El ecosistema de los criptoactivos ha cruzado una línea bien demarcada en lo técnico y geopolítico, porque lo que hace cuestión de 4-5 años atrás se percibía como un refugio para ciberdelincuentes independientes y entusiastas de la privacidad, se ha transformado en 2025 en un pilar estratégico de la infraestructura financiera de estados bajo sanciones internacionales.
El último informe anual de Chainalysis, titulado “Los delitos con criptomonedas en 2025 se vieron impulsados por un aumento del 694% en el volumen de evasión de sanciones”, arroja luz sobre una realidad cruda que no se puede ocultar, en la actualidad la cadena de bloques ya no es solo una alternativa financiera, sino un campo de batalla donde se libra la soberanía económica.
Según los datos on-chain analizados por la firma de análisis blockchain con sede en Nueva York, Estados Unidos, el volumen total de transacciones ilícitas alcanzó la cifra récord de 154.000 millones de dólares en 2025, dato que ha encendido todas las alarmas en los organismos de control globales es el incremento exponencial en la evasión de sanciones.
Mientras que otras categorías de delitos cripto mostraron niveles de crecimiento moderados, el valor recibido por entidades sancionadas se disparó casi un 700%, totalizando 104.000 millones de dólares.
Pero, este salto no debe ser considerado accidental, porque representa el éxito de una estrategia de “industrialización” de la evasión, donde países como Rusia, Irán y Corea del Norte han integrado los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y las monedas estables (stablecoins) en sus objetivos de política exterior y defensa nacional.
El caso más emblemático de esta nueva era es el surgimiento de la red rusa de tokens A7A5, una stablecoin respaldada por el rublo ruso, que ha logrado lo que muchos consideraban imposible tras la desconexión de Rusia del sistema SWIFT; que ese país pudiera crear un canal de liquidación transfronteriza masivo y funcional.
Chainalysis revela que A7A5 procesó 93.300 millones de dólares en menos de diez meses. Aunque lo que resulta revelador para los analistas es el patrón de uso, ya que a diferencia de los activos minoristas que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, el volumen de A7A5 se concentra drásticamente de lunes a viernes, coincidiendo con el horario comercial.
Este patrón de uso confirma que el token no es una herramienta de especulación para ciudadanos, sino un riel financiero para empresas y organismos estatales rusos que buscan acceder a mercados globales.
La infraestructura detrás de A7A5, apoyada por plataformas como Grinex (sucesora de la sancionada Garantex), demuestra una capacidad de resiliencia y “rebranding” que desafía la velocidad de respuesta de los reguladores occidentales.
En el otro extremo del espectro geopolítico, Irán ha consolidado el uso de criptomonedas como un barómetro de su actividad militar, ya que durante el año pasado, el ecosistema cripto iraní superó los 7.780 millones de dólares, pero la cifra más impactante es la cuota de mercado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
De hecho, para el cuarto trimestre de 2025, las direcciones vinculadas a esta organización representaban más del 50% del valor total recibido en el país, por lo que el informe destaca cómo el análisis de blockchain permite hoy rastrear eventos geopolíticos casi en tiempo real, cómo los picos de volumen en las plataformas de criptointercambio iraníes, que se correlacionaron directamente con eventos cinéticos, como la “Guerra de los 12 Días” en junio de 2025.
Asimismo, Chainalysis revela que Irán ha perfeccionado el uso de intermediarios para convertir depósitos fiduciarios en stablecoins, movilizando más de 3.000 millones de dólares para financiar redes de milicias regionales y adquirir equipos de doble uso, evadiendo las restricciones bancarias tradicionales con una opacidad técnica sin precedentes.
El análisis de Chainalysis sobre Venezuela ofrece una perspectiva fascinante sobre la dualidad de las criptomonedas, mostrando un flujo de transacciones estimado en 44.600 millones de dólares en 2025, el país caribeño se mantiene como un líder regional, pero bajo una dinámica de “realidad dividida”.
Por un lado, el ciudadano común ha dado la espalda a los intentos de institucionalización del Estado, como la ahora extinta Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) o el Petro, y ante una hiperinflación persistente, los venezolanos han acudido masivamente a plataformas globales y mercados P2P para preservar el valor de sus ingresos.
Básicamente, para la población venezolana, las criptomonedas son un salvavidas de libertad económica. No obstante, por otro lado, el informe identifica redes informales vinculadas al régimen que operan en paralelo, utilizando stablecoins para liquidar operaciones de comercio exterior, específicamente en el sector petrolero.
Este uso estratégico replica los modelos de Rusia e Irán, permitiendo al Estado mantener operaciones comerciales fuera del alcance de las sanciones directas, incluso mientras el sistema bancario nacional languidece.
Ante este panorama, la respuesta de los organismos reguladores como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, «por sus siglas en inglés») del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la UE y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, «por sus siglas en inglés» en el Reino Unido) ha tenido que evolucionar.
Ya no basta con sancionar billeteras individuales; la nueva frontera es el enfoque “centrado en la infraestructura”. Concretamente, el año pasado, las autoridades comenzaron a desmantelar a los proveedores de Infraestructura como Servicio (IaaS).
Al atacar a empresas de alojamiento como Zservers o AEZA, que brindan soporte técnico a redes ilícitas, los reguladores buscan fragmentar los ecosistemas desde su base técnica, para impedir a los criptointercambios fuera del sistema ayudar en la evasión de sanciones a los regímenes incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (también conocida como lista SDN de la OFAC).
Sobre este punto, el informe de Chainalysis también resalta un hito legal, que se originó tras la exclusión formal de Tornado Cash de la lista SDN tras sentencias judiciales que determinaron que los contratos inteligentes autónomos no pueden ser considerados “bienes” sujetos a sanciones, lo que obliga a las autoridades a replantearse cómo regular protocolos descentralizados que no tienen un “dueño” físico.
A pesar de las cifras alarmantes de criminalidad estatal, Chainalysis concluye con una nota de cautela pero optimismo técnico, porque todavía la transparencia inherente de la cadena de bloques sigue siendo la mayor ventaja estructural de los investigadores.
Aunque los estados-nación han aprendido a ocultar sus huellas, cada transacción deja un registro indeleble que, tarde o temprano, permite mapear redes de intermediarios, facilitadores OTC y nodos críticos.
El año 2025 será recordado como el momento en que las criptomonedas dejaron de ser un activo marginal para convertirse en un instrumento central de la geopolítica mundial, por lo que la batalla entre la libertad financiera individual y el control estratégico estatal apenas comienza, y la blockchain es el terreno donde se decidirá el futuro del dinero en el siglo XXI.