovación del 2026 es el uso de la IA Generativa, dentro de los modelos de pig butchering, que antes requería granjas de cientos de personas en el sudeste asiático (muchas de ellas víctimas de trata) para llevar a cabo este delito.
Esto sugiere que incluso el sector de las estafas en línea, se está automatizando gracias al uso de la IA Generativa, que generan fotos, videos, duplican perfiles de voz, crean huellas y actividad en línea como una persona normal y hasta generan perfiles falsos en redes y muchas cosas más.
Los agentes de IA ahora pueden mantener conversaciones románticas o financieras con miles de personas simultáneamente, utilizando deepfakes de voz y video para validar identidades falsas. Ya no necesitas un estafador elocuente; necesitas un buen script de Python, una base de datos perfilada con blancos en EEUU u otro país de interés, y acceso a una API de lenguaje para estar en el juego.
El informe también desmitifica que el fraude solo afecte a los centros financieros, pues si bien California (18.100 millones) y Florida (7.700 millones) lideran las pérdidas totales debido a su riqueza y población de jubilados, estados más pequeños como Nevada y Wyoming tienen las pérdidas per cápita más altas.
En Nueva York, la fiscal general Letitia James ha enfatizado cómo estas redes apuntan específicamente a comunidades de inmigrantes, aprovechando la barrera del idioma y el miedo a las autoridades para extorsionarlos bajo la apariencia de trámites gubernamentales o inversiones “seguras” para enviar remesas.
This new report shows social media has become a hunting ground for scammers, costing Americans nearly $119B a year. If Big Tech profits from ads on our feeds, they have a responsibility to make sure they aren’t scams. My SCAM Act would hold them accountable and protect consumers’…
— Senator Ruben Gallego (@SenRubenGallego) March 11, 2026
La conclusión de los expertos y legisladores como el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego se basa en que no se puede seguir culpando solo a la educación del usuario frente a este tipo de amenazas, por lo que se requiere una transición hacia la responsabilidad de la plataforma. Un punto de vista que a muchos abogados de las empresas detrás de las redes sociales, no les parece lógico.
A pesar de ello, la propuesta Ley SCAM busca que las empresas tecnológicas sean legalmente responsables por los anuncios fraudulentos que publican y de los que se benefician. Si una plataforma tiene la tecnología para segmentar un anuncio de zapatos basado en tus gustos, tiene la tecnología para detectar un esquema Ponzi evidente.
Los 119.000 millones de dólares perdidos no son solo números en un balance; son ahorros de jubilación evaporados, hipotecas impagables y una erosión sistémica de la confianza en la infraestructura digital.
Mientras los datos personales sigan siendo una mercancía sin protección y las redes sociales vean el fraude como una línea de ingresos aceptable, más personas en todo el mundo terminarán siendo víctimas de los estafadores.