En las calles de El Zonte, donde el sonido del Pacífico se mezcla con el pitido de los códigos QR al ser escaneados, la atmósfera es distinta a la de cualquier otra costa latinoamericana, porque aquí, el experimento que comenzó en 2021 como una apuesta arriesgada de política pública ha mutado en algo mucho más profundo, una estructura de Estado diseñada para atraer el capital más esquivo y móvil del siglo XXI.
Dos noticias recientes han terminado de armar el rompecabezas económico de la administración Bukele. Por un lado, la eliminación total de impuestos sobre las ganancias de capital en Bitcoin a partir de este enero de 2026; por otro, el lanzamiento del “Pasaporte Bitcoin Country”, una herramienta que busca fidelizar al “criptoturista” mientras el gobierno gestiona su ambicioso programa de ciudadanía por inversión.
La noticia que ha hecho vibrar los foros de traders en Estados Unidos, Canadá, Dubái y Singapur es la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda, al sitio digital de noticias El Salvador, que ese país se convierte, formalmente, en una zona de 0% en impuestos para las rentas derivadas de criptoactivos.
A diferencia de otras jurisdicciones que todavía debaten si Bitcoin es una propiedad, una mercancía o una moneda, El Salvador ha simplificado la ecuación, porque “a partir del 1 de enero de 2026, las ganancias de capital generadas por transacciones en Bitcoin y otras criptomonedas estarán exentas de impuestos” incluidos los salvadoreños, señala el citado sitio de noticias local.
De acuerdo con el medio, la medida fue confirmada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda salvadoreño, y su finalidad expresa es “atraer inversión extranjera, fomentar la innovación y posicionar al país como un hub global de tecnología financiera”, por lo que con sólo invertir más de 3 BTC (aproximadamente 250.000 dólares al tipo de cambio actual), quedan exentos del impuesto sobre la renta relacionado con esas ganancias.
Para un inversionista que mueve millones de dólares en volumen diario, la diferencia entre pagar un 20% de impuestos en Estados Unidos o un 0% en San Salvador no es solo una cuestión de ahorro, es una cuestión de supervivencia competitiva y ese es el gancho para las criptoempresas.
Esta política no solo beneficia a las grandes ballenas porque en el caso de las startups locales, significa la capacidad de reinvertir el 100% de sus excedentes sin la fricción de una carga tributaria que suele asfixiar a las empresas tecnológicas en sus primeros años.
Pero la estrategia del El Salvador no se detiene allí, porque mientras los contadores analizan las leyes fiscales, el Ministerio de Turismo ha lanzado el “Pasaporte Bitcoin Country”, que una vez otorgada a los visitantes, les permite acceder a descuentos exclusivos en hoteles, restaurantes y servicios de transporte, siempre y cuando el pago se realice en BTC.
Su función secundaria, es incentivar a los comercios y a la población a ir poco a poco adoptando los pagos con Bitcoin y otras criptomonedas, por lo que es más un sistema que premia a quienes, realizan una adopción voluntaria y al mismo tiempo también premia a aquellos criptoentusiastas que quieran viajar a ese país pagando sólo con Bitcoin.
No es una medida impositiva, sino un incentivo de mercado para todos, cuyo objetivo primario es que el Bitcoin no se quede estancado en las billeteras frías de los inversionistas, sino que fluya por las manos de los pequeños comerciantes en Suchitoto, Santa Tecla y La Libertad, ya que prácticamente este pasaporte funciona como una “llave” de acceso a una economía circular.
Ahora bien, para los que buscan algo más permanente en El Salvador, se mantiene todavía en vigencia la “Freedom Visa” (Visa de Libertad), lanzada en colaboración con Tether, esta iniciativa permite obtener la residencia y eventualmente la ciudadanía tras una donación de 1 millón de dólares en BTC o USDT.
Aunque el precio es elevado comparado con las “Golden Visas” de Europa y otros países del Caribe, el atractivo reside en la rapidez del trámite y la ausencia de preguntas burocráticas sobre la naturaleza de los activos digitales, siempre que pasen los filtros de (due diligence) contra el lavado de dinero.
La narrativa de algunos medios, que afirman que algunos “entusiastas” y “mochilero” son los que se mudaron al país centroamericano ha quedado más que obsoleta. Tan sólo basta observar a figuras como Max Keiser y Stacy Herbert, que se han convertido en asesores de facto del gobierno, en la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) y residen en ese lugar.
Mientras que la infraestructura tecnológica del criptointercambio Bitfinex así como Tether Limited, el emisor de la stablecoin más grande del mundo por Market Cap y adopción, el USDT, que también respalda la emisión de los esperados “Bonos Volcán”, operan desde El Salvador y mudaron sus oficinas centrales a ese país.
De hecho, la presencia de Paolo Ardoino, CEO de Tether y CTO de Bitfinex, en la esfera de influencia salvadoreña ha validado la tesis del país ante los ojos del capital institucional. Si la empresa detrás de la mayor stablecoin del mundo confía en la seguridad jurídica del país para sus operaciones de minería y desarrollo de infraestructura, otros le seguirán.
No obstante, no todo es color de rosa en el paraíso cripto, ya que el gran reto de El Salvador en este 2026 sigue siendo la adopción de base de su población, porque mientras que los ejecutivos disfrutan de cenas pagadas con Lightning Network en la capital, una parte de la población en las zonas rurales todavía mira con desconfianza la volatilidad de la moneda.
Para esa población que todavía desconfía de Bitcoin, la figura del “Pasaporte Bitcoin Country”, se ha convertido en un incentivo de oportunidad para sus emprendimientos, al adoptar el uso de criptomonedas, sin necesidad de ser obligados por una Ley. Pero, no cabe duda que se necesita todavía más formación financiera para lograr que toda la población acepte las criptomonedas.
Además, la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa, por lo que El Salvador está demostrado que sus compras de Bitcoin para la reserva nacional, sí pueden financiarse mediante la “emisión de ciudadanía” y el crecimiento tecnológico, en lugar de depender exclusivamente de la deuda externa tradicional.
Lo que sucede en El Salvador es un experimento de soberanía financiera, que al eliminar los impuestos y crear productos turísticos y de identidad ligados a la tecnología blockchain permitirá a ese país atraer mayor cantidad de inversión a su territorio.
No cabe duda, que El Salvador, está intentando “saltarse” pasos en el desarrollo económico tradicionales, utilizando a Bitcoin y a la tecnología Blockchain. En todo caso, si la estrategia funciona, El Salvador podría convertirse en el Singapur de América Latina: un pequeño territorio con recursos limitados que se volvió indispensable gracias a una regulación justa, mucha inversión en tecnología y una apertura total al capital global.
Por ahora, muchos traders ya están pensando en hacer sus maletas para irse cómo nómadas a El Salvador, y el pasaporte “Bitcoin Country” parece ser el accesorio de moda para quienes creen que el futuro del dinero no tiene fronteras ni impuestos.