En los últimos meses la esfera cercana al presidente de Estados Unidos, ha estado bajo un fuerte escrutinio, por lo que ahora se sabe que los cimientos de la ética gubernamental en Washington D.C., no serán los mismos, por la intrincada red que tejen los intereses comerciales de la familia presidencial y las decisiones regulatorias federales.
El fulgor de las criptomonedas, un sector que Donald J. Trump primero condenó y luego abrazó fervorosamente, se ha convertido en el telón de fondo de una serie de acuerdos que, según expertos legales y éticos, no solo rozan el conflicto de interés, sino que sugieren una alarmante dinámica de “pago por jugar” en la cima del poder estadounidense.
El caso central gira en torno a Crypto.com, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, y su sorprendente metamorfosis de objetivo de una investigación federal a socio comercial multimillonario de la empresa del Presidente: Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de la plataforma Truth Social.
La historia comienza durante la administración anterior, bajo la cual Crypto.com estuvo bajo un escrutinio regulatorio intenso. Como resultado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de la administración Biden había notificado a la empresa que era inminente una acción de ejecución legal, parte de un esfuerzo más amplio por domar el salvaje oeste de las finanzas digitales.
Sin embargo, tras la victoria electoral del presidente Trump en noviembre de 2024, el panorama cambió drásticamente, por lo que los abogados de Crypto.com consiguieron negociar un aplazamiento en la presentación de cargos, con una demanda a la SEC presidida por Gary Gensler.
La empresa, sintiendo el viento político a favor, se volcó en el apoyo a la nueva administración, con fuerza, ya que algunos documentos revelan que la compañía donó 1 millón de dólares para la toma de posesión del Presidente y, posteriormente, hizo una contribución masiva de 10 millones dólares a MAGA Inc., el principal Súper PAC de la campaña de Trump.
Como no es de extrañar, esta inversión política tuvo un efecto casi inmediato. Para el 27 de marzo de este año, la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), fue formalmente desestimada, haciendo que poco después del cese de la amenaza legal, llegara la recompensa empresarial.
En agosto de este mismo año, Trump Media, una empresa que ha reportado pérdidas de cientos de millones de dólares, anunció una joint venture con Crypto.com, para la creación del Trump Media Group CRO Strategy.
Dicho acuerdo obliga a Crypto.com a inyectar un valor estimado de 1.000 millones en su token Cronos, mientras que TMTG aporta una contribución más limitada, incluyendo el uso de “cierta propiedad intelectual”.
Para Corey Frayer, ex alto funcionario de la SEC, la economía de este acuerdo no tiene precedentes: “Cuando consideras que la investigación sobre [Crypto.com] fue abandonada, la economía de esto parece más un acuerdo de declaración de culpabilidad que un acuerdo comercial”, afirmó.
Es por ello que la cronología de la —amenaza regulatoria, grandes donaciones, alivio legal, acuerdo lucrativo— ha levantado una bandera roja imposible de ignorar para los observadores éticos.
“Esto parece otro ejemplo de un gobierno de pago por jugar”, señaló Kedric Payne, director del programa de ética en el Centro Legal de Campaña. “Claramente hay una percepción de que para obtener políticas y medidas favorables del gobierno, una empresa necesita proporcionar un beneficio financiero al presidente”.
Mientras tanto, en medio de las críticas al acuerdo entre Crypto.com y la empresa del presidente Trump, que parece haber puesto en evidencia el dilema ético que enfrenta la Casa Blanca, la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, decidió este lunes elevar las alarmas a un tema de seguridad nacional.
Warren que es ampliamente conocida por su postura de línea dura contra las criptomonedas, ha dirigido su atención a otra de las empresas cripto de la familia Trump, World Liberty Financial y su stablecoin USD1, tras haber encontrado razones para comenzar una investigación contra el protocolo DeFi PancakeSwap, que “supuestamente” está vinculado al presidente Trump.
Este foco de su reciente advertencia, está en una carta dirigida al Secretario del Tesoro, Scott Bessent y a la Fiscal General, Pam Bondi, en la cual pidió que se examine si existe “cualquier influencia política indebida por parte de la administración Trump en decisiones de aplicación de la ley”, haciendo hincapié en el criptointercambio descentralizado (DEX) PancakeSwap.
