Durante casi una década, el ecosistema de activos digitales en Pakistán operó en un limbo de “tolerancia hostil”, mientras millones de ciudadanos recurrían a Bitcoin y stablecoins como refugio ante la inflación, el sistema financiero oficial mantenía las puertas cerradas bajo el candado de la Circular Nº 03 de 2018 del Banco Estatal de Pakistán.
Sin embargo, lo ocurrido esta semana marca el fin de esa era, porque Pakistán no solo ha levantado la prohibición bancaria, sino que ha erigido un marco legal que aspira a convertirlo en el nuevo polo tecnológico del sur de Asia.
El catalizador de esta transformación ha sido la promulgación de la Ley de Activos Virtuales de 2026, que tras meses de debates parlamentarios y consultas técnicas, esta legislación establece por primera vez una definición jurídica clara para los activos criptográficos en suelo pakistaní. Pero más allá de las definiciones, su mayor logro es la creación de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA, «por sus siglas en inglés»).
La PVARA no es solo una entidad administrativa más, ya que es un organismo autónomo diseñado con una simetría deliberada respecto a la exitosa VARA de Dubái, que al centralizar la supervisión, el licenciamiento y el control en un solo ente especializado, deja el control de esa industria en Pakistán, en manos del gobierno de Islamabad.
Bajo este nuevo esquema, cualquier Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP, «por sus siglas en inglés») que desee operar en el país debe someterse a un riguroso proceso de debida diligencia que incluye auditorías de ciberseguridad, protocolos de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT).
Lo que ha construido el puente tras derogar la antigua política de restricción, llegó este 14 de abril, cuando el Banco Estatal de Pakistán (SBP, «por sus siglas en inglés») emitió la Circular BPRD Nº 10 de 2026, cuya directiva es precisamente el “puente” que el mercado esperaba para permitir a las instituciones financieras abrir cuentas bancarias a las entidades licenciadas por la PVARA.
Básicamente, este movimiento es estratégico por dos motivos. Primero, porque formaliza un mercado que ya movía, según estimaciones del Ministerio de Finanzas, más de 300.000 millones de dólares anuales en la sombra.
Segundo, porque establece un cortafuegos institucional, que si bien autoriza a los bancos para que puedan brindar servicio a los exchanges locales, tienen estrictamente prohibido invertir sus propios fondos o los depósitos de sus clientes en criptoactivos.
De esta manera, se formaliza un esquema de apertura controlada, diseñada para inyectar liquidez y transparencia al sistema financiero pero sin comprometer la estabilidad del sistema bancario tradicional.
Vale destacar, que en el contexto regional añade una capa de urgencia a estas reformas, mientras su vecino, la India, ha optado por una postura fiscal punitiva y una retórica cautelosa que ha asfixiado a sus exchanges locales, Pakistán ha decidido jugar la carta de la competitividad.
Al adoptar un marco que emula el éxito de los Emiratos Árabes Unidos (hogar de gigantes como Binance y Bybit), Pakistán se posiciona como una jurisdicción de “arbitraje regulatorio” al estilo musulmán.
Y es que, el objetivo de Pakistán es evidente, atraer a las empresas que huyen de la incertidumbre y a veces de la persecución en otros mercados emergentes que han puesto en peligro sus operaciones en determinados países.
La creación de un entorno propicio para el desarrollo de soluciones Shariah-compliant (compatibles con la ley islámica) es, además, un imán para el capital institucional proveniente del Golfo, uniendo dos de los mercados más dinámicos del mundo musulmán.
El camino hacia este abril de 2026 comenzó a trazarse en septiembre de 2025, cuando la PVARA lanzó una invitación global para presentar Expresiones de Interés (EoI, «por sus siglas en inglés») para participar en la economía digital emergente del país.
En aquel momento, el requisito de contar con licencias previas de reguladores de renombre internacional como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés») o la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, «por sus siglas en inglés»), filtró a los actores menos preparados.
Hoy, ese filtro está dando sus frutos porque las entidades que están obteniendo sus licencias operativas bajo la nueva ley no son solo intercambios minoristas sino que además son plataformas que traen consigo infraestructura para la tokenización de activos estatales y proyectos de minería de Bitcoin respaldados por excedentes de energía renovable.
Pakistán está dejando de ver al ecosistema de empresas “cripto” como un problema de seguridad para entenderlo como una herramienta de soberanía financiera. Sin embargo, a pesar de ese optimismo, el camino no está exento de obstáculos.
La implementación de las Cuentas de Dinero de Clientes (CMA, «por sus siglas en inglés») segregadas obligará a los bancos locales a una actualización tecnológica sin precedentes para monitorear transacciones en tiempo real.
Además, la transición del masivo mercado P2P informal —donde el anonimato ha sido la norma— hacia plataformas reguladas será un proceso cultural lento que requerirá incentivos fiscales claros para los traders.
Pakistán ha comprendido que la prohibición es una batalla perdida frente a la tecnología, así que con la PVARA como timonel y el respaldo del SBP, el país está intentando algo muy ambicioso, como lo es domesticar y regular el mercado en la sombra de los activos digitales a través de la institucionalidad.
Si este experimento tiene éxito, Pakistán no solo habrá resuelto su dilema regulatorio, sino que habrá construido el modelo a seguir para otras naciones en desarrollo que buscan integrarse a la economía digital global sin perder el control de su estabilidad macroeconómica. El “Indo Digital” ya no es una promesa; es un ecosistema con ley y orden.