La semana promete en la política estadounidense, ya que la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, conocida por su posición anti criptomonedas, encabeza un frente senatorial para prohibir la propiedad directa o indirecta de entidades financieras a altos cargos del Ejecutivo.
Esta medida ha sido impulsada, tras la autorización concedida por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, «por sus siglas en inglés») de una licencia bancaria nacional solicitada a World Liberty Trust Company, National Association, con el patrocinio de WLTC Holdings LLC, de acuerdo a lo señalado en enero de este año en un comunicado.
Estas firmas son propiedad de la empresa cripto World Liberty Financial (WLF), la cual está vinculada a la familia y el entorno cercano del presidente Donald J. Trump, lo que ha desatado una inmediata y severa contrarrespuesta en el Capitolio.
En la decisión corporativa n.º 1385, la OCC señaló que había revisado la solicitud “para constituir un nuevo banco fiduciario nacional —que llevará a cabo operaciones propias de una sociedad fiduciaria y actividades conexas, incluidas actividades de índole fiduciaria— bajo la denominación” antes citada.
De acuerdo con el texto, “el Banco sería una filial de propiedad absoluta de WLTC Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware”, con “sede principal en Bay Harbor Islands, Florida” y llevará a cabo, las actividades que “incluyen la emisión y el reembolso de monedas estables (*stablecoins*) respaldadas por dólares y el mantenimiento de reservas en calidad de no fiduciario”
Además tendrá “servicios de custodia de activos digitales en calidad de fiduciario; y servicios de conversión para clientes de custodia en relación con los activos que tienen bajo custodia. El Banco tiene previsto emitir USD1 —una moneda estable respaldada por moneda fiduciaria— a clientes institucionales a nivel nacional, asumiendo esta función de BitGo Bank & Trust, National Association (BitGo), el actual emisor y custodio exclusivo de USD1”.
This is the most brazen act of self-dealing our financial system has ever seen.
I’m introducing a bill to stop this kind of unprecedented corruption. https://t.co/QXciFet8Ab
— Elizabeth Warren (@SenWarren) August 14, 2026
De allí que, un grupo de políticos encabezados por la senadora Warren, miembro de mayor rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, constituido por diez legisladores demócratas e independientes haya presentado la Ley para Acabar con la Corrupción Presidencial en el Sector Bancario, una iniciativa diseñada para bloquear de forma tajante la confluencia entre la autoridad ejecutiva y el control institucional del sistema financiero.
La controversia estalló formalmente tras confirmarse que la OCC otorgó un permiso constitutivo provisional para que la firma opere como un banco fiduciario nacional (National Trust Bank), que permite a la entidad asumir funciones clave de custodia, procesamiento de pagos y gestión directa en la emisión del stablecoin USD1, tal y como lo indica el texto de la decisión corporativa de la OCC.
Sin embargo, al tratarse de una compañía fundada e impulsada por el entorno familiar del presidente Trump, la medida ha reavivado las alarmas legislativas sobre supuestos conflictos de interés y autocontratación institucional sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.
“El presidente Trump es ahora el primer presidente en la historia en aprobar, operar y supervisar su propio banco. Este es el acto de favoritismo más descarado que nuestro sistema financiero haya visto jamás, y el Congreso no puede permitir que esto quede impune”. — manifestó la senadora Warren.
El restrictivo proyecto de ley propuesto por este grupo, introduce restricciones estructurales orientadas a neutralizar cualquier ventaja regulatoria derivada del ejercicio del poder político en Estados Unidos.
En su núcleo, la normativa prohíbe explícitamente a los principales organismos reguladores del país —la Junta de la Reserva Federal (Fed), la OCC y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, «por sus siglas en inglés»)— aprobar licencias bancarias, seguros de depósitos o la apertura de cuentas maestras a entidades que pertenezcan o estén bajo el control directo o indirecto del Presidente, el Vicepresidente, sus cónyuges, hijos, miembros del Congreso o altos funcionarios del Ejecutivo.
Asimismo, el texto legal incorpora un mecanismo de retroactividad altamente disruptivo que obliga a los organismos reguladores a revisar, en un plazo no mayor a 60 días tras su promulgación, todas las solicitudes financieras concedidas posteriormente al 20 de enero de 2025.
Bajo esta cláusula, cualquier aprobación otorgada a entidades controladas por personas sujetas a esta restricción deberá ser revocada de forma inmediata, lo que colocaría la reciente licencia de World Liberty Trust en una situación de caducidad obligatoria.
Con dicho proyecto de ley senatorial, se busca vetar licencias y cuentas maestras mediante la prohibición estricta a la Fed, OCC y FDIC para autorizar operaciones a empresas de altos mandatarios o familiares directos.
Asimismo, a través de un mecanismo retroactivo, introduce la obligación de auditar y revocar en 60 días licencias aprobadas desde el 20 de enero de 2025 bajo supuestos de conflicto, debido a la incompatibilidad absoluta del ejercicio del poder para obtener beneficios, por ello establece la prohibición formal para que el Presidente, Vicepresidente y su círculo familiar inmediato posean o ejerzan control sobre entidades bancarias en funciones.
Obviamente, el trasfondo de esta batalla legislativa refleja una profunda fractura sobre la supervisión de los activos digitales en la economía estadounidense, ya que para el bloque impulsor de la medida —integrado por senadores como Chris Van Hollen, Angela Alsobrooks, Richard Blumenthal y Bernie Sanders—, la decisión del regulador bancario no solo compromete la imparcialidad institucional, sino que introduce riesgos morales en el sistema de crédito al legitimar comercialmente una firma respaldada por la figura presidencial.
En el plano operativo, la licencia aprobada por la OCC restringe la actividad de World Liberty Trust al ámbito fiduciario y de custodia, impidiéndole captar depósitos minoristas tradicionales o conceder préstamos comerciales masivos.
No obstante, en la práctica criptoeconómica, la facultad de emitir y respaldar directamente un stablecoin garantizado por reservas fiduciarias le concede un punto de apoyo estratégico de enorme valor comercial en los mercados globales de liquidez digital.
Desde la perspectiva de los legisladores, este escenario consolida una superposición insostenible entre la fijación de políticas públicas para la industria cripto y la obtención de beneficios privados. Los promotores del proyecto sostienen que la reciente promulgación de marcos regulatorios como la Ley GENIUS en 2025 ya anticipaba la necesidad de erigir murallas chinas infranqueables entre los reguladores designados y los vehículos de inversión de la clase política.
El avance de la Ley para Acabar con la Corrupción Presidencial en el Sector Bancario enfrenta un complejo trayecto parlamentario en un Congreso marcadamente dividido. Si bien la propuesta unifica al sector progresista y moderado de la bancada demócrata, su viabilidad técnica dependerá de la capacidad de sumar apoyos bipartidistas en el Senado para superar los umbrales de votación necesarios.
Independientemente de su desenlace en el pleno del Senado, la presentación de esta iniciativa muestra al ecosistema cripto e institucional que el proceso de integración entre la banca tradicional y las finanzas descentralizadas continua bajo una estrecha vigilancia con lupa política de aquellos senadores que boicotearon la Clarity Act.
No obstante, para las entidades del sector, el caso de World Liberty sitúa la neutralidad regulatoria y la transparencia corporativa en el centro absoluto del debate sobre la madurez y legitimidad del mercado de activos digitales en Estados Unidos.