Coinbase ha sufrido una filtración de datos que fue dada a conocer hace unos días atrás, en la cual se reveló que ciberdelincuentes lograron acceder a información limitada de clientes (nombres, correos electrónicos, números de teléfono, detalles bancarios parciales y números de seguro social parciales) tras sobornar a algunos agentes de soporte al cliente.
En virtud de ello, los atacantes intentaron extorsionar a Coinbase por 20 millones de dólares para no hacer públicos los datos robados, pero el criptointercambio, tomó la decisión de negarse a pagar el rescate y, en cambio, anunció un fondo de recompensa de 20 millones de dólares para obtener información que conduzca al arresto y condena de los responsables.
Obviamente, el criptointercambio con sede en San Francisco, California, señaló la posibilidad que esta filtración de datos y posterior intento de extorsión, impactaría sus finanzas con costos relacionados con este incidente, cuyo monto podría oscilar entre 180 y 400 millones de dólares.
Como era de esperarse, la divulgación de esta filtración de datos y el intento de extorsión tuvieron un impacto negativo en el precio de las acciones de Coinbase en el mercado bursátil, generando a que el precio de sus acciones tras la revelación del pasado 15 de mayo cayeran un 7.2%.
En consecuencia, las demandas colectivas de accionistas a raíz de este incidente no se hicieron esperar. De allí que, se hayan presentado nuevas demandas colectivas de accionistas que alegan que la caída del precio de las acciones fue una consecuencia directa de la filtración de datos y de la supuesta falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de Coinbase.
Un caso notable es la demanda colectiva presentada por el inversor Brady Nessler el pasado 22 de mayo, ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania, contra Coinbase Global, INC., Brian Armstrong y Alesia J. Haas, CEO y CFO del criptointercambio respectivamente.
Nessler, llevó a cabo esta ACCIÓN CIVIL N.º 2:25-cv-02637, “individualmente y en nombre de todas las demás personas en situación similar”, en donde cubre a los compradores de valores de Coinbase por varios hechos acaecidos entre abril de 2021 y mayo de 2025, donde supuestamente el criptointercambio incurrió en varias violaciones de la ley.
El demandante alega que Coinbase cometió una violación de las leyes federales de valores por omitir riesgos materiales, al no revelar una infracción del acuerdo con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, en el momento que Coinbase no informó que su subsidiaria CB Payments Ltd. (CBPL) había violado un acuerdo de 2020 con la FCA, lo que resultó en una multa de 4.5 millones de libras esterlinas en julio de 2024.
Asimismo, se argumenta que esta omisión infló artificialmente el precio de las acciones al momento de la salida a bolsa. La noticia de esta multa ya había provocado una caída del 5,5% en las acciones de Coinbase en julio de 2024.
La demanda también alega que el mal manejo de la reciente filtración de datos y la extorsión, debido a que la revelación de este incidente llevó a una “disminución precipitada en el valor de mercado de las acciones comunes de la compañía”, causando pérdidas a los accionistas.
“Como resultado de las actuaciones y omisiones ilícitas de los demandados, y del precipitado descenso del valor de mercado de las acciones ordinarias de la empresa, el demandante y otros miembros del grupo han sufrido pérdidas y daños significativos”, señala el texto.
Nessler alega que como resultado de este mal manejo en la divulgación de este incidente, las acciones de Coinbase cayeron un 7,2%, cerrando en 244 dólares ese mismo día 15 de mayo, aunque posteriormente, al día siguiente, la acción se recuperó, subiendo un 9% y alcanzando los 266 dólares al cierre del mercado el 16 de mayo.
El demandante, afirma que esta ha sido la última de una larga lista de las supuestas “omisiones” en las que Coinbase ha incurrido en los últimos años, haciendo que las consecuencias de esta serie de incidentes, hayan provocado “pérdidas y daños significativos” a los titulares de las acciones del criptointercambio en el NASDAQ.
La demanda acusa a Coinbase y a sus ejecutivos (Armstrong y Haas) de violar las leyes federales de valores, específicamente la Ley de Bolsas de Valores de 1934, al hacer declaraciones falsas o engañosas y/o al omitir información material sobre los riesgos regulatorios y de seguridad de la empresa.
Adicionalmente, pide el reembolso de los honorarios legales y un juicio con jurado. Para el demandante, tanto Armstrong como Haas, son considerados responsables de las supuestas omisiones y tergiversaciones en que ha incurrido el criptointercambio progresivamente desde el primer incidente en 2021.
Por lo que Nessler solicita que se certifique la demanda como acción colectiva para representar a todos los inversores afectados, además de solicitar compensación por daños monetarios por las pérdidas sufridas por los accionistas de Coinbase.
Esta acción de Nessler, ha sido calificada como un intento de responsabilizar a Coinbase por supuestas fallas en la transparencia y la gestión de riesgos que habrían inflado artificialmente el precio de sus acciones y luego provocado su caída tras la revelación de incidentes clave.
Si bien es cierto, que la desestimación de la demanda de la SEC fue un alivio significativo para Coinbase en el frente regulatorio, la reciente filtración de datos y el intento de extorsión han abierto un nuevo flanco de litigios en las cortes estadounidenses.
Ahora el equipo legal de Coinbase, dirigido por Paul Grewal (que hasta el momento no ha dicho nada), deberá responder a los accionistas que están buscando una compensación por las pérdidas sufridas debido a la caída del precio de las acciones, tras las alegaciones de divulgación inadecuada y falta de seguridad.