Sin lugar a dudas el ecosistema global de los activos virtuales avanza de forma irreversible hacia una asimilación institucional homogénea acaba de chocar de frente contra la realidad estadística del principal organismo de control financiero multilateral.
Y es que, la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su más reciente informe de actualización sobre el cumplimiento de la Recomendación 15 (R.15), dejando como conclusión que ante la abrumadora complejidad técnica que exige supervisar el dinero criptográfico, un número creciente de Estados está optando por la vía expeditiva del veto reglamentario.
De acuerdo con los datos recabados por el organismo multilateral sobre un espectro de 149 jurisdicciones integradas a su red global, el porcentaje de países que prohíben total o parcialmente las actividades con criptoactivos ha escalado hasta situarse en un robusto 23%.
Este incremento no es un fenómeno aislado porque refleja un giro drástico en la estrategia soberana de múltiples administraciones que, desbordadas por las exigencias operativas de los marcos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Ante esta cantidad de reglas, condiciones, así como requisitos que deben exigir bajo seguimiento y comprobación, prefieren decretar la ilegalidad del sector antes que asumir los costos de una infraestructura de control que no es fácil ni barata de estructurar de manera eficiente.
El propio GAFI, sin embargo, introduce una advertencia sumamente crítica respecto a esta tendencia prohibitiva, al subrayar con firmeza que la mera promulgación de leyes que veten los activos digitales no desarticula de manera intrínseca los riesgos financieros subyacentes, por lo que de igual manera se deben seguir sus recomendaciones para los VASP que operen en su país.
De hecho, si la prohibición formal no viene acompañada de una política punitiva rigurosa, de investigaciones activas y de sanciones directas contra los operadores clandestinos, el único resultado palpable es el desplazamiento de la actividad económica hacia mercados negros subterráneos, privando al Estado de visibilidad y dejando los flujos financieros en una absoluta opacidad.
Asimismo, el informe detalla que, a nivel global, los avances en la adecuación técnica son, en el mejor de los casos, moderados, porque la categoría de países considerados “Mayormente Cumplidores” (LC) ha experimentado una leve mejoría, consolidándose en el 34% de la muestra (51 jurisdicciones).
En contraposición, el bloque que exhibe un cumplimiento “Parcialmente Cumplidores” (PC) se sitúa en el 43% (64 países), mientras que un remanente persistente del 22% (33 jurisdicciones) permanece catalogado bajo la condición de “No Cumplidores” (NC).
Si bien un sólido 86% de los territorios evaluados ya ha cumplido con la tarea inicial de elaborar diagnósticos formales y evaluaciones de riesgo sobre activos virtuales, la brecha entre la teoría legislativa y la práctica institucional sigue siendo abismal.
El ejemplo más flagrante de esta asimetría se manifiesta en la implementación de la denominada Regla del Viaje (Travel Rule), el pilar normativo diseñado para obligar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a identificar y compartir la información de los ordenantes y beneficiarios de cada transacción.
Aunque un notable 83% de las naciones de la red global ha cumplido formalmente con la aprobación de los marcos regulatorios y las leyes necesarias para dar vida a esta regla, el despliegue práctico está paralizado.
Casi la mitad de estas jurisdicciones que ya cuentan con la ley en mano no ha ejecutado hasta la fecha ni una sola inspección técnica ni ha aplicado penalizaciones o sanciones a las entidades que vulneran la normativa, por lo que la legislación, opera en una gran cantidad de regiones como una fachada documental carente de dientes coercitivos.
Esta debilidad regulatoria global se produce en un contexto donde las tipologías delictivas asociadas al entorno digital muestran una maduración y sofisticación que puede rayar en lo alarmante.
En este sentido el GAFI resalta con profunda preocupación la industrialización del fraude digital, capitaneada por organizaciones del crimen transnacional que operan vastos centros de estafas en el sudeste asiático (particularmente en Camboya) mediante metodologías como el devastador “pig-butchering”.
Estos flujos de capitales ilícitos no solo se diluyen con facilidad en los sistemas financieros convencionales, sino que convergen directamente con actividades de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, vinculadas de manera explícita a redes controladas por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) “Corea del Norte” para evadir las sanciones internacionales vigentes.
Para agravar el panorama técnico de los supervisores, la arquitectura tecnológica del sector financiero está mutando hacia modelos diseñados específicamente para eludir la fiscalización centralizada.
El informe alerta sobre el uso generalizado de stablecoins y la preocupante emergencia de variantes propietarias cuyos protocolos han sido estructurados en su código raíz para impedir de forma deliberada el congelamiento de fondos por orden judicial o administrativa.
Esta infraestructura elusiva se complementa con la proliferación de transacciones de igual a igual (P2P) mediante billeteras sin custodia (unhosted wallets) y el arbitraje regulatorio sistemático practicado por plataformas que sitúan sus operaciones en jurisdicciones offshore laxas.
Finalmente, el segmento de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) se ratifica como el punto ciego por excelencia del control internacional, ya que la complejidad para desentrañar las estructuras de gobernanza y localizar a las personas naturales que ejercen el control efectivo de los contratos inteligentes ha paralizado las iniciativas de licenciamiento.
De un total de 142 jurisdicciones analizadas específicamente en esta materia, apenas cuatro contemplan un régimen de licencias aplicable a los ecosistemas DeFi, y de ellas, solo dos han emitido autorizaciones reales en la práctica.
El GAFI con su informe ha resaltado básicamente que la era de los cumplimientos formales en papel ha agotado su utilidad y se debe pasar a la acción, ya que mientras un sector sustancial de las naciones opta por replegarse hacia la prohibición total ante la incapacidad de fiscalizar el ecosistema, el resto se enfrenta a la perentoria obligación de dotar a sus agencias de herramientas reales de supervisión técnica.
Concretamente, estas últimas naciones han decido transitar de la burocracia legal a la capacidad de congelamiento inmediato y efectivo en la cadena de bloques, para detener las actividades de financiamiento al crimen.
En todo caso, el GAFI, “evalúa los avances y las deficiencias que persisten en la implementación de la Recomendación 15 (R.15) en toda la Red Global”…, “tras la extensión de las Normas del GAFI contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los activos virtuales (AV) y a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)”, como lo indica en su comunicado.