La India es un país donde sus autoridades aún no superan la turbulenta relación que han tenido con los activos digitales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Madrás ha emitido un fallo histórico, en el que se dictaminó que las criptomonedas, aunque “no son moneda de curso legal”, son legalmente “consideradas propiedad bajo la legislación de ese país”.
La decisión, emitida por el Juez N. Anand Venkatesh en el caso de Rhutikumari contra Zanmai Labs Private Limited (la empresa detrás de WazirX), no solo proporciona un alivio inmediato a un inversor afectado por un ciberataque, sino que también sirve como una crítica mordaz a la prolongada inacción legislativa del gobierno de Narendra Modi.
El veredicto ha obligado al sistema judicial a crear la base legal que el Parlamento se ha negado a establecer, forzando un avance en la protección de los derechos de los cientos de millones de inversores cripto en el país.
Ciertamente, la India vive una paradoja de la tributación y la ausencia de protección, para un activo que hasta ahora ni siquiera era considerado una propiedad. Pero ahora, ese país que ha mantenido históricamente una postura cautelosa, e incluso hostil, hacia las criptomonedas privadas, al menos en el sistema de justicia, entienden la necesidad de una regulación.
El Banco de la Reserva de la India (RBI, «por sus siglas en inglés»), ha expresado repetidamente preocupaciones sobre la volatilidad, la estabilidad financiera y el uso de estos activos para actividades ilícitas, abogando enérgicamente por el lanzamiento de la e-Rupee (Moneda Digital del Banco Central) como alternativa soberana y controlada.
No obstante, en esta ambivalencia, el gobierno ha creado una profunda paradoja que por una parte, brinda un reconocimiento implícito, mientras que por la otra se niegan a ofrecer protección a los inversores a través de un marco formal regulatorio.
Concretamente, la tributación anunciada en julio de este año durante la celebración del 166º “Income Tax Day”, impuesta por el Ministerio de Finanzas, aplicando un impuesto del 30% a las ganancias de los activos digitales virtuales (VDA, «por sus siglas en inglés») y un 1% de deducción en la fuente (TDS, «por sus siglas en inglés») sobre las transacciones.
Además, se exigió a los criptointercambios registrarse bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA, «por sus siglas en inglés»), obligándolos a cumplir con las normas AML/KYC para todas las transacciones con usuarios de ese país.
Pero esto por sí mismo, no ofrece Protección a los inversores porque no existe una (Regulación Formal) del ecosistema, más allá de algunas reglas dispersas, lo que contrasta con el volumen de la adopción de los criptoactivos en ese país. Sin duda que, para gravar las transacciones con estos activos digitales, tuvieron que reconocer su uso por parte de la población.
Asimismo, para aplicar la ley antilavado que regula las transacciones financieras en ese país, el gobierno tuvo que reconocer el valor de los activos digitales en su economía, pero hasta ahora se ha negado a proporcionar un marco regulatorio formal que otorgue seguridad jurídica y protección a los inversores.
El análisis legal de Abhinav Sharma, socio de Chambers and Partners, la empresa líder de investigación jurídica profesional, describe este estado como un “vacío regulatorio” que ha dejado a los usuarios vulnerables al fraude, los ciberataques y las insolvencias de las plataformas, una situación que el Tribunal Superior de Madrás ya no pudo ignorar.
El caso Rhutikumari se centró en un inversor de WazirX (operada por Zanmai Labs) cuyas cuentas fueron congeladas tras un ciberataque masivo. El inversor buscó una orden judicial para evitar que el criptointercambio redistribuyera sus tokens XRP (XRP), argumentando que estos no habían sido afectados por el ataque.
El Juez Venkatesh tuvo que abordar dos preguntas cruciales, como la jurisdicción del tribunal en esa materia y la naturaleza legal de las criptomonedas. Sus conclusiones son el verdadero sismo legal dentro del ordenamiento jurídico indio:
En primer lugar, las criptomonedas son consideradas “Propiedad”, aunque (No Monedas de curso legal con respaldo de un país). Simplemente, el tribunal resolvió la indefinición legal al enfocarse en las características funcionales del activo digital: es identificable, transferible y controlable mediante claves privadas.
El Juez afirmó que, aunque no es dinero soberano, posee todas las características de la propiedad y puede ser poseída, disfrutada y mantenida en fideicomiso. Este reconocimiento judicial es el “Bloque Génesis” de la jurisprudencia cripto india.
Otorga a los tenedores de criptomonedas derechos de propiedad claros, permitiéndoles recurrir a los tribunales indios para buscar reparación legal si sus activos son robados, congelados o retenidos indebidamente.
En segundo lugar, el deber Fiduciario en los criptointercambios. Y esta es quizás la implicación más profunda, la imposición de un deber fiduciario sobre las empresas que operan plataformas en línea para permitir a los usuarios comprar, vender e intercambiar monedas digitales por dinero fiduciario o por otras criptomonedas.
Estas plataformas pueden ser centralizadas (CEX, «por sus siglas en inglés»), que actúan como intermediarios, o descentralizadas (DEX, «por sus siglas en inglés»), que operan directamente en la blockchain sin un intermediario central.
El Tribunal Superior de Madrás dictaminó que plataformas como WazirX no son meras facilitadoras de transacciones, sino que actúan como custodios que mantienen los activos de los usuarios en fideicomiso (in trust).
Esto obliga a los criptointercambios a tener que asumir una responsabilidad legal significativamente mayor por la seguridad y la custodia de los fondos de los clientes, pero también a cumplir con estándares corporativos.
Ahora estos criptointercambios en la India, deberán adherirse a los mismos estándares de gobierno corporativo y prudenciales que las instituciones bancarias, por lo que el tribunal exige, en esencia, que las empresas Web3 actúen con la seriedad de los operadores financieros tradicionales.
También, el juez los obliga a garantizar que los inversores puedan tener reclamaciones de propiedad ejecutables incluso en escenarios de hacking o insolvencia. Del mismo modo, el tribunal desestimó el argumento del criptointercambio sobre la competencia del arbitraje en Singapur.
Al determinar que las transacciones se realizaron en Chennai y que el inversor utilizó cuentas bancarias indias, el tribunal afirmó que tiene la jurisdicción para proteger los activos ubicados dentro del territorio económico de la India, lo que asegura que los inversores indios no queden sin recurso legal local.
El veredicto del Tribunal Superior de Madrás es visto como un poderoso “empujón” al poder legislativo, al establecer la claridad legal donde el Parlamento dudó, el tribunal ha obligado al gobierno a confrontar la realidad: los criptoactivos existen y son propiedad valiosa para millones de ciudadanos.
Aunque el gobierno continúa priorizando la e-Rupee —una divisa digital soberana diseñada para mitigar los riesgos de las criptomonedas privadas— el fallo del Tribunal Superior significa que la estrategia de esperar y prohibir o de gravar sin proteger ya no es viable, por lo que, la India se encuentra ahora en una encrucijada legal clara.
El mensaje del dictamen judicial es ineludible, simplemente es hora de que el país abandone la tributación pasiva y adopte una regulación inteligente y proactiva que equilibre la innovación del sector digital con la protección esencial de los derechos de propiedad de sus ciudadanos.
El futuro de la India en la economía digital dependerá de si el Parlamento está dispuesto a seguir la hoja de ruta establecida por sus propios tribunales.