La semana pasada se pudo conocer que las cortes federales de Estados Unidos se han convertido en el escenario de una confrontación legal de alto riesgo para Binance, la plataforma de criptointercambio más grande del mundo, y su carismático fundador, Changpeng Zhao (CZ).
Y es que, la sombra de su pasado regulatorio los sigue persiguiendo hoy día, a pesar de haber liquidado un monumental acuerdo en 2024 con el Departamento de Justicia (DOJ, «por sus siglas en inglés»), el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, «por sus siglas en inglés») y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, «por sus siglas en inglés») de Estados Unidos.
El último y más resonante desafío legal proviene de un grupo de más de 300 víctimas (o familiares de víctimas) de los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel y otros atentados previos, quienes han presentado una demanda civil devastadora contra el popular criptointercambio.
Las acusaciones no solo repiten, sino que amplían, el argumento central que le costó a Binance miles de millones de dólares en una multa estratosférica. La acusación señala que la plataforma facilitó, a sabiendas, el envío y lavado de dinero para organizaciones terroristas como Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina.
Los 306 demandantes estadounidenses, afirman que Binance, su antiguo CEO, Changpeng Zhao, junto al CFO de facto del criptointercambio, Guangying Chen, facilitaron a las organizaciones terroristas responsables de los atentados del 7 de Octubre, que pudieran recibir más de mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas en violación de la ley estadounidense.
Y es que cómo se recordará, la historia reciente de Binance en EEUU ha estado marcada por un intento de reestructuración radical bajo la vigilancia regulatoria. En 2024, la empresa se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y sanciones.
El acuerdo fue un golpe directo a las finanzas de Binance, culminando en una mega multa combinada que superó los 4.3 mil millones de dólares, una de las más grandes en la historia corporativa de EEUU, además de la dimisión forzosa de CZ como CEO, quien más tarde cumpliría una pena de prisión de cuatro meses, así como también un acuerdo de vigilancia financiera que duraría 4 años.
Este acuerdo se vendió como un borrón y cuenta nueva, la aceptación de fallos del pasado a cambio de un futuro operativo bajo un estricto monitoreo que evaluaría las transacciones y las acciones de cumplimiento del criptointercambio.
Sin embargo, la demanda actual, presentada bajo la Ley Antiterrorista y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, sostiene que las violaciones fueron mucho más profundas y extensas de lo que el gobierno del expresidente Joe Biden reveló.
La demanda que fue presentada en el Tribunal del Distrito Este de Dakota del Norte, es bastante detallada, sobre cómo intervino el criptointercambio en estas operaciones de financiamiento de grupos terroristas del Medio Oriente, apuntando a una nueva cifra enorme de dinero que llegó a manos de dichos grupos.
El abogado de los demandantes, Gary Osen, fue enfático al indicar que las alegaciones apuntan a un uso “mucho más extenso” de Binance por parte de grupos terroristas de lo que se había divulgado previamente y en la demanda sostiene que Binance no solo ignoró las señales, sino que “ayudó activamente” a que estas organizaciones utilizaran la plataforma con sus acciones y/o inacciones de vigilancia financiera.
La acusación más dañina se centra en la cultura corporativa, de la que se citan comunicaciones internas de Binance, en las que altos funcionarios de cumplimiento presuntamente bromeaban sobre su papel como un paraíso para el blanqueo de dinero.
Un fragmento particularmente condenatorio señala que un oficial de cumplimiento sugirió en 2020 que la compañía podría anunciarse con un eslogan: “¿Lavar dinero de la droga se está volviendo demasiado difícil estos días? Venga a Binance, tenemos lo que necesita”
Estas anécdotas internas sugieren que la supuesta falta de supervisión no fue un simple descuido técnico, sino un subproducto de una política empresarial consciente que priorizaba el crecimiento y la adquisición de usuarios sobre el cumplimiento legal.
La inclusión de Zhao como acusado en la demanda de las víctimas añade otra capa de complejidad, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos políticos, porque a pesar de declararse culpable de cargos federales por facilitar la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, CZ fue indultado por el presidente Donald J. Trump el pasado mes de octubre de 2025.
El indulto, justificado por el presidente Trump bajo la premisa de que lo que hizo Zhao “ni siquiera es un delito” y que fue “perseguido por la Administración Biden” (en referencia a la administración anterior), complica la narrativa pública.
Aunque, Trump dijo en una entrevista que no sabía quién era CZ, para gran parte de la comunidad cripto, esta posibilidad es altamente improbable. Mientras que Zhao, al ser consultado en la red social X, si solicitaría una devolución de la multa impuesta por EEUU, respondió que no y que más bien estaba agradecido por el indulto.
Si bien el indulto borra el castigo penal por los delitos federales de CZ, no tiene ningún efecto sobre la demanda civil que ahora enfrentan Zhao y Binance, ya que la demanda de las víctimas se centra en la responsabilidad civil por los daños infligidos, lo que es independiente del indulto presidencial.
No obstante, para Binance, esta demanda civil representa una amenaza existencial por varias razones. La primera de ellas, son los Daños y Perjuicios Ilimitados que se pudieran generar de un juicio en las Cortes estadounidenses a la que pudieran sumarse más personas en el futuro próximo.
A diferencia de una multa gubernamental negociada, un juicio civil con jurado tiene el potencial de imponer daños y perjuicios masivos, especialmente si los demandantes logran demostrar la vinculación directa entre las transacciones de Binance y los actos terroristas.
Del mismo modo, esta demanda presenta un riesgo más que pudiera generar una crisis de Reputación para la marca, al estar asociada una vez más con actividades ilícitas. Por si fuera poco, entre los demandantes está Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, cuyo hijo fue asesinado por una trampa explosiva de Hamás en noviembre de 2023.
Asimismo, se encuentra la familia de Hersh Goldberg-Polin, el cual resultó herido en el festival Nova Music de Israel y que luego, fue tomado como rehén por los terroristas de Hamás, muriendo en cautiverio.
En consecuencia, los demandantes solicitan en un juicio civil con jurado en Dakota, el resarcimiento de daños y perjuicios por parte de Binance, su ex CEO y su ex CFO, en virtud de la Ley Antiterrorista y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo.
De hecho, la demanda mantiene a Binance bajo el foco de la financiación del terrorismo, tras permitir el envío de fondos desde Venezuela a las organizaciones terroristas, socavando los actuales esfuerzos de la compañía por presentarse como una entidad reformada y en cumplimiento total con sus nuevos estándares AML y de sanciones.
La batalla legal que se desarrolla en el Distrito de Dakota del Norte será crucial no solo para Binance y sus antiguos líderes, sino para toda la industria de las criptomonedas. Vale destacar, que Dakota del Norte en junio del año pasado, se había convertido en el séptimo estado en revocar o denegar la renovación de una licencia de transmisión de dinero solicitada por BAM Trading Services, la empresa del holding que manejaba a Binance.US.
Otros estados como Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón también habían tomado medidas similares el año pasado. Sin embargo, en 2025, esas licencias revocadas en los estados antes señalados, fueron renovadas otra vez por sus respectivos entes, con la llegada de la Administración Trump.
No obstante, la decisión de la corte podría establecer un precedente sobre la responsabilidad de las plataformas de activos digitales cuando sus servicios son explotados por actores nefastos, redefiniendo la delgada línea entre la innovación financiera y la obligación moral y legal de proteger el ecosistema global contra el terrorismo.