La preocupación de Warren es doble, ya que manifiesta que existen en primer lugar Riesgos de Lavado de Dinero y Terrorismo, debido a que los DEX, no requieren procedimientos estrictos de “Conozca a su Cliente (KYC)”, por lo que se han convertido en un vehículo ideal para el lavado de dinero a gran escala.
Su advertencia está respaldada por informes de firmas de análisis blockchain que indican que PancakeSwap fue utilizado para lavar aproximadamente 263 millones de dólares de un gigantesco robo de 1.4 mil millones de dólares presuntamente orquestado por hackers norcoreanos.
“Sin supervisión regulatoria, los delincuentes podrán cada vez más obtener activos cripto en exchanges descentralizados y luego realizar transacciones financieras sin pasar por instituciones que podrían monitorear y reportar actividades sospechosas”, escribió Warren.
En segundo lugar, la senadora demócrata dice que la incitación a la Operación con Tokens de Trump, conecta el riesgo de seguridad con el conflicto de interés. En ese sentido, la senadora señala que PancakeSwap estableció una colaboración con World Liberty Financial para promocionar y ofrecer premios para la operación de pares de la stablecoin USD1.
La preocupación no es solo la colaboración empresarial, sino el riesgo de que esta “incitación a los operadores a utilizar los tokens emitidos por la principal empresa cripto de la familia Trump” pueda interpretarse como una “influencia política indebida del gobierno de Trump sobre las decisiones de aplicación de la ley”.
La crítica se extiende más allá de PancakeSwap, ya que Warren también ha cuestionado la relación de la stablecoin USD1 con Binance, apenas unos meses después de que el cofundador de esta plataforma, Changpeng Zhao, alias “CZ” recibiera un indulto presidencial, aunque después negara haberlo conocido.
Para los críticos, estas acciones sugieren un patrón donde los favores políticos y las decisiones de cumplimiento se alinean de manera consistente con los intereses comerciales de la familia presidencial y sus socios en la industria cripto.
Las revelaciones de este patrón—desde el acuerdo de 1.000 millones con Crypto.com hasta el uso de DEX vinculados al lavado de dinero para impulsar la stablecoin de la familia Trump—han llevado a algunos demócratas de la Cámara a concluir que la Casa Blanca se ha convertido en “la startup de criptomonedas más corrupta del mundo”, citando una investigación que sugiere que la familia Trump ha obtenido cientos de millones de dólares a través de proyectos criptográficos.
La Casa Blanca ha negado consistentemente cualquier irregularidad, argumentando que el presidente colocó sus participaciones comerciales en un fideicomiso controlado por sus hijos para evitar conflictos. No obstante, las acciones y los acuerdos lucrativos sugieren exactamente lo contrario de lo argumentado por Karoline Leavitt, la vocera presidencial.
Históricamente, los presidentes se han esforzado por “evitar incluso la apariencia de que están usando el cargo para beneficio personal”, como recordó Payne, vicepresidente, asesor general y director sénior de Ética en Campaign Legal Center, especializado en ética gubernamental, derecho de cabildeo y derecho electoral.
En la nueva administración, esa apariencia ha sido sustituida por una convergencia abierta y documentada entre el poder regulatorio federal y las ganancias empresariales de la Primera Familia, haciendo de la Casa Blanca un nudo de poder político y un centro de acuerdos cripto.
La investigación de Warren sobre los DEX y los conflictos de interés de la familia Trump es un claro indicio de que, si bien la investigación de la SEC sobre Crypto.com pudo haberse disipado, el escrutinio sobre la ética del gobierno y su relación con la industria de las criptomonedas está lejos de terminar.
Los demócratas han puesto el tema sobre la mesa, exigiendo respuestas concretas al Tesoro y al Departamento de Justicia, por lo que ahora la pelota está en el tejado de las agencias de cumplimiento, que deben demostrar si están investigando los graves riesgos éticos y de seguridad nacional, o si la influencia política indebida ha logrado silenciar la ley.