Cuando el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA, «por sus siglas en inglés») entró en vigor en su fase definitiva, las autoridades de la Unión Europea (UE) vislumbraron el nacimiento de una era de orden institucional en su jurisdicción.
El mensaje hacia la industria cripto era categórico al exigir que las plataformas sin licencia comunitaria debían suspender sus servicios comerciales a partir del 1 de julio de 2026 y reducir su operativa a la mera asistencia para la liquidación o transferencia de activos de sus clientes.
Sin embargo, a meses del hito regulatorio, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de usuarios de valor bloqueado, Binance, continúa canalizando un volumen significativo de operaciones dentro del bloque comercial.
Esta aparente contradicción ha desencadenado una ofensiva coordinada entre la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, «por sus siglas en inglés») y reguladores nacionales de países como Francia, Alemania y Grecia.
El foco del escrutinio no es solo el modelo de negocio del gigante global, sino una figura jurídica residual que amenaza con debilitar el alcance del propio marco regulatorio europeo, que es denominado: la solicitud inversa (reverse solicitation).
Con la caducidad de los regímenes de registro locales que protegían la presencia de Binance en países como España, Francia y Polonia, el exchange se vio en la obligación de reestructurar su relación con los usuarios comunitarios.
When we are ready to announce that Member State, we will do so publicly.
— Binance (@binance) June 24, 2026
Luego de retirar su solicitud ante el regulador griego —un movimiento salpicado por reportes sobre supuestas presiones políticas promovidas por figuras de alto perfil como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde—, la firma no logró consolidar un “estado miembro de origen” que le otorgara el pasaporte unificado de MiCA.
Ante la falta de una entidad europea autorizada, la operativa ha mutado hacia una arquitectura transfronteriza, ya que múltiples inversores del bloque continúan interactuando con la plataforma a través de su filial registrada en Abu Dabi, entidad que obtuvo autorización local a finales de 2025.
La piedra angular que sustenta esta vía, la llamada “reverse solicitation” que ha sido heredada del marco normativo financiero de MiFID II, como figura normativa contempla que si un residente comunitario busca, por su propia e íntegra iniciativa, contratar los servicios de una entidad financiera radicada fuera de la UE, la firma extranjera puede atender dicha solicitud sin incurrir en una infracción por operar sin licencia dentro del territorio comunitario.
Para los usuarios europeos la experiencia diaria no ha experimentado variaciones drásticas, pero para los supervisores en París y Frankfurt, la aplicación sistemática de esta norma por parte del mayor exchange del planeta resulta inverosímil.
Las alertas en los despachos de Bruselas responden a que la solicitud inversa fue concebida como un mecanismo de excepción estricta para clientes institucionales o casos altamente específicos, no como una estrategia corporativa para sostener a millones de usuarios minoristas.
De allí que, expertos legales y reguladores coinciden en que la línea de demarcación es extremadamente delgada ya que si bien brinda autonomía total al usuario, para que la exención sea válida, no debe existir ningún tipo de campaña publicitaria, promoción indirecta, marketing digital o contenido dirigido a residentes europeos que haya influido en la decisión del cliente.
Además, debe haber invalidez de los descargos formales, lo que ha sido enfatizado previamente por la ESMA, al señalar que las casillas de verificación (checkboxes) o declaraciones juradas donde el usuario afirma actuar “por cuenta propia” carecen de validez jurídica si la empresa realizó algún esfuerzo de captación previo.
De igual manera, debe existir la prohibición de venta cruzada, por lo que la contratación espontánea de un producto específico por parte de un usuario no concede a la plataforma la potestad de ofrecerle libremente otros servicios o activos dentro del ecosistema.
La Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM, «por sus siglas en inglés») y la propia ESMA han reiterado que las exenciones no pueden instrumentalizarse para eludir las obligaciones de MiCA.
Si un intercambio del volumen de Binance logra abastecer a la demanda europea mediante su entidad de Abu Dabi apelando a la “reverse solicitation”, la efectividad real de MiCA como barrera de entrada al mercado único queda puesta en entredicho.
❌ Unauthorised #crypto-asset service providers must stop:
🛑 onboarding new EU clients,
✅ implement wind-down plans,
ℹ️ and ensure clients have the information they need to make informed decisions about their assets.📄 More in our statement → https://t.co/s0mKT0LMaC pic.twitter.com/VYFP36o4LC
— ESMA – EU Securities Markets Regulator 🇪🇺 (@ESMAComms) July 30, 2026
No obstante, hay que aclarar que las consecuencias de una resolución desfavorable para Binance podrían ser severas, ya que bajo los mecanismos sancionadores que respalda MiCA, las autoridades nacionales competentes poseen la facultad de aplicar multas que parten de los 5 millones de euros o que oscilan entre el 3% y el 15% del volumen de negocios anual global de la entidad.
Adicionalmente, el marco prevé inhabilitaciones de hasta 10 años para los equipos directivos e inclusive la orden formal de interrupción inmediata de operaciones, por lo que frente a la presión regulatoria, la postura oficial de Binance sostiene que la compañía cumple rigurosamente con los requisitos regulatorios en todas las jurisdicciones donde tiene presencia.
Europe remains an important market for Binance. Our commitment to operating under a clear, fair, and harmonised MiCA framework is unchanged. Our ambitions in Europe remain the same, and we are confident we will secure a licence in the coming months.
— Binance (@binance) June 24, 2026
Un portavoz del exchange enfatizó que la plataforma mantiene su compromiso de operar a largo plazo dentro de la Unión Europea y que continúa trabajando activamente en los trámites correspondientes para obtener la autorización de MiCA.
El caso Binance se ha convertido en la primera gran prueba de fuego para la supervisión bajo el régimen MiCA, de manera que la determinación de los supervisores nacionales sobre si la ruta de Abu Dabi constituye una respuesta a la demanda espontánea del mercado o una maniobra de elusión corporativa sentará un precedente definitivo sobre los límites del espacio cripto en Europa.

