La llegada del invierno a Tayikistán trae consigo más que bajas temperaturas y nevadas en las majestuosas montañas del Pamir; porque conlleva una crisis anual de suministro eléctrico que, en 2025, se vio dramáticamente exacerbada por un fenómeno global: la minería ilegal de criptomonedas.
A medida que las luces se apagaban para miles de ciudadanos, el gobierno ha respondido con una medida draconiana, imponiendo penas de hasta ocho años de prisión para quienes utilicen electricidad robada con el fin de producir activos virtuales.
De acuerdo con el medio Asia-Plus, el cambio drástico legislativo, impulsado por la Fiscalía General, cristaliza la frustración de un Estado que lucha por mantener la estabilidad de su red eléctrica frente al creciente delito del robo de energía eléctrica.
De esta forma, la semana pasada los miembros del Majlisi Oli “Asamblea Suprema de la República de Tayikistán”, estudiaron el proyecto de enmiendas y adiciones al Código Penal propuesto desde la Fiscalía General, bajo el liderazgo de Khabibullo Vohidzoda, el cual tras haber sido examinado, pasó a ser aprobado por los legisladores.
La nueva enmienda al Código Penal, que introduce el Artículo 253(2) sobre el “Uso ilegal de electricidad para la producción de un activo virtual”, no es solo una simple multa; porque ahora puede tener consecuencias penales graves para aquellos que se lucran a expensas de la seguridad energética nacional.
El delito, clasificado bajo el nuevo Artículo 253(2), establece un régimen de sanciones escalonadas que buscan ser un disuasivo de peso que parten del Uso Ilegal Individual de energía, que ahora será penada con una multa de 15.000 a 37.500 somoni, lo que es aproximadamente 1.650 dólares a 4.125 dólares.
Cuando el delito se comete en un Grupo con Conspiración, la multa va de 37.500 a 75.000 somoni o 2 a 5 años de prisión, lo que es aproximadamente 4.125 dólares a 8.250 dólares. Mientras que si el delito involucra un Grupo Organizado a (Gran Escala), se establecen penas directas de 5 a 8 años de prisión.
Vohidzoda enfatizó que la circulación ilegal de activos virtuales no solo provoca el robo de electricidad, sino que facilita otros delitos graves como el lavado de dinero, haciendo imperativo un marco penal más estricto, por lo que es probable que vengan nuevas regulaciones a las criptomonedas en esa nación.
Tayikistán es, en esencia, una potencia hídrica y es por eso que este país vive una paradoja por su crisis energética estacional. Su vasto potencial hidroeléctrico sirve de columna vertebral a su sistema energético, generando más del 90% de la electricidad del país.
Sin embargo, dada la ubicación del Tayikistán presenta una severa vulnerabilidad estacional, que se manifiesta con crudeza cada año con la llegada del invierno. Si bien, durante el verano, el deshielo alimenta las represas y las turbinas operan a pleno rendimiento, con la llegada del invierno, las reservas de agua disminuyen drásticamente o se congelan.
En consecuencia, se termina paralizando el flujo y reduciendo la generación eléctrica a niveles críticos, por lo que esta insuficiencia ha obligado históricamente a recurrir a combustibles fósiles importados (petróleo, gas y carbón) con un costo financiero y para el medioambiente.
Además, lo que es más problemático para la población, es que obliga a las autoridades a imponer límites y restricciones horarias de suministro, dejando a los residentes de algunas regiones con solo 2 a 4 horas de electricidad al día durante los meses más fríos. Es en este precario equilibrio donde la minería de criptomonedas encontró una fisura.
La minería de criptomonedas, es un proceso intensivo en cálculo que genera activos digitales como Bitcoin (BTC), pero cuyos dispositivos de minería ASIC, exigen un consumo energético voraz, con modelos estándar que pueden estar consumiendo entre 3.5 kWh y 6 kWh.
Tal como explicó el diputado Shukhrat Ganizoda, la construcción de “granjas mineras” implica conectar miles de estos dispositivos de alto consumo a la red eléctrica. Ante el alto costo de la energía, y motivados por la promesa de rápidos beneficios en el mundo digital, los operadores ilegales han optado por el camino del robo de electricidad con tomas clandestinas.
Esto incluye conexiones directas y manipulaciones de contadores que, en la práctica, significan que una parte significativa de la escasa electricidad invernal está siendo desviada para alimentar beneficios privados.
La Fiscalía General de Tayikistán, fue la encargada de cuantificar el daño, y las cifras son escalofriantes, ya que durante una presentación ante el Parlamento que justificaba las nuevas enmiendas, Vohidzoda fue enfático al señalar que el robo de electricidad a través de granjas mineras había “creado artificialmente escasez y restricciones”, exacerbando el sufrimiento de la población.
Las investigaciones del Servicio Estatal de Supervisión Energética a lo largo de 2025 revelaron la magnitud del saqueo, al cuantificar el Daño Específico por Minería que solo en el primer semestre de 2025, las autoridades identificaron y recuperaron 32 millones de somoni (3.52 millones de dólares) en daños directamente relacionados con el uso de electricidad robada para la minería.
También se cuantificó el Fraude de Alto Vuelo, que está constituido por los casos de alto perfil como el de Oriyoi Kolkhozobod LLC, una empresa que causó daños por más de 110 millones de somoni al consumir ilegalmente 81 millones de kWh, lo que ilustra que el robo no se limitaba a pequeños operadores, ya que grandes empresas y negocios se sumaron al fraude.
El medio The Times of Central Asia, reveló en un reporte de agosto que desde enero de este año, unas 3.988 personas habían enfrentado medidas administrativas o disciplinarias, y se habían abierto para ese momento, unas 190 causas penales, con un total de daños recuperados hasta agosto de 38,7 millones de somoni (4,26 millones de dólares).
Estos datos mostraron un Problema Endémico en Tayikistán, debido a que el problema es geográficamente amplio, con infracciones registradas en establecimientos comerciales y edificios residenciales en ciudades principales como Dusambé, Juyand e Istaravshan.
En un contexto donde la empresa estatal Barki Tojik arrastra deudas que ascienden a 4.6 mil millones de somoni (506 millones de dólares), por lo que cada somoni robado golpea directamente la estabilidad financiera del sector y, por extensión, la seguridad energética del país.
A la amenaza de los mineros ilegales se añade un problema sistémico de corrupción interna, que también salió a la luz pública, el cual reveló que empleados de las redes eléctricas locales en varios distritos habían incurrido en cobros excesivos, facturando a la población aproximadamente 7 millones de somoni por electricidad no utilizada.
Este doble golpe de corrupción (el robo por mineros y el fraude por personal de la red) ha pulverizado la confianza pública y ha magnificado la percepción de inestabilidad en el servicio dentro de ese país.
Ante la insuficiencia de las sanciones administrativas y las multas preexistentes —que ya preveían penas de prisión de hasta 10 años por incumplimiento de pago general—, el Fiscal General argumentó la necesidad de un castigo específico para la minería.
La crisis de la criptominería ilegal pone de manifiesto la urgencia de los planes de diversificación energética de Tayikistán, por lo que esa nación está comprometida con la reducción de su dependencia estacional del agua, invirtiendo en fuentes renovables como la energía solar y eólica, con el objetivo de añadir 3.000 MW de capacidad para 2030.
Mientras Tayikistán avanza hacia un futuro energético más sostenible, la nueva ley penal marca un precedente para quienes incurren en el delito del robo de energía con la finalidad de obtener beneficios digitales.