Lo que comenzó en 2021 como una apuesta que muchos calificaron de “suicidio financiero”, ha mutado en 2026 en una de las estrategias de reserva soberana más inusuales y, paradójicamente, más exitosas de la historia moderna.
Al cierre del 21 de enero, el Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, no solo ha mantenido su pulso con los organismos multilaterales, sino que ha cruzado el umbral simbólico de los 7.539 bitcoins en sus reservas estatales. Concretamente, al momento de redactar esta nota, el gobierno de El Salvador posee en sus reservas 7.540,37 BTC.
Este hito, que representa un valor de mercado superior a los 678 millones de dólares, no es fruto de la casualidad, sino de una política de acumulación de Bitcoin (BTC) al mejor estilo de una “hormiga”, resistiendo inviernos cripto y presiones diplomáticas.
Sin embargo, detrás de la cifra récord se esconde una compleja partida de ajedrez donde el pragmatismo político ha tenido que sacrificar la narrativa de la “adopción masiva” para salvar la macroeconomía nacional en esa nación centroamericana.
Durante 2025, el ruido de sables entre San Salvador y los organismos multilaterales en Washington fue constante. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue tajante al advertir que para acceder a un paquete de asistencia de 1.400 millones de dólares, El Salvador debía retroceder en su experimento. Y así lo hizo, al menos en el papel.
La Asamblea Legislativa modificó la Ley Bitcoin, eliminando su estatus de moneda de curso legal y suprimiendo la obligatoriedad de aceptación para los comercios, haciendo que en la práctica, el país volviera a ser oficialmente una economía dolarizada.
Pero este “paso atrás” fue un movimiento calculado, porque al retirar el Bitcoin del día a día del ciudadano —donde nunca terminó de calar, con un rechazo superior al 90% en las encuestas—, Bukele liberó al activo de su función transaccional para consolidarlo en su verdadera fortaleza, que no es otra que como “reserva de valor estratégica”.
Uno de los puntos más reveladores es el avance en las negociaciones para la venta o desmantelamiento de la infraestructura de Chivo Wallet, la billetera estatal, que nació como el gran vehículo de inclusión financiera y se convirtió con el tiempo en un lastre burocrático y técnico.
Fuentes cercanas al proceso indican que la infraestructura no pudo soportar las exigencias de transparencia y eficiencia que demandaba un sistema financiero moderno, por lo que al deshacerse de la Chivo Wallet, el Estado salvadoreño se aleja de la gestión minorista —donde fracasó estrepitosamente— para enfocarse en la custodia institucional.
Algunos analistas consideran que esto es, en esencia, admitir que el gobierno no debe ser un banco, sino un administrador de activos que custodia y gestiona la reserva de Bitcoin (BTC) del estado salvadoreño.
En esta actividad, es donde el ingenio salvadoreño brilla o se oscurece, según quién lo mire, ya que en su momento, el FMI condicionó el préstamo a la prohibición de usar fondos públicos para comprar criptomonedas. No obstante, en los últimos 30 días, el país sumó 31 nuevos BTC a su alcancía mediante una diversificación de las fuentes de ingreso.
Por un lado, El Salvador recibe ingresos a través de la Minería Volcánica, que se lleva a cabo con la planta geotérmica en el volcán Tecapa, que sigue produciendo satoshis de forma constante utilizando energía excedente.
También el gobierno de Bukele genera ingresos mediante la venta de las Visas de Libertad, el cual es un programa de ciudadanía por inversión (1 millón de dólares en BTC/USD₮), que ha atraído a capitales extranjeros que buscan un refugio regulatorio.
Y por supuesto, el Hub de Tether, el emisor detrás de la stablecoin más importante del mundo, el USD₮, ha consolidado a El Salvador como sede de empresas cripto lo que ha generado un ecosistema de tasas y servicios que permiten al gobierno acumular BTC sin tocar el Tesoro Nacional.
Mientras el Bitcoin cerraba 2025 con una caída del 6% respecto a su máximo histórico de 126.251 dólares, el portafolio salvadoreño mantenía un incremento de valor del 17% anual. Esta resiliencia ha empezado a cambiar la conversación en otros despachos presidenciales.
La decisión inalterable de Bukele de crear una reserva de BTC para su país, ya no se ve como un capricho, sino como un seguro contra la inflación del dólar. Con Estados Unidos manteniendo sus propias reservas incautadas y países de los BRICS explorando activos digitales para el comercio internacional, El Salvador se ha ganado, por las malas, el título de “pionero”.
Muy probablemente, al final de esta década, el experimento salvadoreño dejará una lección clara para los países de América Latina, que consiste en que la cripto-revolución no vendrá de obligar a un campesino a pagar su café con un código QR volátil, sino de la capacidad de los estados para acumular activos duros fuera del sistema fiduciario tradicional.
Bukele ha demostrado ser un pragmático consumado, pero cedió ante el FMI para estabilizar la deuda, vendió la infraestructura que no funcionaba, pero nunca dejó de comprar, por lo que hoy por hoy, con 7.540,37 BTC en su reserva, El Salvador es más independiente guste o no, que el resto de países que todavía apuestan por tener reservas en moneda fiduciaria susceptible a depreciación.