El mercado de activos digitales en India ha vuelto a entrar en una fase de máxima fricción institucional, porque a pesar de contar con una de las bases de usuarios más grandes del mundo, el ecosistema cripto local se enfrenta a una ofensiva coordinada entre el Banco de la Reserva de India (RBI, «por sus siglas en inglés») y las autoridades tributarias de ese país.
Documentos gubernamentales internos, revelados recientemente por Reuters, confirman que las principales agencias del país han abandonado la idea de una apertura moderada para alinearse firmemente en torno a una política de asfixia regulatoria que se inclina hacia la prohibición.
Esta postura defensiva frena la tímida tendencia hacia la claridad regulatoria que el Ministerio de Finanzas había esbozado a finales del año pasado, cuando en un contexto global donde potencias financieras avanzan hacia marcos operativos estables y normativas de integración, las autoridades indias perciben la descentralización financiera no como una oportunidad de modernización, sino como una amenaza directa a su estabilidad macroeconómica y a su soberanía fiscal.
El Banco de la Reserva de India ha mantenido una desconfianza histórica hacia los criptoactivos, pero sus últimas directrices internas endurecen el tono de manera drástica, porque la estrategia central del banco dirigido por Shaktikanta Das, consiste en levantar un cortafuegos infranqueable entre la banca regulada y el ecosistema cripto.
Por si fuera poco, el RBI propone prohibir formalmente a todas las instituciones financieras poseer, negociar o mantener cualquier tipo de exposición a criptoactivos y stablecoins privadas, en una tendencia contraria a la apertura regulatoria que se está viendo en gran parte del mundo.
Los dos argumentos principales esgrimidos por las autoridades, son una vez más “el riesgo de contagio”, ya que para el regulador, permitir que los balances bancarios se vinculen a un mercado caracterizado por su volatilidad extrema expone al sistema financiero tradicional a tensiones innecesarias y por supuesto “la evasión fiscal” que actúa en detrimento de la soberanía monetaria, la estabilidad financiera del país.
Para las autoridades indias, el foco más crítico de su reciente advertencia apunta directamente contra las stablecoins, porque según el análisis del RBI, los tokens vinculados a divisas extranjeras, como el dólar, socavan la soberanía monetaria interna al introducir una dolarización informal en la economía diaria.
Por otro lado, las iniciativas privadas de stablecoins respaldadas por la propia rupia son vistas con igual recelo, por lo que el banco central advierte que estos instrumentos privados merman el seigniorage —los ingresos netos que percibe el Estado por la emisión de moneda fiduciaria—.
Para los que no lo sabe, el “señoreaje” es la ganancia que obtiene un gobierno o banco central al crear dinero, que se estima como la diferencia entre el costo de imprimir un billete (o acuñar una moneda) y el valor que representa en el mercado.
Además, al permitir que los usuarios mantengan su liquidez en un entorno digital sin necesidad de liquidar sus posiciones a dinero común, se reduce drásticamente la visibilidad del capital para el control del Estado.
Los analistas que conocen la realidad política de la India, apuntan directamente que el problema es estrictamente recaudatorio, ya que el departamento de impuestos de India ha encendido las alarmas tras auditar el cumplimiento del gravamen del 30% que pesa sobre las ganancias de capital con criptomonedas.
Los hallazgos confirman una subdeclaración masiva, para el año fiscal que concluyó en marzo de 2023, en dónde menos de una cuarta parte de las 645.000 personas que realizaron operaciones con activos digitales declararon voluntariamente sus ganancias ante el fisco.
El problema fundamental para la administración tributaria reside en la pérdida de trazabilidad de los activos digitales porque independientemente de que grandes plataformas globales como Binance y Coinbase han cumplido con los requisitos de registro ante las agencias gubernamentales para operar localmente, una parte sustancial del flujo financiero se canaliza a través de exchanges offshore (extranjeros) y billeteras privadas sin custodia.
En estas redes externas sin control por parte del gobierno indio, identificar al beneficiario final de las transacciones se vuelve una tarea casi imposible, llevando a que el fenómeno se agrave en el floreciente mercado entre pares (P2P).
Obviamente, las transacciones directas entre usuarios denominadas en rupias dejan un rastro bancario ordinario que simula transferencias personales comunes, camuflando los ingresos reales gravables y ensanchando la brecha fiscal de la nación.
De manera que, la resistencia de las autoridades indias no responde únicamente a un celo normativo; está profundamente anclada en las debilidades estructurales de su economía y el celo de sus ingresos fiscales.
India es un país altamente dependiente de las importaciones de energía y arrastra déficits persistentes en su cuenta corriente, por lo que en momentos de alta volatilidad geopolítica, el encarecimiento del petróleo presiona las reservas de divisas y somete a la rupia a una depreciación constante frente al dólar.
Para los planificadores macroeconómicos, una adopción masiva y desregulada de criptomonedas actuaría como una válvula de escape de capitales que facilitaría la salida rápida de valor al margen de los canales de control del mercado de divisas tradicional.
En consecuencia, los criptoactivos debilitarían las herramientas de defensa cambiaria del RBI, haciendo que la estabilidad de la balanza de pagos se priorice sistemáticamente por encima de la innovación tecnológica en el sector de las finanzas digitales.
La paradoja del caso indio radica en el tamaño de su mercado, ya que más allá de operar en un limbo legal desde que la Corte Suprema anuló la prohibición del RBI en 2020, la adopción no ha dejado de crecer, ya que se estima que en el país existen cerca de 39 millones de inversores que custodian colectivamente unos 2.100 millones de dólares en activos digitales.
Este contingente de usuarios y capital continúa operando bajo un riesgo regulatorio permanente, a pesar que el proyecto de ley de 2021 que buscaba prohibir por completo las criptomonedas privadas nunca llegó a debatirse en el Parlamento, y los documentos de discusión se posponen de manera sistemática.
Mientras jurisdicciones vecinas como Singapur y Japón consolidan esquemas de supervisión avanzados, y Occidente asimila la tokenización institucional, las autoridades indias insisten en ver el ecosistema a través de una óptica estrictamente defensiva, manteniendo a uno de los mercados más dinámicos y posiblemente más grandes del planeta en un tenso e indefinido compás de espera.