El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos, junto con el Reino Unido, asestaron el mayor golpe de su historia contra el crimen organizado transnacional al desmantelar una vasta red criminal con sede en Camboya, conocida como Prince Group TCO (Organización Criminal Transnacional Prince Group), tras incautar 127.272 Bitcoin (BTC), aproximadamente 15 mil millones de dólares.
Esta red, dirigida por una persona de nombre Chen Zhi, fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, «por sus siglas en inglés»), de crear un imperio basado en el trabajo forzado para llevar a cabo sofisticadas estafas de inversión en criptomonedas, un esquema conocido como “matanza de cerdos”.
El problema ha surgido casi un mes después, luego que se revelara el caso y la acusación penal contra la red, poniendo en evidencia una vez más, que el ciberespacio, ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla invisible limitado a la intercepción de comunicaciones y el robo de secretos militares, que ahora ha escalado a una nueva y peligrosa dimensión: el saqueo directo de activos financieros a escala estatal.
La polémica ha estallado por la cifra de la incautación 127.272 BTC, por parte del DOJ, que ahora Pekín reclama como un acto de ciberpiratería orquestado por las propias agencias de inteligencia estadounidenses.
Y es que, el origen de este enfrentamiento reside en el llamado caso LuBian, ya que una agencia de ciberseguridad china ha acusado abiertamente a Estados Unidos de no ser el “héroe” que combate el blanqueo de dinero, sino el “ladrón” que ejecutó el ciberataque de los fondos en 2020 para, posteriormente, anunciarlos como un exitoso decomiso.
Si las acusaciones de China son ciertas, este caso marcaría un hito preocupante: la transformación de las agencias de inteligencia de una superpotencia en actores de robo de alta tecnología para el lucro estatal, difuminando peligrosamente la línea entre la guerra de información y el crimen organizado.
Al parecer, la controversia está basada en la identidad de los fondos, ya que esa misma cantidad de BTC fueron “supuestamente” robados a finales de 2020 del pool de minería LuBian, que operaba en China.
El propietario de las criptomonedas era Zhi, fundador del turbio Prince Group de Camboya, una figura que el DOJ acusó formalmente de fraude electrónico y blanqueo de capitales y que ahora está en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense.
La Versión Estadounidense, desde Washington aseguran que la incautación fue el resultado de la “Operación Prince”, una investigación que rastreó los BTC como ganancias ilícitas del esquema de fraude de Zhi.
Cómo en otros casos similares el DOJ ha colocado un mensaje claro a la vista del público en su comunicado: “el sistema legal de Estados Unidos, tiene la capacidad de perseguir el crimen organizado hasta en los rincones más oscuros de la blockchain”.
Pero ahora, la Versión China señala que el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos (CVERC) de China, presentó un análisis técnico contundente, que las criptomonedas incautadas por el DOJ coincide transacción por transacción con la que fue robada de LuBian en un único evento de ciberpirateo masivo en diciembre de 2020.
Su conclusión es que se trata de un caso de “ladrones que se pelean” (thieves falling out), donde Estados Unidos simplemente se deshizo de un activo robado que estaba en manos del Prince Group, pero que fue tomado inicialmente por una “organización de hacking de nivel estatal”.
El argumento más inquietante de los analistas chinos es el período de cuatro años de inactividad de las monedas robadas, en las que nadie supo del estado del caso ni de los activos incautados a la organización de Zhi.
Los chinos, dicen en que los ciberpiratas suelen intentar “lavar” y liquidar el botín lo antes posible, pero en este caso, dicho tesoro de BTC permaneció dormido hasta 2024, un comportamiento que, según el CVERC, es típico de una operación de inteligencia que espera el momento político y legal oportuno para ejecutar la “incautación”.
En junio de 2024, los fondos fueron repentinamente transferidos a nuevas carteras que, según rastreadores de blockchain como Arkham Intelligence y aparecen en direcciones etiquetadas como propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, este enfrentamiento no ocurre en el vacío. Durante la última década, las relaciones entre Washington y Pekín han estado marcadas por un tenso y constante conflicto en el ciberespacio, un verdadero campo de batalla silencioso donde se libra una guerra por la superioridad económica y tecnológica.
