Durante más de una década, la postura de Bolivia sobre las criptomonedas fue tan inamovible como las cumbres de los Andes. Un telón de acero digital se erigió en 2014, cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió una resolución que prohibía de manera explícita el uso y comercialización de criptoactivos, citando preocupaciones sobre la volatilidad, la falta de respaldo y el riesgo de estafas.
Hoy día, ese muro se ha desmoronado, no por la fuerza de los ciberactivistas, sino por el pragmatismo de la economía real y los problemas en las finanzas públicas. Y es que Bolivia desde 2024, levantó el veto a las criptomonedas para resolver la carencia de dólares en su economía.
Pero ahora, en un movimiento que ha sorprendido a la región y al mundo cripto, Bolivia ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con El Salvador, el país pionero en la adopción de Bitcoin, para aprovechar su experiencia y comenzar a regular su propio ecosistema de activos digitales.
Este acuerdo no es solo un titular; es el punto de inflexión en la historia financiera de un país. Mientras que la prohibición de 2014 fue reiterada y reforzada en los años siguientes, la realidad en las calles bolivianas pintaba un cuadro muy diferente.
A pesar de la normativa, el interés y el uso de las criptomonedas florecieron en la clandestinidad. Cientos de miles de bolivianos, especialmente los más jóvenes y aquellos dedicados al comercio internacional, encontraron en los activos digitales una vía para sortear las barreras del sistema bancario tradicional.
El volumen de transacciones se disparó, pasando de 46.5 millones de dólares anuales a una cifra asombrosa de 294 millones de dólares en el último año, según estimaciones del sector. La prohibición, en lugar de frenar la tecnología, simplemente la empujó a la sombra, creando un mercado sin regulación y sin protección para los usuarios.
El giro de 180 grados se explica por una necesidad económica imperiosa: la escasez de dólares. La economía boliviana, dependiente de las reservas de divisas extranjeras, ha estado bajo una presión considerable.
La falta de acceso a dólares ha dificultado las importaciones, los pagos al exterior y la estabilidad económica en general. El gobierno del presidente Luis Arce, reconociendo la gravedad de la situación, ha visto en las criptomonedas una herramienta potencial para mitigar esta crisis.
Específicamente, las stablecoins, activos digitales vinculados al dólar, se han convertido en una solución de facto para empresas que buscan una alternativa para sus transacciones transfronterizas sin depender del menguante suministro de divisas en el país.
El acuerdo de cooperación, un memorando de entendimiento firmado entre el Banco Central de Bolivia y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, es un documento pragmático que pone de manifiesto la seriedad con la que Bolivia aborda este cambio.
El objetivo es claro: capitalizar la experiencia salvadoreña. El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se convirtió en el primer país del mundo en hacer del Bitcoin su moneda de curso legal.
Aunque la iniciativa ha enfrentado sus propios desafíos y críticas, ha creado un marco regulatorio y una infraestructura que ahora se consideran un activo valioso para naciones emergentes que buscan subirse al tren de la innovación financiera.
Este acuerdo implica para Bolivia, varios puntos clave que están delineados en el memorando, como el intercambio de conocimiento y experiencia, ya que está previsto que en el marco de dicho acuerdo, El Salvador compartirá su know-how técnico y las lecciones aprendidas en la creación de un marco regulatorio para los activos digitales.
También Bolivia, desarrollará sus capacidades, en vista que está establecido que El Salvador facilitará la capacitación del personal boliviano en temas regulatorios, de supervisión y de gestión de riesgos relacionados con la tecnología blockchain.
El papel de la Comisión Nacional de Activos Digitales ha sido central en este proceso. La CNAD acompaña el desarrollo y promueve espacios de diálogo del sector público, inversionistas y expertos internacionales.
— Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) (@cnadsv) May 6, 2025
Vale resaltar que El Salvador, ocupa el primer lugar a nivel mundial “en leyes regulatorias de criptomonedas”, en el Ranking del Informe de riesgo de criptoactivos 2025, realizado por el agregador de criptointercambios irlandés, Coincub, lo que ha sido destacado por la CNAD de El Salvador.
De igual modo, Bolivia accederá a las herramientas de inteligencia y seguridad que emplea El Salvador. Esta colaboración incluye el intercambio de plataformas de inteligencia blockchain y métodos de análisis forense para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, Bolivia de este marco cooperativo obtendrá la capacidad de fomentar la Inversión en su país, en vista que, al crear un entorno regulado y seguro, atraerá inversiones nacionales y extranjeras en el sector fintech y de activos digitales, pero también a criptoempresas consolidadas en este sector.
El Salvador, con su CNAD ya en pleno funcionamiento, servirá como una especie de “faro de esperanza” y guía técnica para Bolivia. El BCB ha reconocido que no se trata de replicar el modelo salvadoreño de adopción de Bitcoin, sino de adaptar sus lecciones para crear un ecosistema propio que se alinee con las necesidades y la estabilidad económica de Bolivia.
Se espera que el enfoque inicial esté en la regulación de plataformas de intercambio y el uso de stablecoins, más que en la adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal. No obstante, el camino por delante no será fácil.
Bolivia deberá enfrentar desafíos como la educación de la población sobre los riesgos y beneficios de los activos digitales, desmontando viejos mitos que fueron exacerbados por el aparato comunicacional del gobierno, el cual hizo creer a los bolivianos que las criptomonedas no deberían ser usadas porque no contaban con ningún respaldo y servían a los intereses de estafadores y delincuentes.
Como una manera de comenzar a reparar la relación de los bolivianos con las criptomonedas, además de la educación, también pasa por la creación de un marco legal robusto que proteja a los consumidores, y la integración de esta tecnología en un sistema financiero que aún depende en gran medida de procesos tradicionales.
Sin embargo, este acuerdo con El Salvador marca un punto de no retorno. Demuestra que, en la era de la globalización digital, las prohibiciones ideológicas ceden ante la presión de la realidad económica.
La decisión de Bolivia podría tener un efecto dominó en la región. Muchos países de América Latina enfrentan problemas similares de escasez de dólares y buscan modernizar sus sistemas financieros.
La alianza Bolivia-El Salvador es una señal de que las naciones de la región están empezando a ver en la tecnología blockchain y los activos digitales no solo un riesgo, sino una oportunidad estratégica para construir economías más resilientes y conectadas, más allá de las ideologías predominantes en los gobiernos de los países.
En definitiva, la historia de Bolivia con las criptomonedas ha evolucionado de un simple “no” a un “sí, pero con regulación”. Y en esa transición, ha encontrado en su vecino centroamericano un socio inesperado para escribir el próximo capítulo de su futuro financiero.