El presidente ruso, Vladimir Putin, ha estampado nuevamente su firma en una legislación sobre activos digitales, de acuerdo con una nota de la agencia TASS, que para quienes han seguido el accidentado historial regulatorio de Moscú, este movimiento puede despertar cierto aire de déjà vu.
En efecto, tras los tímidos avances legislativos de 2020 con la Ley sobre Activos Financieros Digitales (DFA, «por sus siglas en inglés») y los parches de 2024 que intentaron dar un marco de emergencia al uso transfronterizo contra las sanciones occidentales, el Kremlin vuelve a la carga.
Sin embargo, esta nueva norma integral que regula formalmente el comercio de monedas digitales y derechos digitales marca una inflexión pragmática dentro de la política rusa, ya que lejos de representar un abrazo idílico al ethos de la descentralización financiera, la ley responde a una necesidad geopolítica apremiante para el Kremlin.
Dicha ley, debe sentar las bases para construir un canal altamente supervisado para oxigenar el comercio exterior del país mientras en paralelo se aprietan las clavijas al mercado minorista dentro de las fronteras nacionales, porque el nuevo marco normativo instituye una distinción tajante entre la población general y los grandes capitales.
Por un lado, la ley establece que los inversores minoristas (denominados no cualificados) únicamente podrán adquirir las criptomonedas catalogadas como las de mayor liquidez del mercado pero más allá de la limitación de catálogo, el texto impone un techo operativo de 300.000 rublos al año (aproximadamente 3.700 dólares) por intermediario.
Por otro lado, los inversores cualificados podrán operar con cualquier criptoactivo sin ningún tipo de límite cuantitativo ni de variedad. Sin embargo, el acceso a este selecto club no será libre porque ambas categorías de inversores, deberán someterse a una prueba de idoneidad especial diseñada por los reguladores.
La norma deja una vía de escape para los pequeños traders que busquen escalar, por lo que aquellos inversores minoristas que logren certificar un volumen de transacciones histórico y continuado en el mercado cripto podrán solicitar el estatus de inversor cualificado.
La intención explícita de la nueva ley firmada por Putin, es encauzar y proteger a los usuarios ordinarios de volatilidades extremas, aunque el efecto colateral sea una severa restricción al libre flujo de capital individual.
Para las plataformas de intercambio de criptomonedas, la era de las sombras o el corretaje informal en territorio ruso ha llegado a su fin porque la legislación estipula que solo aquellas entidades jurídicas inscritas en un “registro especial” del Estado podrán operar legalmente como exchanges o proveedores de custodia.
Entre las exigencias más destacadas para ingresar a dicho registro figura un capital social mínimo obligatorio de 15 millones de rublos (alrededor de 185.000 dólares) y adicionalmente, se impone la afiliación a una Organización Autorregulada (SRO, «por sus siglas en inglés») del sector financiero, añadiendo una capa de supervisión colectiva a la fiscalización del Banco de Rusia.
La ley precisa además qué constituye una “actividad de intercambio profesional” a la ejecución sistemática de transacciones de compraventa por cuenta propia que supere dos o más operaciones al mes por un importe acumulado mayor a los 3,5 millones de rublos (unos 43.700 dólares).
No obstante, aquellos intermediarios o entes financieros no autorizados que intenten procesar transacciones bancarias se toparán con un muro, ya que la legislación obliga a las instituciones de crédito a bloquear de inmediato cualquier transferencia sospechosa.
El núcleo filosófico de la ley radica en su marcada dualidad, porque por un lado, el Estado reafirma el monopolio absoluto del rublo en el ámbito doméstico, dejando claro que queda estrictamente prohibido el uso de monedas digitales o derechos digitales como medio de pago, moneda de curso legal o unidad de cuenta para la adquisición de bienes, servicios o propiedad intelectual dentro de Rusia.
Asimismo, la ley prohíbe explícitamente cualquier tipo de publicidad o difusión de información que sugiera la opción de pagar bienes locales mediante criptomonedas en sustitución de la moneda local fiduciaria de Rusia, el rublo.
Sin embargo, en el ámbito internacional, el enfoque se vuelve drásticamente flexible ya que la ley consagra excepciones clave para permitir el uso de monedas digitales en la liquidación de contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes.
Tras el paulatino aislamiento de las instituciones financieras rusas del sistema global de pagos SWIFT a raíz del conflicto geopolítico y las sanciones, la criptografía financiera se ha convertido en una válvula de escape crítica para mantener el flujo de importaciones y exportaciones.
Esta flexibilidad comercial se complementa con la autorización para liquidar operaciones mediante criptomonedas provenientes directamente de la minería, un sector clave en el país que, no obstante, también ha empezado a experimentar limitaciones geográficas debido a decretos gubernamentales que restringen la actividad minera en zonas con sobrecarga en la red eléctrica, como Moscú o Kursk.
Conscientes de la complejidad técnica que exige adaptar la infraestructura financiera nacional a este nuevo paradigma, las autoridades rusas han diseñado un calendario de implementación por fases que se extenderá durante los próximos meses.
La primera fecha clave es el próximo 1 de septiembre de 2026 cuando entrará en vigor general de la legislación y de los lineamientos principales para el comercio organizado de activos digitales. Luego el 1 de marzo de 2027 que es la fecha límite del período de gracia para que los exchanges de criptomonedas que operan actualmente adapten su estructura a las exigencias normativas.
Posteriormente, el 1 de julio de 2027 es la fecha de expiración del plazo de tolerancia para operar sin registro especial y entrada en vigor de las facultades de bloqueo bancario contra entidades no autorizadas y por último, el 1 de septiembre de 2027, fecha de la implementación de las especificaciones técnicas definitivas para la emisión, circulación y custodia de Activos Financieros Digitales (AFD, «por sus siglas en inglés»).
Prácticamente, este es un nuevo capítulo en que otro intento legislativo del gobierno ruso para reafirmar su control en los mercados cripto donde los usuarios y empresas rusas transan operaciones a diario a pesar de estar sometidos a presiones geopolíticas desde Bruselas y Washington.
En Rusia, la tecnología blockchain se ha ido convirtiendo en un instrumento más de control del Estado, porque lejos de ser una economía cimentada en la descentralización, parece más bien sino una infraestructura digital fuertemente monitoreada hacia adentro, pero lo suficientemente permeable hacia afuera para capear el vendaval de las sanciones internacionales.