Desde Occidente, liderado por Estados Unidos, se ha documentado y sancionado repetidamente a grupos de hacking vinculados al Ejército Popular de Liberación (EPL) y al Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) chino, por llevar a cabo operaciones que se han centrado en todo tipo de acciones criminales contra empresas e instituciones de los estados, incluyendo el sector militar.
Estas operaciones incluyendo, desde Robo de Propiedad Intelectual, con ciberataques masivos a corporaciones aeroespaciales, farmacéuticas y de alta tecnología para robar secretos industriales, planos de diseño y algoritmos.
También ciberataques de Espionaje Gubernamental, donde buscan la infiltración en bases de datos de personal y comunicaciones gubernamentales (como el pirateo que ocurrió en 2020 en la Oficina de Gestión de Personal, OPM, de Estados Unidos), de acuerdo a lo revelado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), en una rueda de prensa y cómo lo cubrió el diario New York Times.
Del mismo modo, estos ciberataques se dirigen a robar información de Tecnología de Doble Uso, que China luego puede usar para acortar drásticamente sus ciclos de I+D, permitiendo a empresas chinas replicar burdamente (o con gran precisión) tecnologías extranjeras, socavando así la ventaja competitiva de Occidente, así que este juego no es nuevo.
Ahora bien, si se demuestra la implicación de Estados Unidos, en el robo de LuBian, la narrativa de la “moralidad” en el ciberespacio se desmoronaría por completo, de acuerdo a algunos analistas, que consideran que aún ese país tiene cierto nivel de prevalencia en cuanto al dominio de Internet.
La respuesta china no solo desafía la acción del DOJ, sino que también busca legitimar sus propias prácticas de hacking al exponer una supuesta hipocresía que existe del lado de los estadounidenses.
De esa forma, Pekín buscará legitimar sus propias prácticas oscuras al mandar un mensaje que diga: “si Washington está dispuesto a participar en un robo de esta magnitud, utilizando tácticas de hacking estatal con un valor de mercado de más de 15.000 millones, ¿por qué China no debería hacerlo para proteger y avanzar sus intereses nacionales?”, el típico mensaje retórico del “Whataboutism”.
El volumen del botín en el caso LuBian es asombroso, ya que haber incautado 127.272 BTC, es una cantidad tan grande que tiene el potencial de influir en el mercado global de criptomonedas si el gobierno de Estados Unidos decide liquidar los activos.
Esto, a su vez, añade otra capa de riesgo e influencia geopolítica al precio y la percepción de estabilidad del Bitcoin. Pero, independientemente de quién tenga la verdad, el escándalo del Bitcoin LuBian inyecta una dosis de veneno corrosivo en la ya frágil confianza global.
En un mundo donde el comercio y las finanzas dependen de la integridad digital, la acusación de que una de las potencias nucleares está operando como una sofisticada banda de crimen organizado en la blockchain tiene consecuencias profundas, para la Ciberseguridad y el Derecho Internacional.
Por un lado, se refuerza la idea de que no existe una “mano invisible” benevolente en el ciberespacio y que además, los ataques más peligrosos y de mayor sofisticación no provienen de criminales comunes, sino de organizaciones de inteligencia con recursos ilimitados.
Por el otro, el caso plantea serias dudas sobre la jurisdicción y la legalidad de las acciones en el ciberespacio. Si el ciberpirateo ocurrió en China/Irán y la incautación fue ejecutada por Estados Unidos, ¿quién tiene derecho legal sobre estos fondos y quién debe rendir cuentas por el robo inicial?
En todo caso, este escándalo del robo de BTC al pool de minería LuBian es más que una disputa sobre dinero; es un reflejo de la intensificación de la Guerra Fría tecnológica y el último capítulo de la batalla por la dominación en el siglo XXI.
La sombra del ciberespionaje estatal ya no solo roba secretos, sino que ahora parece estar dispuesta a robar miles de millones de dólares en la economía digital y queda por saber, quién será la siguiente víctima y quién será el victimario.
Por ahora, los gobiernos y las empresas de todo el mundo están observando atentamente, conscientes de que la criptomoneda, un activo diseñado para ser descentralizado y apolítico, se ha convertido en el nuevo terreno más caliente en el pulso entre las superpotencias.