En un sorprendente e inédito giro estratégico dentro de la crónica penal financiera de los Estados Unidos, Samuel Benjamin Bankman-Fried , alias “SBF”, el otrora indiscutible “Rey de las Criptomonedas” y fundador de la colapsada plataforma FTX, ha movido una nueva ficha en el tablero político y judicial.
Según los registros públicos oficiales de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, «por sus siglas en inglés»), actualizados recientemente, el exmagnate de 34 años ha solicitado formalmente un indulto parcial al presidente Donald J. Trump.
La petición legal, de SBF, identificada bajo el número de caso de clemencia P338490 y radicada en este año 2026, figura con el estatus de “Pendiente”, confirmando los reportes iniciales que señalaban un intento desesperado del ex-CEO por mitigar el impacto a largo plazo de una de las condenas por fraude electrónico y lavado de dinero más severas del siglo XXI.
A diferencia de lo que podría suponerse a primera vista, la solicitud de Bankman-Fried no persigue una salida inmediata de la prisión, ya que el recurso interpuesto se clasifica específicamente como un “Pardon after Completion of Sentence” (Indulto tras el cumplimiento de la condena).
En el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, esta figura de clemencia ejecutiva no anula la culpabilidad del reo ni interrumpe la pena de prisión de 25 años que le fue impuesta en marzo de 2024.
En su lugar, el indulto post-condena se enfoca en el escenario posterior a su liberación, con el que busca la restauración plena de sus derechos civiles fundamentales, tales como el derecho al voto, la capacidad para formar parte de un jurado, y la eliminación de las severas barreras legales y financieras que impiden a los convictos federales de cuello blanco adquirir propiedades o reincorporarse al mercado laboral corporativo.
Expertos legales señalan que SBF, caracterizado durante su juicio por el magistrado federal Lewis Kaplan como un individuo “extremadamente inteligente”, está planificando su realidad para cuando promedie los 60 años de edad.
Se supone que al optar por esta vía en lugar de una conmutación directa de la pena —mecanismo que reduciría el tiempo efectivo en prisión—, el estratega mitiga en parte el costo político inmediato que significaría para la Casa Blanca liberar a un reo asociado con la evaporación de 8.000 millones de dólares de inversores minoristas.
La caída de FTX en noviembre de 2022 desnudó un esquema Ponzi moderno donde los fondos de los usuarios eran desviados sistemáticamente hacia Alameda Research, el brazo inversor del conglomerado, para ser usado a discreción de SBF y su entorno cercano.
Con ese dinero desviado, la firma financió apuestas de alto riesgo, generosas donaciones políticas y un estilo de vida fastuoso en las Bahamas, con compras de propiedades de lujo, vehículos, obras de arte entre otras facilidades.
Tras su extradición y un mediático juicio donde sus colaboradores más cercanos —incluida su expareja Caroline Ellison— testificaron en su contra, Bankman-Fried fue sentenciado no solo a los 25 años de cárcel, sino al decomiso de más de 11.000 millones de dólares.
Tras un turbulento paso inicial por el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, reportes penitenciarios confirman que actualmente cumple su condena en un régimen de baja seguridad en el estado de California, donde mantiene una batalla legal paralela para intentar anular el juicio original insistiendo en su inocencia.
El viraje en la estrategia de SBF no es únicamente técnico, sino profundamente político, porque durante los años de bonanza de FTX, el joven del puf y los pantalones cortos se consolidó como uno de los donantes más influyentes del Partido Demócrata, inyectando decenas de millones de dólares a la campaña de Joe Biden y causas progresistas.
No obstante, el panorama actual ha forzado una metamorfosis, porque fuentes cercanas al caso revelan que el equipo de SBF ha dedicado meses a labrar simpatías en el espectro político conservador.
A través de pronunciamientos sutiles en redes sociales y un calculado acercamiento a medios alineados con el movimiento Make America Great Again (MAGA), el neoyorquino ha intentado redimirse ante la actual administración alabando las políticas de desregulación financiera del Ejecutivo.
En una reciente entrevista telefónica concedida desde prisión a la cadena Fox Business, Bankman-Fried rompió el silencio para confirmar su postura pro MAGA, al afirmar que deseaba “absolutamente” la clemencia de la Casa Blanca.
“Obviamente, en última instancia, la decisión recaería en el presidente, no en mí”, declaró con un tono notablemente más pragmático que el mostrado durante sus comparecencias en Nueva York, pero a pesar de la insistencia del peticionario, el camino hacia el perdón presidencial se anticipa cuesta arriba.
El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a The New York Times, el presidente Trump fue tajante al asegurar que no tenía “ninguna intención” de otorgar el indulto a Bankman-Fried, recordando explícitamente el rol de este como financista de la oposición.
La industria de las criptomonedas, por su parte, observa el expediente con cautela, ya que si bien es cierto que la actual administración estadounidense ha mostrado una notable indulgencia con figuras del sector —otorgando medidas de gracia y exoneraciones a ejecutivos como Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, y Arthur Hayes, de BitMEX—, los analistas marcan una línea roja clara.
Mientras que Zhao y Hayes enfrentaron cargos por fallas regulatorias y cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero, el caso de FTX fue catalogado por la fiscalía de Nueva York como un robo liso y llano a los depositantes.
La dimensión del desfalco de FTX sigue siendo comparada de manera inevitable con la macroestafa de Bernard Lawrence “Bernie” Madoff en 2009, por lo que perdonar, aunque sea a futuro, las consecuencias civiles del hombre que simbolizó los excesos y la falta de control de los activos digitales conlleva un riesgo de opinión pública que pocos gobernantes están dispuestos a asumir de forma ligera.
Por el momento, la base de datos del Departamento de Justicia ratifica que la solicitud sigue su curso burocrático bajo la lupa del Abogado de Indultos, pero sin duda, entre los pasillos de Washington, la pregunta ya no es solo si el sistema judicial mantendrá el castigo, sino si la audacia política de SBF logrará doblar el brazo del poder ejecutivo antes de que expire el actual mandato residencial.